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Nuestra América

DERECHOS HUMANOS EN EL URUGUAY: LA MENTIRA TRATADA COMO VERDAD Y LA VERDAD PROSCRIPTA. II - Aldo Scarpa

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Este material fue realizado en setiembre de 2008, corregido y ampliado en junio de 2010. Por los hechos de los siguientes años y los que en estos momentos nos desvelan, (Fernandez Huidobro incluído), lo publicamos. Por su extensión lo haremos en tres partes.

Quehacer.com.uy - 29/05/2015

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DERECHOS HUMANOS EN EL URUGUAY: LA MENTIRA TRATADA COMO VERDAD Y LA VERDAD PROSCRIPTA. II

Aldo Scarpa

EL PROCESO REAL Y DE CÓMO SE FALSIFICÓ LA HISTORIA.

Puede formularse la siguiente pregunta: ¿por qué en Uruguay la política de impunidad y olvido se impuso de forma tan inflexible? ¿Por qué se votó una ley de impunidad? Una respuesta superficial pero que aparece como evidente a primera vista: por la fortaleza de la derecha uruguaya y la debilidad de la izquierda y el movimiento popular, tales las condiciones que explicarían esta “derrota”. Sin embargo, propongo una aproximación que intenta ser más comprensiva a partir del análisis de las relaciones de fuerzas sociales, políticas, ideológicas en el Uruguay de aquellos años.

La dictadura uruguaya no fue la obra de un grupo de militares ni de las Fuerzas Armadas como institución. Las fuerzas Armadas fueron el instrumento, en condiciones peculiares jugaron el papel de partido político, de otros intereses. Ningún estudio serio resiste a esta altura el reconocimiento de que el golpe de estado expresa la estrategia del imperialismo norteamericano y la clase dirigente criolla. Además, es imprescindible tener presente los objetivos de la dictadura: implantar un nuevo modelo de desarrollo dependiente; derrotar los proyectos antiimperialistas y de izquierda y dividir a las fuerzas sociales y políticas del cambio (según la expresión de alguno de sus jerarcas, “que por más de cincuenta años no haya Partido Comunista en Uruguay”); provocar el retroceso cultural e ideológico de vastos sectores del pueblo. No es aconsejable emprender un estudio sobre la génesis de la dictadura, su desarrollo y caída y el proceso post-dictatorial soslayando estos dos elementos: los intereses y objetivos que promovieron el golpe.

Y, partiendo de estos elementos, es posible comprobar que la dictadura tuvo consecuencias profundamente negativas, dejó “espinas” difícil de extirpar del cuerpo y la conciencia de la sociedad. Entre ellas podemos citar grosso modo: sentó las bases para la aplicación del modelo neoliberal; asestó durísimos golpes a las fuerzas del cambio; provocó una destrucción cultural y un trauma en la conciencia nacional difícil de evaluar. Mas, si no se integran otros elementos resultaría un punto de vista unilateral y erróneo. Junto con estos procesos negativos la experiencia fascista en el país dejó otras enseñanzas y resultados que sería una ceguera política despreciar y no valorar en su real significado. Por lo menos destaco tres consecuencias políticas fundamentales: uno, la dictadura nunca logró consolidar una base social y mucho menos un apoyo activo en grupos subalternos; dos, la izquierda y el movimiento popular mantuvieron su unidad y, por el papel jugado en la resistencia, emergieron fortalecidos de la clandestinidad; tres, el Frente Amplio, inclusive los partidos de ideología marxista y marxista-leninista, acrecentó su influencia política, cultural e ideológica en vastas masas del pueblo. Estas realidades políticas son insoslayables, tienen una importancia de primer orden. No es común que los pueblos superen experiencias de este tipo logrando mantener en lo sustancial tales conquistas en lo ideológico, político y organizativo; consolidando los niveles de acumulación de fuerzas alcanzados previamente y creando el terreno para avanzar a partir de este nivel de desarrollo de las condiciones subjetivas (desgraciadamente bastaría con echar una mirada a la situación de las fuerzas del cambio en el continente a la salida de las dictaduras para comprobar la validez de esta afirmación).

