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La distribución del ingreso y la riqueza en Uruguay. Una propuesta nacional y popular. Jorge Notaro

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Jorge Notaro. Diciembre de 2011

1. Introducción

Desde el primer período de gobierno del Frente Amplio (FA) hasta fines de 2011, el número de personas ocupadas tuvo un aumento sin precedentes, el salario real volvió al nivel previo a la crisis con el aumento paralelo de las pasividades, fue importante la transferencia de ingresos hacia el 20% más pobre de la población, se creó un Sistema Nacional Integrado de Salud que por su cobertura y su financiación tuvo un impacto redistributivo positivo y se redujo el número de personas pobres.

Al mismo tiempo, el acelerado aumento de la actividad económica y en particular, el aumento de los precios de la producción agropecuaria y de la tierra, tuvieron un efecto concentrador del ingreso y la riqueza. La redistribución del ingreso es un punto del programa para el segundo período de gobierno del FA que reconoce que es necesario adoptar medidas con ese objetivo y se discute como, cuando y cuanto se redistribuye; el tema central es político y no técnico, se trata de elegir entre el riesgo de reducir o enlentecer el ingreso de capital o el de condenar a la pobreza durante más tiempo a más personas.

La ganancia está en la lógica del capitalismo, pero las luchas sindicales o la intervención de un gobierno pueden modificarla al alza o a la baja según el resultado de las negociaciones colectivas o las medidas de política. Con un límite, ya que si el capital no tiene ganancias, abandonará la actividad. Cabe preguntarse ¿en el Uruguay a fines del 2011 ya se alcanzó el límite o hay margen para aumentar los salarios y los impuestos, reduciendo ganancias? El documento intenta una respuesta con una propuesta dirigida a mejorar la situación de los sectores populares y la autonomía económica del país, por lo que se considera nacional y popular.

2. Apuntes para un diagnóstico

En el proceso de producción de bienes y servicios se generan, al mismo tiempo, ingresos.

Del trabajo en relación de dependencia o asalariado, en forma de sueldos y salarios.

Del capital, para los propietarios de medios de producción que perciben ganancias o dividendos de acciones de sus empresas; intereses de los depósitos bancarios, de créditos o préstamos que otorgan; de valores públicos o de obligaciones emitidas por empresas privadas; de rentas del alquiler de campos o edificios.

También de pequeños propietarios de medios de producción que los utilizan con su trabajo, a veces con familiares y transitoriamente con trabajadores asalariados; por ejemplo los productores agropecuarios familiares, los patrones de micro y pequeñas empresas, los trabajadores de cooperativas y los trabajadores por cuenta propia. Como los trabajadores por cuenta propia o los productores agropecuarios familiares no son asalariados, para mejorar sus ingresos se requieren otras medidas. Estas formas de producir y vender, así como de generar ingresos son particularmente relevantes en las economías capitalistas dependientes.

La intervención del Estado puede redistribuir el ingreso si tiene en cuenta los impuestos y los gastos al mismo tiempo, por ejemplo, si se pagan asignaciones familiares a los hogares de menores ingresos y ese gasto se financia con impuestos que pagan esos mismos hogares, el efecto redistributivo es nulo. En segundo lugar, el monto de los gastos con objetivo de redistribución depende también de los impuestos, si se recauda más se puede gastar más y aumentar el impacto redistributivo.

El informe de la Dirección General Impositiva sobre la recaudación durante al año 2010 muestra que el 63.1% fueron impuestos al consumo, el 27.7% impuestos a la renta, el 6.6% impuestos a la propiedad y el resto, varios de menor importancia. En el principal impuesto al consumo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) existen tres situaciones, los bienes y servicios exonerados por la Constitución como la educación o por leyes; los que pagan la tasa mínima de 10% o la máxima de 22%.

En el impuesto a la renta el 14% se cobra a empresas, el 0.6% corresponde al Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) el 1.6% corresponde a ingresos de capital y el 9.6% a ingresos del trabajo, el 1.4% a las pasividades (IASS) y el 1.1% al IRNR (Ver Recaudación del año 2010 en www.dgi.gub.uy).

De acuerdo a dicho informe la recaudación por los diversos impuestos sobre la renta fue de $ 43.067 millones de los cuales $14.578 por IRPF de los ingresos del trabajo y $ 28.489 sobre los ingresos del capital, que al tipo de cambio promedio del año de $ 20 son 1.425 millones de dólares. Es decir que el 22.8% de los impuestos se cobran a los ingresos del capital y a la riqueza y el 67.2% al consumo o a los ingresos del trabajo.

Cuando se aprobó la reforma tributaria luego de complejas negociaciones que duraron aproximadamente un año, dos argumentos del equipo económico fueron convincentes, la complejidad de la implementación de la reforma obligaba a dejar de lado algunos aspectos de justicia y era un proceso por el cual se podrían incorporar mejoras en el futuro.

En enero de 2011 entró en vigencia un impuesto a los ingresos generados por operaciones financieras (depósitos, créditos y todo tipo de préstamos) en el exterior de residentes en el Uruguay (Ley 18.718 de 03/01/11 que modifica la Ley 18.093) con tasas que van de un 3% a un 12% según el tipo de operación y se complementó con disposiciones para evitar la doble imposición (Ley 18.719 de 03/01/11). Simultáneamente se flexibilizó el secreto bancario, que podrá ser levantado por la justicia a solicitud de la DGI, sin la exigencia previa de demostrar el posible delito.

