Por Raul Molina Mejia
Publicamos dos artículos de Ingeniero Raul Molina Mejia
(Secretario de Asuntos Políticos de la Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala (RPDG).
19/06/2015
No al caudillismo, sí a la organización
Se cumplen dos meses de lucha histórica y monumental de la ciudadanía para enfrentar a los poderes fácticos que han secuestrado al Estado de Guatemala. Los logros son abundantes –caída estrepitosa de la vicepresidenta, renuncia de seis ministros y otros funcionarios, desmantelamiento de redes de corrupción en los casos del Lago de Amatitlán, la Línea, el IGSS, el “bufete de la impunidad” y la PNC, y captura de más de 100 delincuentes protegidos por# 1, 2 y 3-- ¡Y aún hay más! El financiamiento de los partidos políticos, las transas al interior del Congreso y la burla al fisco por empresarios. Falta expulsar a Pérez.
En esta crisis, grupos interesados se han organizado. El CACIF, a través de su cúpula, ofrece dar a conocer en una semana su posición con respecto al proceso electoral. Parecen concluir en que no pueden descarrilar a Baldizón, Torres u otro “inaceptable”, sin parar las elecciones. Las fuerzas armadas unidas en torno a la Junta de Comandantes ya han recibido mensajes de la OEA, la ONU y la Embajada, de que no pueden participar en el “juego político”. El Arzobispo Vianhabla como prelado máximo y también en representación de la Conferencia Episcopal de Guatemala y ha sido firme en respaldar el derecho de la ciudadanía a manifestarse y exigir profundos cambios. Son entes organizados y con peso político. Solamente nosotros, la ciudadanía, no tenemos un cuerpo representativo, a pesar del inmenso poder político acumulado.
La ciudadanía ha sido sabia al negarse a aceptar caudillos. No acepta “ismos”, como dogmatismo, hegemonismo, caudillismo y protagonismo, y aún menos manipulación alguna. No obstante, sí hay necesidad de organización y representación, porque es imposible que 60,000 personas llenemos el Estadio Nacional para tomar decisiones. Debemos encontrar un mecanismo que nos represente, al igual que a los millones de iracundos guatemaltecos y guatemaltecas, en todo el país y en el extranjero, decididos a transformar la situación. Necesitamos tener un instrumento para coordinación, diálogo, elaboración de propuestas consensuadas, interlocución ante Estado y comunidad internacional, y la ejecución de la estrategia, políticas y acciones para la salvación nacional.
Tenemos un antecedente reciente, no para copiarlo sino que para imitarlo y mejorarlo, que fue la Asamblea de la Sociedad Civil. Los diversos sectores tuvieron representación y, hoy, siguen siendo importantes, aunque nuevos sectores deben ser incorporados. En aquel entonces, fuimos convocados por la Comisión Nacional de Reconciliación, bajo el liderazgo de Monseñor Quezada Toruño. Hoy, puede convocar el Arzobispo Vian en compañía de otros dirigentes religiosos con plena representatividad, incluidos los sacerdotes mayas. Esta Asamblea Ciudadana puede empezar a funcionar a plazo muy corto, para proponer personas honestas que asuman el gobierno provisional, ya fuera Otto Pérez y secuaces, y modificaciones inmediatas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de aplicación en 2015, teniendo en cuenta las propuestas del TSE y la USAC y muchas más de otros sectores ciudadanos. Hay que pasar de la protesta a tomar las riendas democráticamente.
Por qué, pese a la OEA, hay que parar el proceso electoral
Algunos abogadillos me acusarán, al igual que al Rector de la USAC, de querer violar la Constitución. La verdad es que junto a millones de connacionales, quiero que sea sustituida por una acorde con la voluntad popular. Las “camisas de fuerza” y los “candados” impuestos por los sectores de poder en 1985 tienen que ser eliminados. Después del 25 de abril, la ciudadanía ha recuperado su poder soberano. Esto no lo entiende la OEA, que hace bien en oponerse a los golpes militares (¿Y los golpes de la Embajada?); pero que comete el error de apoyar unas elecciones sin sentido.
Antes del 25 de abril, el proceso electoral guatemalteco era ilegítimo, anti-democrático e inconstitucional. Después de esa fecha es INACEPTABLE y la ciudadanía tiene el derecho a boicotearlo, porque no queremos que la podredumbre de Pérez continúe o se profundice. Para comenzar, si el TSE y la CC se niegan a parar el proceso, se hace el llamamiento a ciudadanas y ciudadanos a no aceptar ser fiscales de mesa del TSE; luego, inventaremos otras medidas de “desobediencia civil”. El proceso es ilegítimo, porque no se puede ejercer el derecho a elegir y ser electos. Tenemos 23 partidos políticos que no han consultado democráticamente sobre sus candidatos y candidatas. De presidente a diputados y alcaldes, las cúpulas de los partidos han impuesto sus “propuestas”, la mayoría después de haberlas vendido a los interesados, quienes después se pagarán “la inversión” con los dineros del Estado. Las bases de los partidos, cuando existen, solamente sirven para “legitimar” tranzas. El proceso es ilegítimo y anti-democrático, como puede derivarse de la siguiente pregunta: ¿Cuántos diputados y miembros del PARLACEN son indígenas (70% de la población), mujeres (52% de la ciudadanía) o migrantes (2.0 millones)? La respuesta es irrisoria. Los migrantes ni siquiera votamos. Esto y las condiciones que marginan a nuestras grandes mayorías pobres hacen que este proceso sea INCONSTITUCIONAL. El Congreso, el TSE y la CC han fallado en dar cumplimiento a sus propios mandatos: nos niegan a la Diáspora un derecho humano y constitucional.
El TSE presentará reformas a la Ley Electoral; perdonen, eso es una payasada. Esos son parches de última hora, no aplicables ahora (válidas a partir de febrero 2016), que no impedirán que Baldizón, Torres o cualquiera de los otros indeseables sea el siguiente mandatario o que se tapice el Congreso con diputados reelectos o personajes como Portillo, Arzú, los Ríos-Montt, los Pérez y todos los que ya mostraron, hasta la saciedad, como se corrompe el Estado y cómo se le desfalca. Las reformas a la Ley Electoral deben ser a fondo: la ciudadanía debe decidir a qué personas honestas y capaces se les entrega la conducción del país y de qué manera esas personas van a rendir cuentas. El artículo revocatorio es una necesidad ya, para que no se repita que un presidente necio y testarudo se cuelgue desesperadamente del hilo de la Embajada. No más derechos exclusivos de los partidos políticos, que deben ser democratizados y convertirse en entes políticos responsables. Ha llegado el momento de barrer con la basura de 30 años.