 

Por lo tanto, sostengo una opinión diferente, o mejor dicho contraria: ¿es correcta la apreciación que la imposición de la ley de impunidad expresa la fortaleza de la derecha y la debilidad de la izquierda y el movimiento popular? No; por el contrario, expresa una correlación de fuerzas política e ideológica en la que la derecha se sentía débil y amenazada por la capacidad de desarrollo de las organizaciones sociales del pueblo y del Frente Amplio1. Considero que este punto de partida, esta evaluación del momento político, tiene una particular trascendencia político-práctica. El punto de vista que se adopte determinará, no sólo la valoración del hecho político, sino fundamentalmente la conducta política a seguir, la estrategia a elaborar y si se promueve el escepticismo a nivel popular o confianza en las propias fuerzas y perspectivas de avance más allá de las dificultades. La cuestión es si estimamos los procesos sociales de manera subjetivista o con criterio histórico, desde nuestros tiempos personales o desde un pueblo que construye “sin apuros” su historia (“nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia”, decía, una vez más, Alfredo y es que el arte tan diferente de la ciencia nos aproxima al conocimiento por otros caminos). En definitiva, se trata de establecer si nos consideramos el ombligo del proceso o aceptamos que somos protagonistas concientes de un complejo movimiento de lucha entre fuerzas sociales.

En este sentido, los conflictos en torno a los derechos humanos integran, en momentos como factores centrales en otros como aspectos secundarios, un complejo político global y dinámico. Es necesario tener presente la globalidad y permanente movimiento; el proceso en su conjunto, en su devenir y las contradictorias tendencias de desarrollo ulterior latentes en su interior. Sólo sobre esta base se puede apreciar correctamente los avances y retrocesos, acertar en la valoración de los hechos y momentos políticos, comprender el itinerario recorrido por la cuestión de los derechos humanos.

Sin duda, la derecha asestó un durísimo golpe al pueblo y a la izquierda con la impunidad y remontarlo implicó enormes sacrificios y mucha inteligencia y madurez política. Pero, ¿qué otra cosa es la lucha de clases? Por otro lado, ¿acaso este reconocimiento habilita la conclusión simplona de que la impunidad fue una victoria de la derecha producto de la debilidad de la izquierda? No; como veremos la impunidad fue, en el mejor de los casos, una “victoria a lo Pirro” de la derecha. Se preguntará entonces, ¿por qué los partidos tradicionales impulsaron tal política de derechos humanos?

Recordemos que, a pesar del objetivo de las fuerzas golpistas de derrotar y dividir a las fuerzas populares y a la izquierda, en la renaciente democracia uruguaya aparecía una izquierda unida y con enormes potencialidades de crecimiento. En este contexto político se planteaban, en líneas generales, dos estrategias posibles: consolidar y profundizar la democracia para que por esta vía avance la construcción de una hegemonía popular o limitar y recortar la democracia reconquistada para evitar esta transformación negativa para la clase dirigente en la correlación de fuerzas política, social y cultural. La lucha por la verdad y la justicia en un escenario político caracterizado por la presencia de una izquierda y una red de organizaciones populares unidas y con creciente influencia política adquirió una enorme potencialidad democratizadora, una peculiar capacidad para provocar en el pueblo una síntesis antiimperialista, democrática y popular sobre el significado de la dictadura. La “verdad y la justicia” se transformaron en una verdadera amenaza para el proyecto de los grupos que se habían beneficiado con la dictadura, para el nuevo “consenso democrático” que se proponían construir. Es decir, a mediados de los años 80 el problema de los derechos humanos era un asunto central en la vida política nacional. En otras palabras, lo que Lenin denominaba el eslabón clave, central de la cadena, al cual si identificamos acertadamente y sobre su “correcta” resolución tensamos nuestras fuerzas logramos hacer avanzar el conjunto del proceso político en el sentido de nuestros intereses. Ciertamente, la clase dominante advirtió el papel político que pasaba a desempeñar este asunto y decidió asirse fuertemente a él…, pero la izquierda y el movimiento popular también lo advirtieron.