También se incluyó una exoneración del 6% del alquiler pagado si el inquilino identifica al propietario; la tasa del IRPF sobre los alquileres que deben pagar los propietarios es del 12% y con esta medida se busca la colaboración de los inquilinos para reducir la evasión que es muy alta.

En un proyecto de ley en discusión en el Parlamento a fines de diciembre de 2011, de segura aprobación, el Poder Ejecutivo propone algunos cambios tributarios con impactos positivos en la distribución del ingreso. Cabe destacar:

  1. facultar al Poder Ejecutivo eliminar el IVA en las compras utilizando las tarjetas de débito financiadas por el Estado tales como la tarjeta Uruguay Social, tarjeta para el pago de Asignaciones Familiares y otras similares. Esta medida permite aumentar el poder adquisitivo de los salarios sin aumentar los costos de las empresas, acceden a sus beneficios los trabajadores no registrados y los pasivos y estimula que los comercios estén registrados, pagando impuestos y respetando los laudos, para captar esta demanda. Se puede mejorar aumentando el monto de la Tarjeta, de la cobertura, incluyendo a otras familias de bajos ingresos y no sólo al 20% más pobre, así como incorporando a la tarjera otras transferencias de ingresos como las pensiones a la vejez. Tendrá un efecto positivo en la reducción de la pobreza

  2. dos cambios en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), un aumento del mínimo imponible en una Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) y la creación de una franja para los ingresos mayores que pagarán una tasa mayor. Actualmente el mínimo no imponible está en 7 BPC, $ 15.582, y al pasar a 8 BPC a precios de hoy sería de $17.808; volverá a aumentar por el cambio de la BPC a principios de 2012, probablemente de acuerdo al IPC. El primer cambio mejorará la situación de familias de ingresos medios, y ambos contribuyen a una mejor distribución del ingreso.

  3. aumento del mínimo imponible del Impuesto de la Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que hoy está en 8 BPC mensuales y subiría a 9 BPC.

  4. creación de un Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). que pagarían aproximadamente mil propietarios de predios de más de 2.000 hectáreas CONEAT, con un mínimo de 8 dólares y un máximo de 16 por hectárea, según la magnitud de la superficie y la productividad media. Mejora la distribución del ingreso gravando a los ingresos altos.

Es discutible el impacto de otra modificación propuesta, la reducción de hasta dos puntos de la tasa de IVA aplicable a las operaciones efectuadas a consumidores finales que se realicen mediante la utilización de tarjetas de crédito, débito u otros instrumentos similares.

Para asegurar la reducción del 2% del IVA llegue al consumidor, se otorgará a los que paguen con tarjeta de débito o de crédito; por lo tanto se requiere tener una cuenta en un banco. Esta medida implica reconocer que los mercados no son de competencias por lo que una reducción del impuesto no se trasladaría al consumidor y se implementa una operación que parece desproporcionada ya que para acceder a esta reducción, todos los ingresos de las familias y de los comercios deben pasar por el sistema bancario.

Como parte del gasto público se incluye el salario indirecto, es decir, los bienes y servicios que el Estado entrega gratuitamente como por ejemplo la atención de la salud y la educación. La reforma de la salud tuvo un impacto redistributivo importante y está considerado en las estadísticas del INE imputando un ingreso por este concepto a las personas que tienen cobertura.

El aumento del gasto en educación o en salud no son buenos indicadores de redistribución, es solo una condición necesaria. Si se aumentaron los salarios de profesores, maestros y médicos, no es suficiente para afirmar que los sectores de menores ingresos recibieron un mayor salario indirecto por mejor educación y asistencia de salud.

En educación hay que utilizar otros indicadores como la reducción del número de niños o jóvenes por grupo, el aumento de las horas docentes por alumno, el aumento de instituciones de horario extendido en los barrios pobres y la diversificación de sus actividades. Los resultados se miden por ejemplo, por los porcentajes de deserción o de repetición, así como las pruebas que demuestran los conocimientos y los valores adquiridos.

Es altamente probable que los próximos resultados de las pruebas PISA de 2013 sean peores que los recientes con independencia de los eventuales cambios en el sistema educativo. Las pruebas serán para la generación que pasó su infancia en la crisis de 1999 – 2003, sufriendo los peores impactos del empobrecimiento de sus familias. Desde 2005 se redujo la pobreza pero los efectos previos requieren medidas complementarias. Es equivocado culpabilizar a los maestros y los profesores por que se les mejoró el sueldo (no tanto como a los contadores de la DGI) y exigirles resultados que no dependen de su actividad.

En el Uruguay la forma más difundida de medir la distribución del ingreso es analizar la situación de los hogares con la información que genera la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (ECH del INE).

Hay consenso entre los que trabajan con estas cifras sobre que la Encuesta mide bien los salarios y las pasividades, pero no capta bien los ingresos del capital. Es habitual entre los usuarios de esta información que no tienen formación en economía, como algunos periodistas y algunos legisladores, identificar distribución del ingreso de los hogares con distribución del ingreso, sin percibir que la segunda categoría comprende más ingresos que la primera.

