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El fracaso de la socialdemocracia - Higinio Polo

El viejo topo 01-09-2011

Cuando terminaba el siglo XX, hace apenas una década, los países más relevantes de la Unión Europea estaban gobernados por la socialdemocracia. Tony Blair era primer ministro en Londres; Gerard Schröder era el canciller alemán, Lionel Jospin dirigía el gobierno francés, y Massimo D’Alema era presidente del consejo de ministros italiano. No eran los únicos socialdemócratas al frente de gobiernos: de los quince países de la Unión Europea, once estaban gobernados por otros dirigentes de la misma ideología. La Internacional Socialista jugaba en esos años con la idea de un agrupamiento con el Partido Demócrata norteamericano y otros partidos semejantes, en el momento en que Bill Clinton casi terminaba su segundo mandato presidencial. Dirigiendo algunos de los países más importantes del mundo, todo parecía sonreír a los líderes socialdemócratas, a sus partidos y a la Internacional Socialista, que, pocos años atrás, entre 1989 y 1991, cuando desaparecieron los sistemas del socialismo real en Europa y la Unión Soviética, celebraron el hundimiento y desaparición de muchos partidos comunistas en Europa del Este, sin sospechar el sufrimiento social que iba a extenderse por medio continente, se aprestaron a colaborar en la marginación del resto de organizaciones comunistas (como en España) y anunciaron el inicio de un tiempo nuevo, donde sus partidos socialdemócratas iban a representar la nueva izquierda que, frente a los errores de los partidos comunistas, iba a construir sociedades más justas, más libres y más solidarias, en línea con los programas de la Internacional Socialista, que, según mantenía, iba a conjugar el socialismo con la libertad. En el tránsito desde la exaltación hasta el fracaso, la socialdemocracia generó algunos espejismos más. La tercera vía de Blair y Giddens, de la que ya no se encuentran seguidores en el mundo, quiso ser un camino intermedio entre el liberalismo y la vieja socialdemocracia de entreguerras, pero fue una vuelta de tuerca en la deriva del laborismo británico, y, después, de buena parte de los partidos socialdemócratas europeos, un camino que transitaron retorciendo el lenguaje, vistiéndose de supuesta modernidad, sacudiéndose la zarza tormentosa de sus lejanos lazos con el marxismo, jugando con ideas de la derecha para hacerlas pasar por progresistas: así, la pretendida síntesis que hizo la tercera vía entre ideas tradicionales del capitalismo con propuestas socialistas quedó reducida a la desregulación, al recorte de los derechos asegurados a los trabajadores por el Estado del bienestar, a la reducción de impuestos (que siempre beneficia a los más ricos), a las privatizaciones de empresas públicas favoreciendo a la burguesía y a los financieros, y a una criminal política exterior, protagonizando con la guerra de Iraq la última matanza colonial. La vergonzosa evolución posterior del propio Blair es conocida: no considera deshonesto estar a sueldo de monarquías medievales como la de Kuwait, o de entidades financieras como JP Morgan Chase , que están en el origen de muchas de las actividades delictivas que han causado la mayor crisis económica desde 1929.

Diez años después, el escenario ha cambiado. En 2011, cuando apenas quedan países europeos dirigidos por la socialdemocracia, y el propio Papandreu, actual presidente de la Internacional Socialista y del gobierno griego, se esmera en aplicar la política conservadora, cercenando los derechos de la población, es razonable preguntarse: ¿Se ha cumplido el programa socialdemócrata? En su “declaración de principios”, la Internacional Socialista sigue proclamando su deseo de “configurar un futuro socialista democrático en el siglo XXI”, y acompaña esa proclama con las tradicionales buenas intenciones sobre el progreso, la solidaridad, el empleo y el futuro sostenible del planeta. Pero, es obvio que no podemos creer en sus palabras. Prisioneros de su renuncia a cambiar las cosas, de su entrega a la voluntad de la burguesía parasitaria y a los carteristas de las finanzas internacionales, los socialdemócratas han culminado su transformación convirtiéndose en una de las muletas del sistema. En ese tránsito, personajes tan poco recomendables como Tony Blair, Carlos Andrés Pérez, Bettino Craxi, Felipe González, por citar algunos, han jugado en las dos últimas décadas un papel central en las decisiones de la socialdemocracia, sin olvidar a déspotas como el tunecino Ben Alí, el egipcio Mubarak, que también eran dirigentes de la Internacional Socialista (de manera vergonzante, Ben Alí fue expulsado tras perder el poder; Mubarak, fue abandonado por la Internacional Socialista apenas unos días antes), o Jalal Talabani (el presidente de Iraq, cómplice de las innumerables matanzas protagonizadas por Estados Unidos en su país), que es vicepresidente de la IS, por no hablar de los dirigentes del Israel Labor Party, ILP , partícipes de los constantes asesinatos de palestinos. Es cierto que en la Internacional Socialista hay otros dirigentes más presentables, pero su actuación global está del lado de los poderosos.