O sea, la presencia del Frente Amplio, del PIT-CNT y la vasta red de organizaciones sociales que giraban en torno a estas dos fuerzas no dejaban margen de maniobra a la derecha en el tema derechos humanos. El problema se planteaba de la siguiente manera: “verdad y justicia”, lo que actuaría como un catalizador de la acumulación política de las fuerzas populares2; o la impunidad para frustrar o retrasar (según fuera la respuesta del campo popular) este proceso de acumulación. La clase dominante y la derecha política no tenían alternativa, no había espacio para la flexibilidad, no había posibilidad de maniobrar. Sus contendientes eran muy poderosos, los campos en el Uruguay estaban divididos y determinados de manera precisa. Había que jugar la carta de la impunidad y tras esta estrategia era imprescindible alinear al grueso de sus fuerzas políticas y a sus principales jefes aunque eso supusiera, como ocurrió, “sacrificar” a sus dirigentes y grupos más “renovados”, a los que sostenían un discurso más democrático para presentarse ante la ciudadanía como alternativa a la izquierda. Evidentemente, esto no es una expresión de fortaleza y libertad, sino de necesidad.

¿El 16 de Abril de 1989 la mayoría de la ciudadanía votó por la impunidad? No; la ciudadanía votó por la democracia. Con razón se me podrá replicar que si la institucionalidad democrática no estaba en riesgo, según mi propia opinión, porque la ciudadanía votaría en defensa de la democracia. ¿De qué era necesario defenderla? Reconozco que es justa la observación. Sin embargo, a nivel de la ciudadanía se difundió la idea y se creó la sensación de riesgo de ruptura institucional, de una democracia amenazada. ¿Quiénes realizaron esta campaña política? ¿Acaso los militares? Por supuesto que no. ¿Cuál era el objetivo de esta campaña? La Impunidad. A amplios sectores de la ciudadanía se logro convencerlos de que la justicia pondría en peligro la democracia, podría abrir el camino de retorno al pasado, por confianza en sus representantes. Fueron las mayorías de los partidos tradicionales y sus principales figuras quienes se encargaron de crear este clima político en la ciudadanía, en particular en sus votantes. Los partidos blanco y colorado estaban llamados a ser el instrumento político de esta estrategia, las Fuerzas Armadas no eran un interlocutor válido para la mayoría de la ciudadanía que indiscutiblemente sostenía posiciones democráticas3. La aplicación de la impunidad exigía la persuasión de la mayoría de la población.

Una vez más le toco al Partido Colorado y a Julio María Sanguinetti ponerse al frente de esta operación política y al Partido Nacional subordinarse a la misma. El reclamo de verdad y de justicia había sido una bandera levantada por la absoluta mayoría de los sectores políticos del país. Era imprescindible encontrar una razón de peso para justificar ante la ciudadanía el abandono de las banderas que se habían alzado cuando era necesario conquistar su voluntad. Y si razones no existían se crearían. A esta tarea se abocó con paciencia y firmeza el presidente Sanguinetti. ¿Qué mejor razón después de once años de dictadura que el peligro de su retorno? Sólo se trataba de usar a las Fuerzas Armadas para montar el simulacro. Y así fue, el presidente puso en marcha el plan. Si mal no recuerdo el Cnel. (r) Oscar Pereyra ha afirmado que Sanguinetti utilizó en esta ocasión, una vez más, a las Fuerzas Armadas, las subordinó a sus planes. Obsérvese que según esta opinión, absolutamente verosímil, no sólo la democracia no estaba tutelada por las Fuerzas Armadas sino que, por el contrario, éstas quedaron “tuteladas” por la operación política de los partidos tradicionales en tanto representantes de la voluntad de la clase dirigente. La opinión del Cnel. Pereyra desmonta toda la mentira. Pero no se trata sólo de la posición de Pereyra sino de cantidad de documentos, declaraciones, denuncias, análisis de grupos y actores políticos de primer orden. No obstante, analistas, periodistas, dirigentes políticos continúan machacando con esta falsedad.

