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Chile

Chile 2011: Fin de un ciclo y comienzo de otro

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Por Tania Peña * 12/12/2011
Santiago de Chile (PL) La magnitud alcanzada por la protesta estudiantil en defensa de un sistema de educación pública y gratuita marcó el despunte de la lucha antineoliberal en Chile en 2011, período identificado por académicos como el término de un ciclo y el inicio de otro.

  Hacía años que las clases dominantes no se veían desafiadas por tan amplios sectores populares, y eso lo han conseguido los estudiantes, acotó un editorial de la revista chilena Punto Final.

En el año amplios sectores instalaron sus demandas y comenzó el rechazo a una lógica de mercantilización extrema que inundó prácticamente toda la vida social e individual del país y sus habitantes, comentó asimismo el sociólogo Juan Andrés Lagos.

El también miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile reflexionó cómo la contradicción histórica entre dominación neoliberal y democracia soberana se agudiza en el país.

Las movilizaciones sociales, ilustró, dejaron de ser hechos episódicos y ya expresan una tendencia.

Opina Lagos que el proceso tiene tal profundidad que se inunda con la irrupción protagónica de las nuevas generaciones de chilenos, hasta ahora mantenidos bajo control, como "mascotas" excluidas del ámbito de incidencia e influencia social.

La fuerza de la protesta social como protagonista de este 2011 hizo su aparición desde enero mismo con el "Puntarenazo", promovido por la Asamblea Ciudadana de Magallanes contra un pretendido incremento de las tarifas del gas domiciliario en esa helada región de Chile.

El detonante lo produjo un polémico acuerdo entre la Empresa Nacional del Petróleo y la distribuidora Gasco, el cual derivó en un aumento de casi el 20 por ciento del precio del gas, un recurso que en el sur chileno es como el agua o el pan.

Un acuerdo sellado con el gobierno puso fin a una semana de paro y protestas masivas en varias ciudades de la Patagonia y fue interpretado en el ámbito local como un triunfo de la unidad popular frente a los intereses oligárquicos.

Dos meses más tarde, el excluyente modelo chileno fue presentado por Barack Obama como ejemplo de desarrollo y bienestar en Latinoamérica y su gobierno como ejemplo de liderazgo para el mundo.

Fue precisamente Chile la plataforma escogida por el presidente estadounidense para lanzar su Discurso para las Américas en marzo de este año, en el que proclamaría su recurrente "alianza igualitaria".

Éxito, liderazgo, progreso, espíritu democrático, democracia dinámica, pericia en seguridad, país líder, conformaron la andanada de epítetos que Obama le atribuyó a la nación austral.

Al respecto, José Aylwin, director del Observatorio Ciudadano de Chile, lamentó el desconocimiento del titular de la Casa Blanca acerca de los serios déficit que en materia de derechos humanos hay en el país, cuyo modelo él halló tan inspirador.

Chile discrimina a indígenas, morenos y negros. Nuestro país sufre las mismas deformaciones que afectan al suyo, entre otros motivos porque se empeña en imitarlo, le recordó a Obama la revista Punto Final.

Detrás del espejismo de nación próspera, se esconden en Chile tres y medio millones de pobres e indigentes y casi 700 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, graficó la publicación.

El dilatado y viciado proceso judicial contra una veintena de mapuches al amparo de la cuestionada ley antiterrorista y que derivó en largas condenas a cuatro líderes de esta etnia, legitima la apreciación de Punto Final.

"Se quedan en prisión personas muy importantes para nosotros, personas que sabemos que van a seguir en este proceso de reconstrucción de nuestro pueblo, de la recuperación de tierras. Quienes han dedicado sus vidas a esto son los que se van a quedar adentro", advirtió entonces la portavoz indígena Natividad Llanquileo.

Recordemos que la justicia chilena encontró culpables a los sindicados como líderes de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, Jonathan Huillical y José Huenuche del delito de robo con intimidación y homicidio frustrado, ligado este último a un presunto ataque en 2008 a un fiscal.

Hecho considerado por sectores de la oposición y comunidades indígenas como un montaje de latifundistas y fiscales para acallar la lucha de los mapuches por recuperar sus tierras.

Mejores condiciones laborales, libertad a los presos mapuches, defensa de la educación pública y preservación de las riquezas naturales de la Patagonia, marcaron el rumbo de la protesta social de abril en adelante.