En los hechos, la socialdemocracia europea, apéndice durante décadas del “amigo americano” y de sus postulados anticomunistas, además de partícipe en muchas atrocidades coloniales, ha abominado del cambio social, de la revolución, del socialismo entendido como un sistema político que asegurase la propiedad común, la justicia y la libertad, ciñéndose a una gestión de los asuntos públicos que, sin poner en cuestión el capitalismo, limitaba parcialmente la voracidad de la derecha y del empresariado: sus años dorados fueron los de la construcción del Estado del bienestar en Europa, cuyo mérito se atribuyen pese a la evidencia del papel jugado por las organizaciones obreras, los partidos comunistas y la propia existencia de la Unión Soviética.

En los últimos años, muchos de los dirigentes socialdemócratas han defendido que conceptos políticos como “izquierda” y “derecha” habían sido superados (aunque, ocasionalmente, los utilizaran electoralmente, de forma oportunista, ante formaciones conservadoras), y que ideas como la emancipación social eran antiguallas del pasado, hasta el punto de que, a juzgar por sus palabras, su nuevo horizonte es el de una sociedad “democrática”, con alusiones a una vaga “cohesión social”, a una difusa “solidaridad” con los más pobres, a una leve “justicia”… que se concreta en una defensa, no por vergonzante menos eficaz, del capitalismo, gestionando las conquistas sociales que habían aparecido en Europa al amparo de las luchas obreras y de la revolución bolchevique. Han jugado también a robar las palabras, a sustituir términos rigurosos y precisos como “capitalismo” por roñas del lenguaje como “economía de mercado” o, con más simpleza aún, por “mercados”.

 Cuando se acepta incluso el lenguaje de la derecha, se ha llegado al final. Al margen de las excepciones nórdicas europeas, donde la socialdemocracia construyó avanzados sistemas de protección social, compatibles con el capitalismo, en países periféricos y poco poblados; en general, la socialdemocracia se reorganizó como valladar ante los temores revolucionarios y fue, en muchas ocasiones, el muro protector del sistema capitalista. Así ha sido en España, por ejemplo. Pese a la interesada insistencia con que el PSOE reclama los supuestos logros de sus gobiernos con Felipe González, lo cierto es que su visión y su práctica era la de una socialdemocracia liberal, complaciente con la derecha económica, que proporcionó a los empresarios la fragmentación y la precariedad de las condiciones laborales de los trabajadores, mientras facilitaba la acción empresarial, dejándoles hacer, y permitiendo que organizasen la economía nacional a su antojo, muchas veces en condiciones turbias, aceptando privatizar empresas públicas, mientras el Estado subvencionaba sin justificación a las empresas y cerraba los ojos ante la evidencia de la economía sumergida y de la evasión de impuestos, unido a la corrupción y al tráfico de influencias de muchos empresarios, rasgos que se han convertido en definitorios de la mayoría de ellos. La propia idea de empresas públicas es una noción absurda para esta última socialdemocracia, que se ha aplicado a desmantelar buena parte de la propiedad del Estado, facilitando a los empresarios su compra en condiciones muy ventajosas, en ocasiones con sospechosas facilidades, permitiendo la realización de grandes negocios y el cobro de plusvalías millonarias, con frecuencia en un marasmo de corrupción y comisiones escandalosas, donde apenas ha entrado la justicia a investigar.

En ese sentido, hay que señalar que la política seguida por Rodríguez Zapatero ha sido la aplicación del programa del Partido Popular, agravada por reformas laborales y de la negociación colectiva que son una agresión sin precedentes para los trabajadores, y aceptando, además, muchas de las exigencias de la patronal española, la CEOE. Si el Partido Popular y la CEOE han criticado algunas medidas del gobierno de Zapatero, no ha sido porque no las compartieran, sino porque todavía reclaman mayores sacrificios para los trabajadores.