Sin embargo, el presidente Sanguinetti tenía que resolver otro problema en la implementación de su plan para lo cual se urdió otra mentira más siniestra y canallesca aún. Era necesario conseguir los votos para establecer la impunidad. Naturalmente, no era en la izquierda donde el presidente podía conseguirlos. Se trataba de conquistar al Partido Nacional, o en su defecto a la mayoría del mismo, para su estrategia. Este objetivo exigía atraer a los sectores mayoritarios del nacionalismo y, por consiguiente, a su jefe: Wilson Ferreira Aldunate. Y aquí se planteaba un problema nada sencillo de resolver. En su carrera por la presidencia del país, desde su regreso del exilio, Ferreira había cometido una serie de errores y para enfrentarlos fue enredándose en una secuencia de movimientos políticos derivando a una posición incómoda, ajena a su concepción política, ideológica y, por sobre todo, a su voluntad política condicionada por los intereses a los que representaba, por su carácter de clase.

Tras su retorno al país y detención4 la dictadura prohibió, como a muchos de los principales dirigentes del FA, su candidatura en las elecciones de noviembre de 1984. Entonces Ferreira, cuyo partido no había adoptado la misma posición cuando las restringidas negociaciones del Parque Hotel (en 1983, en las que participaban representantes de los PPTT, de la Unión cívica y de la dictadura, mientras se marginaba al Frente Amplio), se automarginó de las negociaciones del Club Naval. Errores sobre errores, y en este caso con un preocupante componente ético que contrastaba con la generosidad y la responsabilidad de los dirigentes de la izquierda muchos de los cuales habían pasado años de cárcel y tortura (en primer lugar destaca la figura del Gral. Seregni): subordinar el destino del pueblo a su suerte personal desde el punto de vista político-electoral. Por este camino Ferreira radicalizó su discurso, pero no más que esto. La cuestión ahora era como iniciar el retorno, como cumplir con las exigencias de su verdadera base social y atender las señales del presidente sin estrellarse con el reclamo de coherencia y actitud consecuente de su electorado. Para eso fue necesario proceder a una increíble falsificación de la historia. Si Ferreira daba sus votos a la iniciativa del presidente, éste debía “tirarle” un salvavidas para intentar evitar su defunción política. Se trataba de echar el costo político de la impunidad sobre el FA. Así se inventó la falacia sobre las negociaciones del Club Naval como el origen de la impunidad. Ferreira otorgaba los votos para consagrar lo que había negado insistentemente y Sanguinetti le concedía la mentira sobre el Club Naval. Es difícil imaginar tanta hipocresía y canallada. Sin embargo, y lo que confirma la confianza en el pueblo, fue inevitable que los costos políticos cayeran en los responsables de la felonía. Por eso he dicho que ante la trascendencia política que adquirió la cuestión de los derechos humanos la clase dominante no vaciló en sacrificar a quien fuera necesario, aunque el precio pagado pudiera complicar aún más el consenso sobre el que descansaba su dirección política. No había alternativa.

Este análisis no es original. Por aquellos años lo realizaron partidos de izquierda y sus principales dirigentes. Sin embargo, es inevitable recordar y hacer referencia a quien en esta etapa de la lucha por los derechos humanos se convirtió, desde el parlamento (como antes, durante la dictadura, desde CX 30), en la voz de la verdad y la justicia, lo que le costó la decapitación; por supuesto, hablamos del compañero José Germán Araújo5. Cuando se repasa su libro-entrevista, “IMPUNIDAD. Y SE TODOS LOS CUENTOS”, no se puede evitar la sorpresa al escuchar a analistas, periodistas y políticos repitiendo como verdades las mentiras y canalladas montadas sobre este asunto. A casi veinte años de escritas estas páginas! ¿Es sólo ingenuidad o conducta intencional?

Permítaseme detenerme un instante en este trabajo de Araújo (que no debería faltar en ningún estudio serio sobre la historia del Uruguay de las últimas décadas). En torno a la mentira sobre la crisis institucional puede encontrarse en el libro un análisis coherente e inteligente sostenido por documentos irrefutables. Pero por un natural problema de espacio reproduciré sólo dos de estas fuentes. La primera es un extracto del discurso pronunciado el 18 de mayo de 1986 por el teniente general Medina, ni más ni menos. Puede leerse:

