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En cuanto a la educación. ALDO SCARPA

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Enero de 2012

¿Cómo te digo una cosa, te digo la otra?

Según la atmósfera que nos rodea enero ha amanecido con “buenas nuevas” para la educación. Sí. Puede que se haya alcanzado un “acuerdo multipartidario” impostergable. Resulta que la educación uruguaya es víctima de una original crisis que amenaza hundir al país en el infierno. Por eso, ante semejante situación los partidos tradicionales y los grandes medios de comunicación han actuado con celeridad generosa. Todas son buenas intenciones, todo es neutralidad. ¿Quién puede sospechar ante cuestión tan sensible intereses políticos, arena de la lucha ideológica, campo de disputa de la hegemonía? Y tanta generosidad quizás haya abrumado a nuestro gobierno. Uno tiene la impresión de que los partidos tradicionales y los grandes medios de comunicación han presionado a nuestro gobierno (y al FA), se han encargado de poner la música y nosotros sólo bailamos a su ritmo, y a la defensiva. ¿Tenemos una concepción consensuada sobre la educación, prioridades propias, un discurso, un lenguaje, utilizamos nuestras categorías? Han censurado (nos hemos autocensurado) nuestro pensamiento, han declarado inválidas (hemos invalidado) nuestras posiciones políticas. Estamos a la intemperie. Y así, desnudos, nos sientan a negociar. Ninguna ingenuidad; el bloque conservador, más allá de sus dificultades, sabe lo que quiere y a donde va.

1) En su audición de M 24 del día 25 de enero el compañero Mujica dijo que se había establecido la integración de los organismos de dirección de la ANEP de una manera determinada, pero que la experiencia demostró que con esta integración y funcionamiento las propuestas del Poder Ejecutivo podían quedar en minoría (¿?). De allí los cambios “acordados” con los partidos de la oposición. O sea, el compañero Mujica nos dice que en un organismo democrático cualquiera de sus miembros puede quedar en minoría, sus posiciones pueden ser derrotadas (¿?). Precisamente, entre otras cosas, de eso se trata la democracia. Y, precisamente, por eso la importancia de la autonomía en la tradición de la educación uruguaya y el movimiento reformador latinoamericano. La autonomía del poder político facilitó la resistencia, detención y en ocasiones contribuyó a impedir la aplicación de políticas y planes retrógrados. ¿Cree el compañero Mujica que tras la ofensiva neoliberal de las décadas precedentes fue intrascendente el papel desempeñado por la autonomía y el cogobierno en la lucha del movimiento popular por la preservación de una universidad pública y gratuita? Alcanzaría con mirar lo ocurrido en países hermanos. Precisamente porque comprende la trascendencia de la autonomía y el cogobierno en la construcción de un nuevo tipo de democracia es que el bloque conservador se opuso (y se opone) sistemáticamente a la autonomía y a la única forma que es viable democráticamente: el cogobierno. Semejante organización crea condiciones hasta ahora no superadas en un tipo de sociedad como la nuestra para que sectores subalternos puedan incidir en los rumbos de instituciones estatales y tomen contacto con su gestión. O sea, amplia los campos de democratización social y estatal, vía definida por nuestro FA para aproximarse a sus objetivos transformadores.

Es evidente que el bloque conservador, los partidos tradicionales, no comparten esta visión de sociedad y de estado. Y razón les asiste, basta comprobar cómo manejaron a su antojo los destinos de la ANEP durante décadas. No sólo los conservadores uruguayos lo saben bien, sino sus hermanos latinoamericanos que donde y cuando pudieron arrasaron en las décadas precedentes con estos principios y tradiciones del movimiento democrático y reformador del continente. ¿O contra qué y en pro de qué se despliega el actual movimiento estudiantil chileno? Si en Uruguay no surge un movimiento de estas características es, entre otras cosas, gracias a que el movimiento estudiantil y popular derrotó la ofensiva de los años 90 contra la gratuidad, la autonomía y el cogobierno universitario, brega facilitada por la vigencia de la autonomía y el cogobierno. No es conveniente sacrificar los principios y las mejores tradiciones del movimiento popular y la izquierda en aras de la resolución de dificultades coyunturales, orientados por una visión cortoplacista bajo el influjo de una derecha travestida en corderitos “acuerdistas”. Más vale pensar en el futuro. (¡Y ojo! En torno a la supuesta significativa diferencia entre el “doble voto” y la propuesta de un miembro más del sector político en el CODICEN en cuanto al poder para esterilizar la autonomía, basta con prestar atención a las declaraciones de Amorin Batlle del 26 de enero: se trata de matices, lo sustancial es que con el “doble voto” “devolvemos” el control al poder político, dice el dirigente colorado).