Las Encuestas de Hogares son un buen instrumento para captar los ingresos fijos así como para evaluar los impactos de diversas medidas de política económica sobre los hogares de bajos ingresos, pero no son un buen instrumento para captar los ingresos del capital y por lo tanto, para investigar la distribución del ingreso.

La implementación de las encuestas de hogares tienen por objetivo captar los ingresos que se registran como percibidos por los hogares, que no son todos los ingresos de los integrantes de los hogares. Esto ocurre, por ejemplo, con:

  1. las ganancias que se reinvierten

  2. las utilidades distribuidas o los intereses de deuda que se depositan en una cuenta bancaria

  3. los intereses de depósitos que se capitalizan

  4. los ingresos que se transfieren al exterior

En el caso de Uruguay, que registró en los últimos años un acelerado proceso de venta de tierras, empresas industriales y comerciales a no residentes, que también son propietarios de una parte importante de los activos financieros, la paradoja es particularmente importante.

En este sentido señala Gonsalves (2011:14) “A modo de ejemplo en la forestación Montes del Plata y UPM – KYMENE controlan el 50% de la superficie plantada; en la faena más del 50% en manos de capitales brasileros (Marfrig 30%); en el arroz 87% de la industria controlada por capitales brasileros; en la agricultura de secano 6 empresas (cinco argentinas y una brasilera) controlan 400.000 hectáreas.”

La medida que abarca todos los ingresos generados en un país cada año es el Ingreso Nacional Bruto (INB). Agregando los ingresos generados en el exterior que se reciben en el país, como por ejemplo las remesas que radicados en el exterior envían a sus familias y restando los ingresos que se generan en el país pero se transfieren al exterior como por ejemplo utilidades de empresas, se estima el total de ingresos que quedaron en el país, el Ingreso Nacional Bruto Disponible (INBD). Si se expande el ingreso captado por la ECH (por ejemplo con el ingreso por persona incluida en la encuesta multiplicado por el total de población del universo de la encuesta) y se divide por el INB se detecta el porcentaje de ingresos no captados.

El BCU estimó la distribución del ingreso nacional desde 1997 a 2005. Entre 1997 y 1999 la masa salarial sin descontar los aportes a la seguridad social y los impuestos directos era algo más del 33% del INBD, bajó 28.3 en 2004 y aumentó a 29.2% en 2005, último año con información. Los fundamentos y las tasas de los aportes personales así como los impuestos cambiaron en el período pero nunca fueron inferiores al 15% de los salarios, por lo que los salarios percibidos tuvieron un techo de 28% del INBD que bajó a 24% a fin del período. En 2004 – 2005 un 20% del INBD fueron aportes patronales e impuestos (netos de subsidios) sobre la producción y los productos, pero se modificaron en los años siguientes con los cambios en los aportes a la seguridad social y la reforma tributaria. Es sorprendente la decisión del BCU de descontinuar esta información tan importante para conocer los cambios en la distribución del ingreso durante los últimos años.

El Instituto Cuesta Duarte (ICD) analizó la evolución de la masa salarial registrada por la ECH desde 1998 a 2010 y su relación con el PBI, estimando que en 2010 esta relación era un 30% mientras que entre 1998 – 2000 fue de 34% (2011b:2). Desagregando la masa salarial por Tipo de Ocupación, concluye que en el período los salarios de los Tipos 1 y 2 (Directivos, gerentes y profesionales) aumentaron un 25% y el de los obreros y empleados un 14%. La masa salarial de los obreros y empleados era un 27 % del PBI entre 1998 y 2000 y se ubicó en 23.5% en 2010. (:5)

En el Cuadro 1 se presentan los ingresos de los grupos sociales que trabajan y de los pasivos según la ECH, como porcentaje del Ingreso Nacional Bruto Disponible que calcula el BCU.

Los ingresos de los sectores populares son poco más del 40% del total de ingresos generados en el país y durante los últimos cinco años tuvieron variaciones irrelevantes. Del 60% restante aproximadamente un 5% son salarios de directores de empresas y profesionales en relación de dependencia, un 20% o 25% son pagos de las empresas al Banco de Previsión Social (BPS) y a la Dirección General Impositiva (DGI) y aproximadamente 30% del INBD, es decir, catorce mil millones de dólares anuales podrían ser ingresos del capital.

Cuadro 1  -Ingresos de los sectores populares

Como porcentaje del INBD

Grupos Sociales

2006

2007

2008

2009

2010

Obreros y Empleados

19,9

19,7

19,9

21,7

20,3

Cuenta Propia sin local

1,5

1,0

0,7

0,5

0,5

Cuenta Propia con local

8,5

9,2

9,0

9,4

9,1

Pasividades

9,7

8,7

8,1

8,3

9,2

Transferencias*

1,5

1,4

1,0

1,8

1,9

TOTAL

41,0

40,0

38,7

41,8

41,0

Fuente: ingresos, de microdatos de la ECHA del INE procesados por Guillermo Alves (2006 – 2009), Marco Colafranceschi y Matías Brum (2010) del Área de Empleo e Ingresos del IECON. INBD del BCU, valores preliminares. * Transferencias incluye: tarjeta alimentaria, alimentación de menores, asignaciones familiares, seguro de desempleo, compensaciones por accidente, becas y pensión alimenticia. Lo que corresponde al Sistema Nacional Integrado de Salud se incorporó a los salarios. Se debería deducir las pasividades del BPS y agregar los pagos de la Caja Bancaria, excluyendo a los pasivos que fueron ocupados de Tipo 1 o patrones.