Mucho se ha hablado, ríos de tinta han corrido y resmas de papel se han gastado en la consideración y en el enjuiciamiento de actos presuntamente cometidos por militares. Permítaseme una reflexión al respecto. La Ley Nº 15.737, del 8 de marzo de 19856, establece una división clara y tajante entre quienes pueden ser merecedores de amnistía y quienes no, excluyendo de la misma a texto expreso a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Las leyes no se discuten, las leyes se acatan y es lo que hemos hecho”, y tras dar su opinión de que no se había sido ecuánime con la institución a la que representaba continúa, “Esperamos confiados el fallo de la Justicia conscientes de la fuerza de nuestra razón”7. Más claro imposible. En palabras de una connotada figura de la dictadura; las FF.AA. no se planteaban desacato alguno (además no había condiciones reiteramos), reconoce que la ley del 85 no abarcaba a los crímenes de la dictadura y de hecho se niega la existencia de “pacto” alguno que garantizara la impunidad para los dictadores. la crisis institucional fue una fantasía creada por civiles.

Y citando al Doctor José María Anzó, ni más ni menos que Subsecretario de Defensa Nacional, en declaraciones del 31 de diciembre de 1986:

Si hubo algún militar inquieto, la inquietud es de algún militar y no de las FF.AA. Todo el mundo individualmente tiene derecho a estar inquieto por algo, pero las FF.AA. como cuerpo no dieron, como tales, ninguna manifestación de inquietud. Y ahora seguiremos en el mismo estado de espíritu. Las FF.AA. están sometidas al poder civil y no hay por qué revolver sobre supuestas intranquilidades que presuponían sobre posibilidades de desacato”8. Como se ve, la hipocresía no tiene límites. Obsérvese la fecha, a sólo 9 días de haber aprobado la impunidad, el trabajo sucio estaba hecho y con total desparpajo no cuidan ni las formas para ocultar la calumnia y el engaño al pueblo. Así despreciaron y subestimaron a la ciudadanía durante décadas.

En cuanto a la canallesca mentira sobre el Club Naval el libro es demoledor. En primer lugar, me detendré en las razones que esgrime Araújo sobre el por qué de esta falsificación de la historia (razones con las que coincidimos como militantes en aquellos años y las reiteramos en este trabajo). Dice Araújo:

Como se recordará, el Partido Nacional no sólo intentó justificar su proceder aduciendo que todo se debía al “pacto del Club Naval”, sino que además, obligó al Partido Colorado a reconocer lo que siempre había negado. Una falacia que para vergüenza de sus autores y para desgracia de nuestro pueblo, quedó estampada en el texto de la propia ley”9. Y, tras reconocer que el Partido Colorado cumplió con sus “obligaciones” afirma: “Efectivamente. De no haber sido así, jamás hubiese sido posible incluir tamaña falsedad en el propio texto de la ley. Ese fue parte del precio que el Partido Colorado pagó al Partido Nacional para que éste contribuyera con sus votos a la aprobación del proyecto”10.

Ahora bien, Germán Araújo se aboca a argumentar y demostrar estas acusaciones. En ese sentido, comienza refiriéndose a los acuerdos de la CONAPRO (Concertación Nacional Programática)11 que, de acuerdo con su opinión, tienen “la virtud de tirar abajo todo el andamiaje de falsedades”. Dice entonces:

“Cotejemos las fechas de uno y otro acuerdo. Al hacerlo, comprobamos que el acuerdo del Club Naval se realizó en el mes de agosto de 1984 y que los de la concertación, tuvieron lugar más de dos meses después, a fines de octubre del mismo año”.

Si eso es así, y lo es, ¿cómo se puede afirmar entonces, que en agosto se pueda establecer el compromiso,-por parte de las organizaciones políticas con los integrantes de las Fuerzas Armadas- de consagrar la impunidad, y dos meses más tarde, en la Concertación Nacional Programática (todavía bajo la dictadura), las mismas fuerzas políticas y también el Partido Nacional, se hayan comprometido a promover la acción de la justicia,…”12. Como ya he aclarado en la CONAPRO se estableció un compromiso con la verdad y la justicia que no dejaba lugar a dobles lecturas.