2) En este asunto parece que se expresa un fenómeno que todo indica ha tendido a expandirse. Es decir, el FA (y cuando digo FA me estoy refiriendo al conjunto dialéctico fuerza política-gobierno, no a la visión que hemos difundido hasta establecer una relación metafísica en nuestras cabezas donde el gobierno sería una cosa y la fuerza política otra, como si no hubiera una dependencia y determinación mutua), ha recorrido y está recorriendo un proceso negativo, paradójico y sumamente peligroso para la perspectiva histórica del cambio social en nuestro país. Esto es, el riesgo de que se produzca (¿o ya se esté produciendo?) un divorcio y desgarramiento entre su base social, material, y su existencia política. Proceso por el cual su existencia se tornaría irreal, irracional o, peor aún, se perpetuaría en una vida desnaturalizada. Desde hace unos años nos venimos enfrentando al gremio de los trabajadores municipales de Montevideo, más tarde con los docentes de la ANEP, con los trabajadores de AFE, después con el conjunto de los trabajadores públicos, llegando a la situación impensada de un duro conflicto con parte considerable de uno de los gremios más “moderados” (según las definiciones simplonas y superficiales hoy en boga), los trabajadores de la banca oficial ¿Es que el conciente y maduro movimiento obrero uruguayo se ha hundido en el infantilismo y el “corporativismo” desde que el FA llegó al gobierno? ¿Es que se trata de una “patología” que tiende a expandirse en el movimiento? En todo caso, ¿nada tiene que ver el FA y su gobierno en la aparición de esta “patología”? ¿O es que estas organizaciones gremiales “corporativas” no representan a las masas de sus trabajadores? Pero, ¿ésta no era la acusación que históricamente los sectores más reaccionarios del bloque conservador lanzaban sobre nuestro movimiento sindical? Toda organización política con perspectivas ciertas de convertirse en actor político real en el acontecer político de una sociedad nace como expresión y potencial dirección, mediado por multilaterales y complejos vínculos, de un grupo o bloque social determinado. Y realizar el objetivo de ser expresión y dirección de estos intereses sociales no es posible concibiéndolos como una masa abstracta, sino como fuerza histórica concreta que ha iniciado su vida independiente; o sea, a establecer sus formas organizativas y a elaborar una concepción propia. No es posible establecer una nueva hegemonía social mediante “mayorías silenciosas” y desorganizadas (salvo que la nueva hegemonía sea la de un grupo minoritario de la sociedad que ya la haya conquistado y el objetivo político principal sea mantenerla y consolidarla; entonces su tarea fundamental será crear las condiciones para que los grupos subalternos continúen absorbiendo mecánicamente su concepción y forma de vida). Si la lucha es por establecer la definitiva hegemonía de las mayorías, no en el sentido abstracto-burgués de la unilateralidad e irrealidad del ciudadano, sino de las clases subalternas, entonces necesitamos mayorías organizadas y bulliciosas. Pero, ¿qué le está pasando al FA y a nuestro gobierno? El que antes era nuestro hábitat natural parece haberse tornado terreno movedizo, “en el que no hacemos pie”. El problema es: recuperamos nuestra concepción como izquierda para orientar la acción política y “volver hacer pie” en nuestro hábitat natural condición de nuestra existencia y fortaleza; o, continuamos profundizando este divorcio, atajo suicida cuyo destino es conocido y ningún compañero desea. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué tiene que ver con los “acuerdos” en la enseñanza y el “doble voto” de los presidentes en los organismos de dirección? Pues, que en lo sustancial estas medidas responden a la desconfianza y al temor de no poder controlar a los trabajadores organizados (lo que resulta natural en los partidos tradicionales, es síntoma de enfermedad en el FA). ¿Por qué hago esta afirmación? Porque si somos consecuentes con el proceso histórico que llevó al nacimiento del FA, en las cuestiones definitorias el FA y los gremios votarían juntos y tendrían mayoría las posiciones del Ejecutivo; y, cuando no fuera así, por no tratarse de intereses antagónicas, una dirección que esté cumpliendo su función sabría conducir las negociaciones e ir construyendo los acuerdos. En cambio, el FA no debería confiar más que en acuerdos circunstanciales con los partidos tradicionales y estar alerta a una permanente y sostenida confrontación en los temas fundamentales. Entonces, ¿por qué sería necesario el “doble voto”? En los consejos la suma de los votos del gobierno y los gremios le darían la mayoría a las posiciones del Ejecutivo y el control de la educación mediante la construcción de los instrumentos de una hegemonía compartida entre el poder político progresista y las fuerzas subalternas de la sociedad civil coadyuvando a una verdadera reforma del estado en tanto aparato de dirección-dominio, consenso-coerción; el camino más propicio para la radicalización democrática que avance hacia la liberación nacional y social. E incluso, ante un traspié electoral de la izquierda no quedaría, como antes, la enseñanza a merced de la derecha ya que se mantendrían los representantes sociales y el gobierno no tendría el “doble voto”, por lo cual el bloque conservador se vería obligado, en todo caso, a pagar el precio político de negar la participación a la mayoría de la oposición (el FA). Sin embargo, el gobierno parece mirar con igual desconfianza, no distinguir entre su base social y sus adversarios (y posibles enemigos). El FA (gobierno-fuerza política) debería comprender la urgente necesidad de lanzarse a recomponer la hegemonía en la sociedad civil aunque esto lleve tiempo y sacrificios y no tomar el atajo suicida de querer solucionar los problemas políticos fundamentales de la lucha de clases a través de normas burocráticas que profundicen la brecha ya abierta entre el gobierno de los grupos subalternos y estos mismos grupos.