 Además, buena parte de los dirigentes socialistas ha optado por la vía de “toma el dinero y corre”, entrando en el entramado corrupto de las
asesorías y del tráfico de influencias para empresas y multinacionales, en los puestos inútiles de representación con sueldos millonarios, en el mundo de los negocios turbios, del clientelismo y de las manadas de lobos de los promotores de negocios al amparo de los presupuestos municipales, autonómicos o estatales, o viviendo de empleos políticos que proporcionan jugosas retribuciones: el dinero de los contribuyentes y la propiedad del Estado son un pozo sin fondo donde creen que pueden meter la mano, o, si no, al servicio de las grandes empresas y multinacionales. El nombre de Felipe González viene de inmediato a la memoria, pero está acompañado de muchos otros. Sustituyendo el concepto de capitalismo por el de unos anónimos “mercados” (sin nombres, sin responsables, sin beneficiarios, al parecer), la socialdemocracia ha renunciado a los últimos restos de la ideología de izquierda que quedaba en su seno. Ni siquiera ha insistido en la necesidad de controlar los paraísos fiscales que facilitan a empresarios y especuladores la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales, al margen de algunas declaraciones, en el momento álgido de la crisis, que ya se han olvidado.

 La cumbre del G-20 en Londres, que empezó a elaborar una lista de paraísos fiscales, y donde se habló de sanciones para dificultar sus actividades, es ya un recuerdo más: la socialdemocracia ha cedido a las presiones de la derecha económica y ha olvidado también esa necesidad. El último capítulo es el de la rendición absoluta, sin matices: la socialdemocracia europea ha optado, en los países donde sigue gobernando, por aplicar una política que hace pagar a los pobres las deudas y los excesos de los ricos. Es más: como se está comprobando en Grecia, incluso está dispuesta a utilizar la fuerza policial para reducir y reprimir las protestas que esa feroz política de incautación y de robo de la propiedad y de los ahorros de la población ha hecho estallar allí y en muchos países. Su política económica se basa hoy en vagas alusiones a la recuperación, al esfuerzo para superar la crisis, y a la aceptación de casi todas las exigencias empresariales y de los “mercados”, confiando en la llegada de lo que Paul Krugman ha llamado “el hada de la confianza”: sostienen que los sacrificios y recortes sociales ayudarán a reducir la deuda soberana de cada país y eso dará confianza a empresarios y especuladores, que aceptarán invertir de nuevo para reactivar la economía.

En la fiscalidad, en las reformas laborales, en el recorte de los salarios, en las pensiones, en el desmantelamiento del Estado del bienestar, la socialdemocracia ha sido, cuando ha gobernado, el ariete de la derecha, ha hecho el trabajo sucio que a los partidos conservadores les hubiera sido muy costoso emprender. El ejemplo de Grecia es evidente: el último plan de austeridad presentado por el gobierno de Papandreu ni siquiera contempla obligaciones para los ricos, ni medidas contra la economía sumergida, ni persigue el fraude fiscal de los poseedores de grandes fortunas: sólo afecta a los trabajadores, a los pensionistas y a los ciudadanos corrientes.

El capitalismo se basa en la explotación, en el fraude, en el robo, en la corrupción. Sin tapujos. A veces, a la luz del día. Los grandes empresarios y banqueros se han comportando, y siguen haciéndolo, como verdaderos ladrones, y el hecho de que existan excepciones no varía el juicio general. En los veinte años transcurridos desde la desaparición de la URSS, las desigualdades en el mundo capitalista no han hecho sino aumentar, enriqueciendo más a quienes ya eran ricos y empobreciendo a los trabajadores, hasta el punto de que se ha roto la tendencia hacia el progreso que se había mantenido desde la victoria contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, dejando así al descubierto las mentiras con que envolvieron al mundo los principales portavoces del sistema capitalista que auguraron “los dividendos de la paz”. La anulación de los mecanismos que controlaban parcialmente la actuación de empresas y financieros, la desregulación salvaje de las normas económicas y de empleo, la fe ciega en el poder de “los mercados” (hipócritamente compatible con el uso de información privilegiada y la utilización de los Parlamentos cautivos para forzar leyes favorables al empresariado), el ataque al poder sindical (con campañas de desprestigio y chantajes para asegurar su docilidad), y la renuncia a fortalecer el sector público de la economía, junto con la limitación de la actuación del Estado en su papel de garante de los derechos mínimos (sin que, al mismo tiempo, los sectores empresariales renuncien al cobro de subvenciones millonarias a cargo del ciudadano), añadido al control de unos medios de comunicación que se han convertido en meros altavoces de empresarios y banqueros, explican el retroceso del Estado del bienestar en Europa y el aumento del sufrimiento social entre grandes segmentos de la población, sobre todo entre los trabajadores más pobres y precarios, y entre los pensionistas y desempleados.