Otro “argumento” que refutaba ya en aquellos años Araújo es la consideración de la impunidad como el segundo acto de un “compromiso” que habría comenzado a cumplirse con la aprobación de la llamada “Ley de amnistía” para los presos políticos, del año 85 (las citadas declaraciones de Medina sobre este punto son concluyentes). Para demostrar esta otra falsedad, el senador del FA recordaba en el debate parlamentario el contenido del artículo 5 de dicha ley:

“ARTICULO 5- Quedan excluidos de la amnistía los delitos cometidos por funcionarios policiales y militares equiparados o asimilados, que fueran autores, coautores o cómplices de tratamientos inhumanos, crueles o degradantes en la detención de personas luego desaparecidas y por quienes hubieren encubierto cualquiera de dichas conductas.”

Esta exclusión se extiende asimismo a todos los delitos cometidos aun por móviles políticos, por personas que hubieran actuado amparadas por el poder del Estado en cualquier forma o desde cargos de gobierno”13. O sea, toda referencia a la amnistía del 85 para los presos políticos con el objetivo de justificar la impunidad a los asesinos de la dictadura no tiene andamiento alguno.

Las declaraciones públicas del propio Ministro de Defensa Nacional y dirigente de la Unión Cívica, doctor Juan Vicente Chiarino, quien había representado a su organización política en las conversaciones del Club Naval, desmentían toda la maniobra montada por los partidos tradicionales. Chiarino estaba de acuerdo con la impunidad, pero no con la falsedad sobre el Club Naval. El 20 de diciembre de 1986 la Unión Cívica remite una carta al Presidente del Senado, doctor Enrique Tarigo, en la que reafirma lo expresado públicamente por el Ministro de Defensa. Se leía en la misiva:

“La Junta Ejecutiva Nacional de la Unión Cívica, en consideración al proyecto presentado por el Partido Nacional sobre caducidad de la acción punitiva del Estado, en relación a los delitos contra los DD.HH. cometidos por funcionarios militares o policiales durante el período de facto, solicita al señor Presidente del Senado, dé conocimiento al Cuerpo de su digna Presidencia, las siguientes puntualizaciones:

  1. Rechaza en forma terminante los fundamentos expresados en la exposición de motivos y en el artículo 1º en cuanto asevera la existencia de un acuerdo, celebrado entre partidos políticos y Fuerzas Armadas, en agosto de 1984, para eximir de responsabilidades a éstas por los delitos expresados.

  2. Denuncia la falsedad de tal aseveración, ya que el único objetivo de los acuerdos celebrados fue asegurar la convocatoria a elecciones y el traspaso del gobierno a los poderes legítimamente constituidos, lo cual, se concretó en el Acto Institucional Nº 19.

  3. Considera la actitud del Partido Nacional un agravio a los partidos políticos participantes y especialmente hacia sus delegados en las reuniones del Club Naval, doctor Juan Vicente Chiarino y señor Humberto Ciganda, y ratifica su plena confianza en la honorabilidad de éstos y en la veracidad de sus informaciones acerca de las gestiones cumplidas”14.

La carta llevaba la firma del Presidente de la Unión Cívica Humberto Ciganda.

También recuerda Germán Araújo que en el debate parlamentario aportó otras pruebas en torno a las canalladas inventadas sobre el Club Naval. En este caso se trataba de un compromiso internacional contraído por el Presidente de la República, el doctor Sanguinetti, y que tiene que ver con la reanudación de relaciones diplomáticas con la República de Venezuela. Recordó declaraciones del Presidente de la República en Venezuela en 1985 sobre el caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, según un cable de “France Presse”:

Los militares que hubieran incurrido en violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de facto, serán juzgados por la Justicia Ordinaria…”15

Y del propio doctor Sanguinetti, extractos de un reportaje concedido a la revista argentina “Siete Días”, fechado en diciembre de 1984:

“Periodista: ¿De qué forma se juzgarán los excesos cometidos por las Fuerzas Armadas?

Sanguinetti: Todo aquello que sea delito militar, será juzgado por los jueces militares, mientras que los delitos comunes, serán juzgados por los jueces civiles. Para ser más concreto: si mañana se investigara el horrible crimen de los diputados Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz cometidos en Buenos Aires, y hubiera algún militar implicado, será el Juez Penal Ordinario el que tenga la causa porque se trataría de un delito común. En este caso se debe hacer valer el estado de derecho.