3) En la misma audición de M 24 el compañero Mujica agregó que la Ley ha dado participación en la conducción de la educación al “sistema político”, a los representantes gremiales, etc. Pero, ahora se trataría de otorgar participación a quienes tienen el “principal derecho”: los estudiantes. Hay que ver que tienen para decir los “muchachos y las muchachas” dice el compañero. Totalmente de acuerdo. Entonces hay que resolver el problema siguiente: ¿cómo vamos a conocer ese pensamiento de nuestros “muchachos y muchachas”?. Supongo que no intentaremos hacerlo mediante formas de expresión individual, de “muchachos y muchachas” aislados o a través de alguna encuesta, etc. Evidentemente, todos los dirigentes del FA pensarán en la insustituible necesidad de la organización gremial, educarán entre sus dirigidos y contribuirán a difundir en la sociedad la importancia de la organización gremial de los jóvenes, la discusión y la lucha por sus intereses. Darán paso, más aún, promoverán dentro de sus posibilidades todo intento de organización gremial estudiantil. ¡Sí!, estamos cien por ciento de acuerdo. Pero…, se nos puede presentar otro problema. ¿Y cuando esto ocurra? Cuando este movimiento estudiantil con su enorme tradición en el país se reorganice, se fortalezca, avance en los niveles de movilización y reclamos; ¿qué haremos?, ¿acusaremos de “corporativos” a esos “muchachos y muchachas” como los llama tan paternalmente el compañero Mujica?, ¿o propondremos el “voto cuádruple” del presidente del CODICEN y los desconcentrados? Porque ese movimiento estudiantil, si es independiente y no se lo subordina, tendría conciencia de sus mejores tradiciones y se sabrá heredero de la más rica historia de Latinoamérica y el Uruguay e integrará inmediatamente los principios de la defensa de la educación pública, la gratuidad, la laicidad y la autonomía y el cogobierno como sus definiciones orientadoras. ¿O tan poco conocemos nuestra historia, el proceso sociopolítico uruguayo?

¿O no tenemos presentes las condiciones materiales que determinan el carácter avanzado de los movimientos populares del continente, y el carácter potencialmente radical del estudiantado latinoamericano? Sólo si cometemos el error criminal de confundir hegemonía con subordinación a la organización política (notorio síntoma de incapacidad política) y lo esterilizamos, el movimiento puede abandonar momentáneamente estas características.

4) El mismo 25 de enero el compañero Mahía respondía a los periodistas sobre estos temas. Decía el compañero que los “acuerdos multipartidarios” sobre educación son trascendentales y que todos los partidos los apoyan. Inmediatamente afirmaba que no sería conveniente ni coherente que justamente la fuerza política del presidente no los apoye. Bien; parece lógico. Lo que no es lógico es que, ante otras preguntas de los periodistas, el compañero reconoce que la estructura del FA aún no se ha reunido para discutir el tema y, por lo tanto, no conoce los “acuerdos”. ¿Cuál es el orden de las cosas? ¿Primero discute la fuerza política y luego acordamos o primero acuerdo y comprometo a la fuerza política ante los “hechos consumados” condicionando el debate interno y las resoluciones con la amenaza de “no dejar sólo al gobierno”? ¿Cómo funciona la democracia? ¿Qué es lo antidemocrático; la estructura “vieja”, “ortodoxa”, “vacía”, “no representativa”, etc., del FA o esta forma de hacer política?