Según la ECH los ingresos del capital en 2010 se ubicaron entre el 5% y el 7% de los ingresos totales, que con una cotización promedio del dólar del mismo año de $20, son un mínimo de 1.139 y un máximo de 1.595 millones de dólares. En el Cuadro 2 se presentan estimaciones de los ingresos del capital y los procedimientos de cálculo se detallan en artículo

Como resultado final los ingresos del capital en 2010 por este procedimiento se estiman en un mínimo de 8.877 millones de y 10.627 millones dólares. Cabe reiterar que esta última cifra no es un máximo ya que podría aumentar por las ganancias de las actividades agropecuarias que superen la renta media. Como se ha visto en la información del BCU podrían llegar a 14.000 millones de dólares. Por lo tanto, la presión fiscal sobre los ingresos del capital, dividiendo la recaudación de la DGI de 1.425 millones de dólares por estos ingresos estimados, se ubicaría entre el 16 % y el 10 %

Cuadro 2 - ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL CAPITAL

Año 2010. Millones de U$S corrientes

 

Ingresos

Millones U$S

1) Según ECHA del INE

 

1.1) Mínimo

1.139,0

1.2) Máximo

1.686,0

 

 

2) Lo que debería registrar la ECHA

1.954,9

2.1) Arrendamientos gravados por DGI

461,0

2.2) Incrementos Patrimoniales gravados por DGI

316,9

2.3) Rentas de Capital Mobiliario Gravadas por DGI

85,7

2.4) Dividendos y Utilidades gravados por DGI

247,5

2.5) Intereses de Deuda Pública (estimados)

843,8

 

 

3) Lo que no registra la ECHA

5.278,1

3.1) IRAE deducido 2.4

973,9

3.2) Exoneraciones de IRAE deducidas Enseñanza y Monotributo

635,5

3.3) Transferencias al exterior (BCU)

1.621,4

3.4) Rentas de la actividad agropecuaria (deducido IRAE)

2.047,3

 

 

4) Ingresos por arrendamientos

 

4.1) Entidades Económicas (estimación)

865,3

 

 

4.2) Hogares (método 1)

1.241,4

4.3) Hogares (método 2)

534,5

4.4) Hogares (método 3)

694,6

4.5) Alquileres mínimo (4.1 + 4.3)

1.399,8

4.6) Alquileres medio (4.1 + 4.2)

2.106,3

 

 

5) Evasión por arrendamientos (Ingresos totales - gravados por DGI)

 

5.1) Mínima

938,8

5.2) Media

1.645,3

 

 

6) Evasión de otros ingresos del capital (excluyendo 2.1 y 2.5)

 

6.1) Mínima. 30%

253.5

6.2) Máxima. 50%

422.5

 

 

7) TOTAL

 

7.1) Mínimo

8.877,3

7.2) Medio

9.339,3

7.3) Máximo

10.626,8

3. Lineamientos para la distribución del ingreso

Los instrumentos y las medidas de política económica para implementar objetivos de distribución del ingreso son múltiples. Este documento, que pretende participar en el debate que se realiza en Uruguay, se limita a lineamientos de medidas impositivas y de política salarial.

3.1 La política tributaria

Los ingresos del capital estimados muestran que en el Uruguay hay posibilidad de mejorar la distribución del ingreso cobrando más impuestos a la propiedad y a los ingresos del capital, sin perder una ventaja competitiva con Argentina y Brasil. Se propone:

a) Aumentar los impuestos al capital y sus ingresos

Como se ha visto la presión fiscal sobre los ingresos del capital es muy baja y se puede aumentar con mayores tasas del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, estableciendo un impuesto a la entrada de capital como en Brasil o con impuestos al uso del cheque como Argentina y Brasil.

El impuesto al patrimonio es el que asegura que los que tienen más pagan más. Es posible bajar los mínimos no imponibles, revisar los activos exonerados y aumentar las tasas. En los países que utilizan el impuesto a la renta, el impuesto al patrimonio cumple además una función de control ya que para explicar los aumentos de patrimonio, los ingresos tienen que haber sido declarados.

Como toda opción de política económica, el resultado final tiene cierto grado de incertidumbre. La alternativa es mantener los niveles de rentabilidad sin precedentes del capital y postergar la redistribución del ingreso, o asumir el riesgo de que el flujo de capital se pueda enlentecer y acelerar la mejora de las condiciones de vida de los sectores populares.

El segundo camino se apoya en tres argumentos. El primero son la señales de los mercados internacionales que muestran una abundancia de capital que busca oportunidades de inversión; Lara (2010) utiliza la información de “The Institute of Internacional Finance” que estimó que durante 2010 y 2011 ingresarán a América Latina más de 200.000 millones de dólares por año.