Periodista: ¿La amnistía englobará también a los militares que han cometido delitos?

Sanguinetti: No, señor. Hemos dejado bien claro en las reuniones del Club Naval, que no habrá amnistía para los militares. Ni la planteamos nosotros ni los delegados de los otros partidos”16.

Estos textos eximen de comentarios para cualquier persona honesta y esa honestidad también debe ser un imperativo en la creación intelectual.

Para ir finalizando con estas citas que nos tomamos el atrevimiento de extraer del excelente y valiente trabajo de Araújo, permítaseme detenerme brevemente en dos personajes de particular trascendencia por las responsabilidades que ocupaban, y en el caso del segundo, además, por la imagen que se ha intentado construir de su figura y su conducta que no parecen condecir con su proceder real.

En el primer caso hablamos del Vicepresidente de la República, Enrique Tarigo, quien el 24 de diciembre de 1986 declaró:

No puedo admitir, entonces la opinión de que en el pacto del Club Naval estuvo, expresa o tácitamente contenida ninguna obligación o acuerdo con respecto a la violación de los derechos humanos”17.

Préstese atención a la fecha, a dos días de votada la ley de impunidad! El trabajo sucio ya estaba hecho, se había logrado el concurso de la mayoría nacionalista para su concreción y, sin ninguna vergüenza, desmentían su propia mentira.

En el segundo caso me refiero al mismísimo Wilson Ferreira Aldunate, quien en su agitada andanza política nunca ha dejado de sorprendernos. Así, afirmó el 3 de junio de 1986:

No solamente no afirmé que el pacto del Club Naval estableciera esa impunidad, sino que dije expresamente: eso no está establecido en el pacto”18. Pero además, el 29 de agosto de ese mismo año dijo: “…Si del texto surge cuanto se ha anunciado, el nacionalismo no acompaña una amnistía. Porque no es justa, porque no pacifica, y porque en vez de salvar, compromete definitivamente el honor de las Fuerzas Armadas, cuyos integrantes quedarán todos igualados con la excepción que deshonró el uniforme”19. Y el 2 de octubre: “…Salir de esto de una buena vez por todas y paralelamente tratando de que haya justicia, que es lo que la gente reclama”20.

Es decir, según el propio Ferreira, en el Club Naval no se pactó la impunidad; no existía entonces ningún compromiso que cumplir. Por otra parte, en su opinión la amnistía a los agentes del terrorismo de estado era un camino que no solucionaba los problemas sino que, por el contrario, los agravaba; razones por las cuales compromete el rechazo del “nacionalismo” a una iniciativa de este tipo. Por fin, a poco más de dos meses antes de aprobarse la ley de impunidad continúa reafirmando su compromiso con la justicia. Y entonces, ¿por qué termina acompañando y defendiendo la impunidad? Si no se tienen presentes los intereses políticos y sociales que se movían por atrás, todo aparece como un sin sentido cervantesco. Pero, todo tiene un sentido muy preciso que acompaña intereses bien definidos; y Ferreira no duda, una vez más, en guardar fidelidad a esos intereses.

Algunas preguntas: Si existía realmente una crisis institucional, ¿Por qué los principales dirigentes del Partido Nacional, e incluso colorados, siguieron prometiendo verdad y justicia hasta fines de 1986? ¿Por irresponsabilidad política? Si la impunidad estaba pactada desde el Club Naval, ¿por qué blancos y colorados desde el retorno a la democracia hasta fines de 1986 continuaron proclamando su compromiso con la verdad y la justicia? ¿Le mintieron a la ciudadanía?

Como se ve, el precepto que tanto le gusta recomendar a los fascistas, “repetir una mentira mil veces para que adquiera la apariencia de verdad” funcionó a las mil maravillas en este caso. Paradójicamente, las mentiras con las que se justificó la necesidad de la Ley de Caducidad gozan en la actualidad de mayor impunidad que la impunidad misma. La derrota definitiva de la impunidad va más allá de la propia ley, incluso de los progresos de la verdad y la justicia. La derrota de la impunidad exige una síntesis política correcta a nivel del pueblo y de las organizaciones populares sobre el significado profundo de la dictadura, sobre los oscuros intereses que impulsaron la impunidad, sobre los verdaderos artífices y responsables de la misma. No derrotamos la impunidad ni creamos las condiciones para cerrar el paso a nuevas tentativas de atropello de los derechos humanos si pensamos con los instrumentos políticos e ideológicos elaborados por los promotores de la impunidad, si nosotros internalizamos como verdaderas las falsedades inventadas para argumentar la infamia. Lo primero para no perderse en el proceso zigzagueante de la lucha social es “armar la cabeza”.