Sólo entre mayo y junio tuvieron lugar en Santiago y en otras ciudades como Concepción, Valparaíso, Temuco y Cohyaique más de una veintena de manifestaciones masivas, cuya magnitud fue reconocida por las autoridades policiales y los monopolios mediáticos del país.

Cabría preguntarse, si nos encontramos ante la fase inicial de un nuevo ciclo de movilizaciones, indicó un avezado comentarista local.

El visto bueno en Chile al megacomplejo energético de Hidroaysén, en la zona de la Patagonia, rechazado por el 80 por ciento de la población por su impacto medioambiental, derivó en multitudinarias marchas, superadas únicamente por el irrumpe del movimiento estudiantil.

En materia de educación, lo que en su génesis parecía un petitorio sectorial, surgido de los intereses de federaciones universitarias y del gremio magisterial, dejó claro respondía al clamor ampliamente mayoritario de la ciudadanía.

La protesta social en Chile por una educación pública y gratuita demostró tener un carácter transversal y una permanencia en el tiempo significativa, destacó a Prensa Latina la portavoz de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García.

Impulsados por los estudiantes fue abriéndose un abanico de numerosos tópicos sociales cuestionados en Chile a partir de un status quo impuesto en dictadura.

Salieron a la luz reivindicaciones democráticas que el pueblo chileno anhela y críticas de hondo calado hacia el sistema de salud -cada vez más privatizado-, hacia la precaria legislación laboral, en torno a la discriminación de la mujer o en relación con la lentitud del proceso de reconstrucción post terremoto.

Lo de Chile es una revolución en marcha, aseguran reconocidos historiadores y analistas políticos sobre el creciente movimiento de protestas sociales que ha mantenido en apuros al gobierno de Sebastián Piñera, situado apenas entre un 20 y un 25 por ciento de aceptación popular, según las encuestas.

Chile asiste a un escalón superior de lucha por cambios estructurales profundos, aseguró a esta agencia el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.

El líder gremial comentó cómo en el paro nacional ciudadano del 24 y 25 de agosto último marcharon en forma multitudinaria trabajadores y estudiantes juntos en reclamo de transformaciones de fondo.

"Entraron los trabajadores al escenario y eso le da una cualidad muy distinta y más profunda a este movimiento que existe en el país", subrayó Gajardo.

Destacó que entre las demandas principales del pueblo chileno sobresalen el llamado a una nueva Constitución y a un nuevo Código del Trabajo, educación pública y salud pública gratuita, y el pedido de una reforma tributaria que junto a la renacionalización del cobre contribuya a encarar la impresionante inequidad social.

La respuesta represiva del gobierno les recordó a los chilenos que están ante un régimen político fundador del neoliberalismo y que busca a ultranza resguardar sus intereses, advirtieron en un manifiesto público una docena de historiadores.

Exponentes de la izquierda alertaron asimismo cómo el empleo desproporcionado de la fuerza policial, junto con provocaciones para generar reacciones violentas, se han convertido en un esquema habitual en todo el país.

Dentro de ese esquema, particular impacto causó en la población el anunciado proyecto de resguardo del Orden Público, el cual puede llevar a la cárcel a jóvenes manifestantes que se consideren violentos por las instituciones chilenas, aliadas a los intereses del gran capital.

También la invocación a la Ley de Seguridad del Estado, instrumento creado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) para acallar la protesta social.

Frases como "no nos va a temblar la mano" o el cierre de colegios decretado por el alcalde de la comuna santiaguina de Providencia, Cristián Labbé, exagente de la policía de Pinochet y figura aplaudida por el oficialista y ultraconservador Partido Unión Demócrata Independiente, dejaron al desnudo a la "nueva derecha" chilena.

La postura de mano dura se percibió de igual modo en la indiferencia de La Moneda al plebiscito del mes de octubre, organizado por la Mesa Social por la Educación, y en el que el que el 90 por ciento de los electores dijo Sí a un sistema de enseñanza pública y gratuita y No al lucro en el sector.

A juicio de Juan Andrés Lagos, sólo una derrota de la derecha criolla, en toda la línea, permitirá abrir una nueva fase política en Chile.
Ya asoma otro agitado año en el país suramericano.

*Corresponsal de Prensa Latina en Chile.

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