El segundo son las tendencias de los flujos de capital que en la década de los ochenta buscaron mano de obra barata en Asia, en los noventa los servicios públicos y al comienzo del siglo veintiuno los recursos naturales.

El tercero es el rebrote de la crisis en julio de 2011 con una perspectiva incierta. Los bancos europeos, principalmente alemanes, corren riesgo de quebrar por tener una gran cantidad de deuda del gobierno, los bancos y las empresas griegas e italianas, sufren también una fuga de depósitos que por la falta de confianza se dirigen a otros destinos más seguros.

Estas incertidumbres generan alta volatilidad en tres aspectos: i) los principales índices accionarios en las Bolsas mundiales; ii) los precios de las commodities y iii) las cotizaciones de las monedas. Reducen las opciones de inversión previas, como las hipotecas y sus derivados en los EE.UU, la deuda pública de varios países del hemisferio norte y los depósitos en los bancos de esos países. Los recursos naturales aumentan su importancia para conservar el valor del capital y por lo tanto se pueden cobrar más impuestos por su uso y por las ganancias extraordinarias que resultan de los altos precios internacionales.

b) Detracciones a las exportaciones de baja industrialización.

Los especialistas coinciden en afirmar que los precios de los productos agropecuarios se mantendrán  elevados durante varios años. Las detracciones a las exportaciones contribuyen a: i) recaudar más gravando los ingresos extraordinarios lo que permite aumentar el gasto público y/o reducir otros impuestos; ii) bajar los precios de los bienes de consumo y mejorar el poder de compra de alimentos de los sectores populares sin aumentar los costos laborales; iii) reestructurar la producción por el aumento de la actividad no gravada como la lechería, la agroindustria mediante la provisión de materias primas más baratas y el desarrollo de la producción familiar creando un Fondo de Apoyo con parte de estos recursos; iv) desestimular la extranjerización y la concentración de la tierra.

Tanto en el Uruguay como en la Argentina, las detracciones surgieron como respuesta a importantes devaluaciones. En la situación mundial actual se fundamentan en los precios altos y crecientes de las “commodities” que constituyen los principales rubros de exportación de los países dependientes.

En nuestro país la Reforma Cambiaria y Monetaria de 1959 liberalizó el mercado cambiario y las importaciones. Pero otorgó al Poder Ejecutivo facultades para regular las importaciones ante posibles dificultades, obligó a los exportadores a entregar la moneda extranjera al BROU y previendo un aumento del tipo de cambio, para establecer detracciones a las exportaciones y subsidios a algunos bienes de consumo popular. Se consideró necesario que el Poder Ejecutivo tuviera facultades para regular el comercio exterior, el mercado cambiario, los ingresos de los exportadores y los precios internos. Las detracciones se establecieron entre un mínimo de 5% y un máximo de 50%, excepto para las lanas sucias que tuvieron un mínimo de 25%. Se aplicaron a lanas, carnes, cueros, trigo, lino, girasol y maní, con diversos grados de procesamiento.

El destino de lo recaudado por las detracciones y los recargos a las importaciones se destinaron de acuerdo a la Ley, un 20% “al abaratamiento de los precios de la carne, leche, pan, azúcar, fideos, arroz, yerba, porotos, harina, kerosene, transporte colectivo y otros bienes y servicios que se estimaron necesarios por motivos de interés general”; 20% “a la protección y asistencia de las industrias básicas, relevamiento de la ganadería y desarrollo de la industria lechera, estímulo a la forestación y desenvolvimiento de la producción agrícola, porcina, avícola, frutícola y hortícola dentro del plan general que se aplicará” y que “tratará preferentemente a los pequeños y medianos productores”; 15% para obras públicas; 35% para compensar la caída en la recaudación de otros impuestos y un 10% para complementar los porcentajes anteriores si fuera necesario.

En Argentina, desde que asumió Roberto Lavagna como Ministro de Economía en 2003 hasta la fecha, se adoptó una política macroeconómica con el objetivo prioritario de mantener un tipo de cambio real competitivo. El punto de partida fue una crisis más profunda que la de Uruguay, incluyendo la moratoria de la deuda externa y la previa privatización de las empresas de servicios públicos. Como parte de esta política se establecieron impuestos a las exportaciones (retenciones) con bajo grado de transformación.

Como señalan los economistas del Plan Fénix las detracciones contribuyen a reducir en el mercado interno el precio de los alimentos que se exportan, permiten la apropiación social de la renta proveniente de los recursos naturales y contribuyen a aumentar los ingresos públicos, los que a su vez se podrían utilizar para subsidios. Entre 2004 y 2006 representaron un 10% de los ingresos públicos. Al mismo tiempo la producción de granos continuó creciendo y en 2010 alcanzó un nuevo máximo.

En el Uruguay las detracciones podrían gravar algunos productos de exportación con bajo grado de industrialización, como por ejemplo el ganado en pie, la lana sucia, los cueros, los granos y los productos forestales. El porcentaje se establecería sobre las ganancias extraordinarias, estimadas con la siguiente fórmula:

  1. se toma el año 2006 como base y se calcula un índice teniendo en cuenta la evolución de cuatro variables, los precios internacionales de las exportaciones seleccionadas, el tipo de cambio, la producción por hectárea y algún indicador de costos como el precio del combustible. Una aproximación más rigurosa se podría hacer con una paramétrica del costo de los rubros gravados.