1 Naturalmente, los términos debilidad y fortaleza se utilizan en sentido relativo, una vez más, dando por supuesto que se trata de democracias burguesas y en contextos regionales en que, en general, ni la revolución ni el cuestionamiento del orden capitalista estaba en el orden del día.

 

2 La aclaración es innecesaria, sin embargo, y a riesgo de caer en una perogrullada me adelanto a posibles bobaliconas acusaciones. Para la izquierda y el movimiento popular la lucha por verdad y justicia no era cuestión instrumental o de oportunismo, integraba su concepción ideológica, su ética y su programa. Ni hablar que, salvo honrosas excepciones, de sus filas habían salido los presos, los torturados, los muertos y los desaparecidos.

 

3A mediados de los años 80 Rodney Arismendi sostenía que en Uruguay, y en la región en general, predominaba una conciencia democrática a partir de la cual la tarea era, desde su punto de vista, elevarla a conciencia revolucionaria a través del avance en democracia.

 

4Ferreira regresó al país, tras su exilio, a mediados del año84. La dictadura lo detuvo al desembarcar (evidentemente, no en las condiciones que sufrieron los presos del movimiento popular y la izquierda), pasados unos meses fue liberado.

 

5La ley de impunidad se aprobó con los votos de las mayorías blancas y coloradas el 22 de diciembre de 1986. En aquella jornada la traición del bloque conservador blanquicolorado no se redujo a este vergonzoso episodio. También expulsaron al Senador Germán Araújo del parlamento, “a los culpables los perdonan y a don Germán lo condenan”, algo así cantaba la murga Araca la Cana en febrero del 87. Germán se había convertido en un símbolo de la lucha contra la dictadura como director de la radio CX 30 y desde su audición “Diario 30”. Había llegado al senado en las elecciones de 1984, como primer candidato de la lista 10001 (expresión legal de la proscripta 1001). Su actividad en el parlamento la desarrolló como un clásico militante de izquierda, un verdadero tribuno popular. Tiene responsabilidad directa en el primer hallazgo de un niño uruguayo desaparecido durante la dictadura; Amaral García. A despecho de sus verdugos, algunos de los cuales no volvieron al parlamento, Araùjo vuelve al senado en las elecciones de 1989 como primer candidato, ahora si, de la lista 1001, la más votada en todo el país. Una vez más, Germán no pudo terminar el período legislativo, pues tras la extenuante campaña contra la ley de privatizaciones de las empresas públicas que culminó con el rechazo de la ley en el plebiscito del 13 de diciembre de 1992, muere con poco más de 50 años.

6 Se trata de la ley que establecía la liberación de los últimos presos políticos en marzo de 1985.

7 Araújo, José Germán, “IMPUNIDAD. Y SE TODOS LOS CUENTOS”. CUF. Montevideo-Uruguay, 1989, p. 28.

8 Ibid., p. 26.

9 Ibid., p. 13.

10 Ibid., p. 14.

11 Se trata del acuerdo para la reconstrucción del país firmado por todas las fuerzas antidictatoriales, las cuales asumieron el compromiso de su cumplimiento, (los partidos tradicionales, la Unión Cívica y el Frente Amplio). El acuerdo incluía el compromiso con la verdad y la justicia y el cambio de la política económica. Ambos compromisos violados por el gobierno de Sanguinetti con los votos prestados, en lo fundamental y con el argumento de la “gobernabilidad”, de la mayoría del Partido Nacional.

12Araújo, José Germán, ob. cit., pp. 13-14.

13Ibid., p. 35.

14Ibid., p. 103.

15Ibid., p. 37.

16 Ibid., pp. 37-38.

17 Ibid., p. 66.

18 Ibid., p. 66.

19 Ibid., p. 51.

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