No sucede sólo en Europa. En Estados Unidos, también se están reduciendo los salarios de los trabajadores, y la
banca de inversión protagonizó una operación de robo a sus clientes, con la complicidad de las agencias de calificación. En la Unión Europea, el trasvase de recursos públicos hacia el sector empresarial, el endeudamiento de los Estados para salvar a los bancos, y la incautación de una parte de los recursos de la población por la vía de los recortes salariales y de las pensiones, del aumento de precios e impuestos, y del desmantelamiento de una parte del Estado del bienestar, han puesto de manifiesto la voracidad de los responsables de la crisis capitalista, junto con los partidos conservadores, y la impotencia y docilidad de la socialdemocracia.

 En España, en treinta años se ha pasado de un porcentaje de desempleo que no llegaba al 5 por ciento, a superar el 20 por ciento. Los gobiernos socialistas, con González, pese al impulso de algunos programas sociales, pusieron las bases para aumentar la temporalidad y, tras ella, la precariedad del trabajo, iniciando la desarticulación de la clase obrera y, más allá, la fragmentación social y la corrupción. Después, aumentaron los empleos con cada vez más bajos salarios y, además, temporales. Mientras tanto, creció la burbuja inmobiliaria, aumentó la corrupción, y las subvenciones a los empresarios (por distintas vías, y en todos los estratos del poder, desde el gobierno central hasta las autonomías y los ayuntamientos) pasaron a ser uno de los factores sistémicos del capitalismo español, en buena parte parasitario. Para agravar las cosas, muchos economistas admiten que, si se produce una recuperación, no irá de la mano de un aumento de los salarios, ni de la seguridad en el empleo. En el colmo de la burla y la desfachatez, los empresarios, protagonistas de esa destrucción de puestos de trabajo, reclaman que el gobierno imponga nuevas reformas laborales y nuevos sacrificios a los trabajadores… porque les duele la situación de tantos millones de parados. La evidencia de que los distintos gobiernos, en Europa y Estados Unidos, han salvado a las entidades financieras de sus propios excesos y pérdidas, mientras han permitido que los banqueros y financieros siguiesen manteniendo sueldos multimillonarios, ha puesto en la picota al propio sistema capitalista. El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, admitió que los gobiernos, en Europa y Estados Unidos, habían movilizado el 27 % del PIB (¡unos siete billones de dólares!) “para evitar el colapso del sistema financiero”, al tiempo que reconocía que los ciudadanos no aceptarían que los gobiernos acudieran a salvar de nuevo a la banca privada.

Es obvio que ese “rescate” de los bancos ha sido posible haciendo pagar a los ciudadanos la factura, con el aumento de la deuda pública, con nuevos impuestos, reducciones salariales y de pensiones, y recorte de prestaciones y derechos sociales, a través de “programas de austeridad” impuestos por la Unión Europea y el FMI o impulsados por los propios gobiernos. Sin exagerar: el
capitalismo real, el sistema que gobierna Europa, Estados Unidos, y buena parte del mundo, es un aglomerado de estafadores y corruptos, de cómplices de la economía criminal que ha puesto al mundo en una situación límite. La economía capitalista está en manos de especuladores, ladrones, financieros corruptos, banqueros sin escrúpulos y empresarios deshonestos. La propia democracia ha sido vaciada de contenido, los Parlamentos se han convertido en un escenario de opereta, y los gobiernos apenas pueden enfrentar las decisiones de quienes manejan los mercados, y las conquistas sociales que fueron recogidas en muchas Constituciones después de la Segunda Guerra Mundial están en serio peligro.

La política, entendida como la actividad de unos tipos que poco tienen que ver con las preocupaciones de la gente común, no interesa a los ciudadanos. En cambio, la política, entendida como el gobierno de las cosas comunes, preocupa a millones de personas. Y las democracias liberales ahogan las posibilidades de cambio, limitan la expresión de la voluntad popular, ahogan la libertad y la democracia. La gran paradoja de que, mientras se reclama el derecho al sufragio en el norte de África y en el mundo árabe, los ciudadanos europeos se den cuenta de que votar no sirve para nada, sorprende menos cuando se constata en Europa la inutilidad de elecciones, gobiernos y Parlamentos para aplicar los principios democráticos aceptando los deseos de la mayoría, porque las entidades financieras y los empresarios controlan a los políticos y a los medios informativos.