  2. el porcentaje que supere el valor del período base, paga un impuesto con una tasa a definir. Por ejemplo, si en 2011 el precio internacional de la soja aumenta un 5%, y los demás índices son estables, el impuesto se paga sobre 5%; en cambio si el precio internacional aumenta un 5%, pero el dólar o la producción por hectárea baja un 5%, no se paga nada.

  3. a los productores pequeños y medianos, por ejemplo con una superficie hasta 1.000 hectáreas CONEAT, se les devuelve.

  4. entrarían en vigencia para el año agrícola siguiente a su aprobación, de modo que los productores tengan esta información antes de tomar las decisiones.

Si la detracción baja la rentabilidad de los rubros gravados, se promueve que los campos tengan otro uso que podría aumenta el nivel de producción y el empleo.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la presión fiscal en el agro entre 2007 y 2009 se ubicó en 6.5%, nivel muy bajo y además aproximadamente un 1% menor a la de los años 2005 y 2006 (Tambler 2010). El MGAP estimó que el margen bruto por hectárea en los últimos cinco años pasó de 16 a 51 dólares en la ganadería, de 31 a 339 dólares en la lechería, de 66 a 389 dólares en el trigo y de 180 a 252 dólares en el maíz; en los últimos cuatro de 95 a 269 en la soja y de 49 a 721 en el arroz.

c) Impuesto al movimiento internacional de capital

El ingreso de capital que no es para inversiones productivas se convierte en una base para la expansión del crédito y contribuye a la apreciación de la moneda nacional (Hausman et al 2005, OIT 2004). Para promover la transformación de la estructura productiva y las exportaciones, orientando la inversión, es necesario el mantenimiento de un tipo de cambio real estable y competitivo, así como desestimular el ingreso de capitales especulativos.

El aumento de la oferta de moneda extranjera contribuye a que baje la cotización de dólar lo que a su vez tiene efecto en que los productos importados son más baratos y en un aumento de su demanda desplazando a productos nacionales. Este proceso de entrada de capitales a corto plazo, expansión del crédito, atraso cambiario y aumento del consumo de bienes importados, fue uno de los componentes principales de la crisis del período 1999 – 2003.

En este momento tiene otro impacto negativo en el aumento del costo de la deuda pública. Una parte del ingreso de capital del exterior se convierte en moneda nacional y se coloca en Unidades Indexadas al IPC a un plazo de un año. Al cabo del mismo recibirá un ajuste por inflación de 7 a 8% según los pronósticos de los analistas privados y un interés en torno al 2%. Podrá volver a comprar los dólares a un precio muy parecido al de la venta original y como resultado obtendrá una rentabilidad entre 10 y 11% en dólares, niveles que no se logran en casi ningún lugar del mundo (un 1% menos descontando el impuesto a la renta).

El economista del Partido Nacional Javier de Haedo plantea bien el tema y con sus mismos argumentos se puede llegar a una conclusión diferente. Destaca que la deuda pública en moneda nacional ha llegado al 45% del total de la deuda y considera que “Este proceso, llevado adelante con inteligencia y aprovechando las oportunidades que los mercados nos han dado, ha restado vulnerabilidad a nuestras finanzas públicas, las que ya no temblarán ante una eventual devaluación de nuestra moneda. Como hemos visto muchas veces se trata de un seguro ante esas eventualidades, cuyo precio se paga en tiempo como los actuales, de fortaleza de la monedad nacional” (Suplemento Economía y Merca, diario El País, 11/04/11). Si se tiene en cuenta que no existe riesgo de devaluación y que por el contrario, el problema es la devaluación del dólar en un mundo inundado por esa moneda, se está pagando un seguro por una eventualidad que no va a ocurrir y por lo tanto no se justifica; la deuda en dólares vale cada día menos y la deuda en pesos cada día más.

En América Latina la mayor parte de los países se defienden del movimiento de los capitales especulativos con distintas medidas que restringen o desestimulan su ingreso. Stiglitz señala que “Si la prematura y mal manejada liberalización comercial fue perjudicial para los países subdesarrollados, en muchos sentidos la liberalización del mercado de capitales fue incluso peor” (2002). Las medidas más difundidas en los países latinoamericanos para desestimular el ingreso de capitales especulativos han sido poner impuestos a la entrada y salida, gravar las operaciones de cambio, aumentar los encajes sobre depósitos de no residentes o exigir un plazo mínimo de permanencia de seis a doce meses (Aghion et al 2003, Caprio et al 2003, Ffrench – Davis 2005, Hausman et al 2005, Stiglitz 2002).

3.2 La política salarial

Los salarios reales continuaron aumentando y el promedio durante el primer semestre de 2011 fue un 2.6% superior al mismo período del año anterior, similar para los salarios privados y los públicos (Cuadro 6). Si se tienen en cuenta los meses de julio y agosto que incluyen aumentos vigentes desde el 1º de julio para el sector privado, el aumento promedio es de 4.4% con un 6.8% en el sector privado y nulo en el público. El equipo del Área de Análisis de Coyuntura del IECON pronostica que el aumento del salario real promedio en el año será de 4.0 % como resultado de un aumento mayor en el sector privado y sin aumentos en el público.

En la actividad privada el mayor aumento corresponde a los salarios del comercio al por menor, que podría alcanzar a un 12% promedio del año y un 7% en hoteles y restaurantes. Los menores aumentos se observan en la construcción y el transporte, que se podría ubicar en un promedio del 2% en el año 2011. En el sector público el nivel máximo se alcanzó en el primer semestre de 2010, en el Gobierno Central principalmente, pero en los 14 meses siguientes se observa un nivel casi constante.

Como se ha visto un número muy importante de los trabajadores asalariados recibe ingresos menores a $ 10.000 por mes. La situación ya se observaba en 2006, “Como síntesis se puede destacar la mayor importancia relativa de los trabajadores por cuenta propia sin local entre los indigentes y de los asalariados privados entre los pobres. Entre los primeros, los de menores ingresos se insertaron principalmente en el comercio y la construcción. A su vez, casi la totalidad no se encontraban registrados en la seguridad social, es decir, no tuvieron ninguna cobertura. Entre los asalariados privados, los que presentaron menores ingresos se insertaron principalmente en el servicio doméstico, el comercio y la industria manufacturera (Notaro, Alonso y Perazzo 2006:20)

El actual gobierno mejoró la distribución del ingreso apoyando un importante aumento de los salarios más bajos; de las trabajadoras del servicio doméstico, en su mayoría pobres o indigentes, con grandes dificultades de organización por la dispersión de los lugares de trabajo; a los trabajadores del comercio en supermercados y tiendas y a los asalariados rurales.

De acuerdo a las proyecciones que acompañan el proyecto de Presupuesto presentado al Parlamento, la masa salarial, es decir el ingreso del total de los trabajadores asalariados, se puede calcular como el producto del salario real por el número de personas ocupadas. El aumento para los próximos cinco años sería de 23% de modo que el porcentaje que representa la en el PBI se mantiene sin cambios y menor a lo que era en el período 1997 – 2001.

Los aumentos del Salario Mínimo Nacional proyectados no contribuirán al objetivo de reducir la pobreza. En noviembre de 2011 para no ser pobre se precisa un ingreso de $ 7.746 por personas por mes en Montevideo (Ver www.ine.gub). De acuerdo a las proyecciones de inflación del MEF y las privadas, se puede estimar que aumentará no menos 5% en 2012 y 4% en 2013. Es probable por lo tanto que los trabajadores que ganan el salario mínimo nacional y vivan en Montevideo, continuaran siendo pobres hasta 2013.

Dos aspectos de la política laboral del Poder Ejecutivo no contribuyen a mejorar la distribución del ingreso y reducir la pobreza:

  1. con la aprobación de la ley marco de las negociaciones colectivas para el sector privado a fines de 2009, el gobierno renunció a la facultad de fijar todos los salarios por decreto. Debería haber retomado su papel de mediador entre el capital y el trabajo en los Consejos de Salarios y no definir “lineamientos” que incorporan un tercer punto de vista que pone un techo a los aumentos. Un ejemplo fue el transporte colectivo de pasajeros urbanos, en el que el sindicato aspiraba a un aumento del 4% anual del salario real y el Poder Ejecutivo con la representación patronal resolvieron un 2% , subordinando el aumento a las metas de inflación del MEF.

  1. los lineamientos mejoraron las pautas del período anterior al incorporar indicadores de capacidad de pago de las empresas como criterio para los aumentos de salarios. Pero lo relativizan por el aumento de la ocupación, con lo cual los aumentos de salarios reales sólo se pagan si hay aumento de la productividad del trabajo y como consecuencia no tienen efecto redistributivo

4. La distribución de la riqueza

Una definición sencilla de riqueza la suma de todos los activos menos los pasivos. Entre los activos se puede citar como ejemplos de bienes materiales la tierra y la vivienda, y en un inventario detallado se podría incluir el mobiliario, la vestimenta y la vajilla. Los casos más difundidos de activos financieros son los depósitos bancarios, las acciones de capital de empresas o los títulos de deuda pública. Los pasivos son todas las deudas, desde una hipoteca sobre la vivienda, con un comercio por la compra de un electrodoméstico o en trarjeta de crédito.

Como antecedentes en el país se pueden citar la investigación de Trías (1960) que identificó la concentración de la propiedad de la tierra, de la industria y de los bancos en un reducido grupo de familias. Su objetivo era analizar las interrelaciones entre las diversas fracciones del capital local y externo, es decir, la riqueza que se utiliza en las relaciones sociales para genera más riqueza, conocimiento que a su vez fue la base para el diseño de estrategias políticas

Para redistribuir la riqueza es necesario aumentar los activos de los muchos que no tienen o tienen poco, como por ejemplo tierra o vivienda. La política de promoción de inversiones también puede tener objetivos de redistribución de la riqueza contribuyendo a que los que tienen pequeñas propiedades las aumenten y no las pierdan y en segundo lugar, promoviendo el fortalecimiento de nuevas formas de propiedad y de gestión asociativa. En particular:

i) el MGAP registra 32.000 productores agropecuarios familiares que precisan medidas de apoyo para mejorar su productividad y sus ingresos, como por ejemplo tierra, créditos baratos, asesoramiento técnico, capacitación y apoyo en la comercialización para tener acceso a la demanda y a buenos precios. Para lograr mejores ingresos es precondición la redistribución de la riqueza facilitando el aumento de la superficie trabajada..

ii) La creación de un frigorífico lleva a revisar la experiencia de intervención estatal. Existe un punto de referencia muy importante como Conaprole que tiene un Directorio con representantes de los productores y el Estado; en el frigorífico se podría integrar también a representantes de los trabajadores. Conaprole tuvo el abastecimiento monopólico de leche a Montevideo, con precios regulados, asegurando buen precio al pequeño productor, cubriendo costos de funcionamiento y promoviendo el consumo de leche.