 En otra paradoja, los socialdemócratas siguen recibiendo el apoyo de millones de ciudadanos, en unas redes de adhesión que, muchas veces, se encuentran en los orígenes familiares y en las tradiciones de la izquierda europea, y en la momentánea incapacidad de la izquierda (sobre todo, de los comunistas) para levantar un bloque opositor. Pero la desafección aumenta y casi la mitad de la población se abstiene en los procesos electorales. El Parlamento ha dejado de ser, en buena parte, el lugar de la discusión y del combate político para convertirse en un escenario teatral, donde la gran mayoría de los diputados está dispuesta a votar leyes antipopulares siempre que se mantengan sus propios privilegios, sus elevados sueldos y dietas, su escaso trabajo.

Sin embargo, aunque hay que exigir el fin de los privilegios de los políticos, no debe equivocarse el contrincante, porque son los grandes empresarios, los banqueros, los financieros y especuladores, los verdaderos responsables de una política criminal que ha supuesto, sólo en España, que trescientas mil familias se hayan quedado sin sus casas en los últimos cuatro años. Como ha hecho en otras ocasiones, ahora la socialdemocracia se prepara para resistir en la oposición, recurriendo de nuevo al más viejo oportunismo político elaborando programas que no aplicaron cuando podían hacerlo, preparando el terreno para volver a los gobiernos, si la población olvida. En Gran Bretaña, después del fiasco de los años de Blair y de la breve etapa de Gordon Brown, Ed Miliband plantea un suave giro hacia la izquierda, al igual que en España Pérez Rubalcaba lanza algunas propuestas levemente progresistas, e incluso se permite criticar a la banca privada y a los paraísos fiscales, sin mayores consecuencias, y pedir que la banca dedique una parte de sus beneficios a la creación de empleo. Todo, para intentar eludir la catástrofe electoral. Es cierto que, en Francia, el Partido Socialista propone para las elecciones presidenciales de 2012 un programa que consiste en la creación de una banca pública, en hacer pagar más a las grandes empresas y grandes fortunas del país, a través de una reforma fiscal, y en un compromiso de creación de empleo sobre todo para los jóvenes. No suena mal, pero la socialdemocracia no ha dudado nunca en presentar programas con un cierto atractivo cuando quiere recuperar el poder… y los ha olvidado en el momento de gobernar.

La socialdemocracia, que no ha tenido que soportar las feroces campañas de descrédito que han acosado a los comunistas, ni ha debido gestionar la demoledora evidencia del colapso de la URSS, está en una situación de crisis abierta. Un reciente artículo del presidente de la Internacional Socialista, George Papandreu, firmado junto con el presidente guineano, Alpha Condé, el presidente iraquí, Jalal Talabani, y el ex presidente chileno Ricardo Lagos, se vanagloriaba del papel actual de la socialdemocracia en países como Ghana (con el gobierno de John Atta Mills), Guinea, o Níger (cuyo presidente, Mahmadou Issoufou, es, a su vez, vicepresidente de la Internacional Socialista). Papandreu (cuyo papel en Grecia se limita a imponer por la fuerza a los trabajadores los programas de austeridad decididos por la Unión Europea y el FMI) y sus compañeros insistían en la necesidad de la socialdemocracia para asegurar el crecimiento y crear puestos de trabajo, así como para definir propuestas que graven las transacciones financieras y para avanzar hacia una economía mundial más justa donde impere la solidaridad con los más desfavorecidos. Pero la realidad es muy distinta.

La socialdemocracia histórica ha muerto, y casi todos sus partidos han experimentado una mutación ideológica, porque sus propuestas conservadoras no son consecuencia de la crisis económica que estalló en 2007, ni de su impotencia actual ante banqueros, empresarios y especuladores: venían de antes. En general, las filas de la Internacional Socialista son hoy un vivero de socialdemócratas derrotados y neoliberales que mantienen un vago discurso “progresista” que apenas se concreta después en los actos de gobierno, y que están muy alejados de las preocupaciones de la gente común. Se han convertido en un sindicato de intereses, en una agrupación clientelista que asegura puestos políticos con magníficos sueldos, negocios e influencias, que coloniza sectores de la administración pública y despilfarra los recursos del Estado: con todas las excepciones de rigor (que cada vez son menos) los socialdemócratas se han transformado en unos perfectos profesionales de la política que buscan su exclusivo interés. Y, ante las evidencias del pillaje capitalista, la socialdemocracia ha quedado reducida a ser el rostro benigno del sistema, una desolada impotencia o un cómplice necesario, un ruin sindicato oportunista que quiere salvar sus privilegios o un círculo partícipe de la sangría. Si la Internacional Socialista recordase sus orígenes, podríamos preguntarle: ¿Tu vida (socialdemócrata) se parece a un fracaso?

Fuente: El viejo topo, septiembre 2011, edición impresa

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