En un plano más general, se podrían implementar empresas de propiedad estatal y gestión privada participativa. La propiedad de los bienes de las empresas sería del Estado, de modo que no se puede vender y al mismo tiempo tendría un fácil acceso al crédito así como condiciones especiales del BROU. La gestión estaría a cargo de directorios integrados por representantes de los trabajadores, de las principales empresas proveedoras o compradoras y del Estado.

En el caso del frigorífico el directorio podría integrarse con representantes de los productores familiares remitentes de ganado, de los trabajadores y del Estado.

iii) las cooperativas de trabajadores, las empresas recuperadas y las empresas con distintas formas de participación de los trabajadores en la propiedad del capital o en la gestión. Precisan medidas de apoyo como las mencionadas en i).

iv) las pequeñas y medianas empresas son un conjunto heterogéneo. Se requiere un diagnóstico que permita identificar las actividades y empresas con potencial y apoyarlas con medidas similares a las mencionadas en i)

v) los grupos sociales excluidos por el desempleo de larga duración, la deserción del sistema educativo y la segregación territorial en los asentamientos. Se requiere una estrategia de inclusión que combine políticas de empleo, de educación, de vivienda y de medio ambiente, con participación de los potenciales beneficiarios en la definición de prioridades así como en el diseño y la ejecución de las actividades.
vi) las cooperativas de vivienda y en particular, por ayuda mutua, que al mismo tiempo que contribuyen a la redistribución de la riqueza facilitando el acceso a la vivienda de familias de bajos ingresos, desarrollan prácticas solidarias y de cooperación que construyen ciudadanía y consolidan la democracia.

La política de promoción de inversiones no incorporó ninguno de estos aspectos, favoreció a las grandes inversiones extranjeras y contribuyó a la concentración y extranjerización de la riqueza.

5. Balance a fines de diciembre de 2011

El debate sobre la distribución del ingreso está perseguido por un fantasma: el peligro de ahuyentar a las inversiones extranjeras con la carga tributaria, los niveles de salarios o los conflictos laborales.

La consideración del sistema tributario como tal no implica que no se puedan modificar las tasas del IRPF o del IRAE. Las tasas vigentes no surgieron de ningún estudio científico sino que fueron el resultado de negociaciones políticas. Posteriormente mediante un decreto hubo cambios en los estímulos a la inversión con el objetivo de orientarlas hacia las zonas menos pobladas, la innovación tecnológica y la creación de empleos de calidad.

La actual crisis en la Unión Europea así como la lenta recuperación de la economía norteamericana empuja a los capitales a la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión, en particular, en los recursos naturales de las economías dependientes incluyendo las de América Latina. La localización de las inversiones en un país o en otro en un problema relativo, comparando lo que ofrecen distintos países. El país ofrece ventajas como la independencia y honestidad del Poder Judicial, la estabilidad económica y política, el nivel educativo de su población, la infraestructura de transporte y comunicaciones, la localización entre Argentina y Brasil así como la participación en el MERCOSUR.

Hyman (1989) reconoce que las luchas sindicales y las medidas de los gobiernos en economías capitalistas deben tener en cuenta la posición privilegiada del capital en la sociedad y en el Estado por la importancia de sus decisiones de inversión y producción en la estabilidad económica. Al mismo tiempo consideraba que el conflicto y la huelga son expresiones de la creatividad de la clase trabajadora y manifestación de su capacidad de cooperación.

El reconocimiento de la dominación del capital no impide utilizar al máximo los márgenes disponibles por el gobierno para sus decisiones de política económica, que son la resultante de un conjunto de fuerzas económicas, sociales y políticas contradictorias. Las medidas de luchas del movimiento sindical dan un respaldo al gobierno para enfrentar el poder del capital. De lo contrario se generan ganancias extraordinarias y como contrapartida más pobreza que la inevitable. Cuando se discutió la reforma tributaria el equipo económico proponía menos impuestos al capital y a sus ingresos de los que finalmente se aprobaron; estimó mal los límites de lo posible.

En Uruguay a principios del siglo XXI hay que respetar al capital sin tenerle miedo ni olvidar que es imprescindible erosionar su poder progresivamente si se aspira a construir una sociedad sin dominación ni explotación, con una real igualdad de oportunidades. La delimitación de grupos sociales de acuerdo a las categorías ocupacionales y los tipos de ocupación, la identificación del número de integrantes y de sus niveles de ingresos, son un insumo necesario para el diseño de programas y estrategias políticas.

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