5) También el 25 de enero el compañero Jorge Brovetto se refirió a estos asuntos ante los requerimientos de los periodistas. Sobre la “Universidad Tecnológica” dijo que también se le podía llamar Instituto Tecnológico Superior, pero que la denominación más apropiada sería la de “Instituto Politécnico”. Por supuesto que no se trata de una cuestión de nombres; pero esta formulación tiene la virtud de plantear con toda claridad una vieja discusión de los años 90 en la UDELAR (desgraciadamente sólo la Universidad estuvo a la altura de analizar este tema con tanta “anticipación”, el “sistema político” y los grandes medios de comunicación, tan preocupados hoy por la supuesta “crisis de la educación”, no se enteraron o no les interesó tratarlo entonces con la profundidad debida, quizás todavía no habían “descubierto” o los organismos internacionales no les habían “advertido” de la hoy famosa “crisis de la educación” uruguaya). Volviendo al tema; ¿por qué en sus ocho años de rectorado en la UDELAR, cuando la propuesta de creación de politécnicos estuvo sobre la mesa, el compañero Brovetto no la promovió? ¿Quizás no la compartía? Más aún; ¿Porqué ayer la combatimos juntos como FEUU, con otros actores y gremios universitarios, etc. y hoy la aceptamos alegremente sin enriquecer al FA y a la sociedad con una discusión fundamental para la educación pública uruguaya? ¿Alguien recuerda la defensa de la UDELAR como única universidad pública, objeto predilecto de los ataques más groseros del bloque conservador? ¿A alguien le interesa las serias discusiones de entonces sobre los riesgos de creación de una educación superior de primer nivel para una élite y otra para “pobres”?. Por otra parte, esta cuestión reviste otras consideraciones de importancia que parecen descuidarse ante las urgencias de superar cuanto antes la “crisis de la educación”. Una de las críticas que la izquierda y el movimiento popular realizó a la situación a la que llevaron los sucesivos gobiernos de los partidos tradicionales a la educación pública fue la fragmentación, la irracionalidad, la multiplicación innecesaria de estructuras, cátedras, etc., que dificultaba un tránsito fluido, perjudicando especialmente a los estudiantes. Pues bien, ¿qué ocurrirá ahora? Porque esta situación se generó con dos entes autónomos, pero nuestro gobierno tiene planificado multiplicarlos por dos (por ahora). Es decir; UDELAR, ANEP, Universidad de la Educación (o como se la llame) y la Universidad Tecnológica o Instituto Politécnico. Recuerdo que en el plenario del Congreso de la Educación escuché con asombro y no negaré que con cierta inquietud a un delegado de los trabajadores de UTU reivindicando la creación de cinco entes autónomos (Primaria, Secundaria, UTU, Formación Docente, UDELAR). ¡Esto sí que era expresión del más estrecho y chato corporativismo! Y nuestro gobierno que adquirió la mala costumbre de calificar los reclamos de los gremios de trabajadores de corporativismo, cuando se trata de verdadero corporativismo lo fomenta. La propuesta de aquel delegado en el plenario del Congreso de la Educación me parecía un disparate. Sin embargo, el gobierno del FA picaneado por las “desinteresadas” propuestas de los partidos tradicionales, los apuros de los grandes medios de comunicación prestos siempre a fomentar la cultura y las “inteligentes” propuestas de uno u otro actor que aparecen en ese propicio caldo de cultivo del desconcierto; ¿emulará al delegado del Congreso?. Todo parece indicar que la desorientación política que campea en la izquierda puede hacer que la realidad supere a la ficción. Recuerdo que cuando discutíamos sobre la Ley de Educación en el plenario de la Coordinadora B, en ocasión que habíamos invitado a un grupo de expositores sobre el tema, el compañero Ortuño debió realizar la acrobática maniobra de argumentar a favor de terminar con la fragmentación del sistema educativo y al mismo tiempo explicar la creación de la Universidad de la Educación. El problema es que con la proliferación de estas instituciones seguimos estableciendo y consolidando feudos, espacios de poder, sentimientos corporativos, identidades falsas y alienantes. Y después desmontarlas se torna tarea titánica. Pensar que cuando propusimos la reforma de la universidad en la VIII Convención de la FEUU en 1997, compartida en general por el compañero Brovetto, recorríamos un camino en sentido inverso: superar el sistema “feudalizado” de facultades por la creación de áreas de tránsito fluido. ¿Por qué crear una Universidad de la Educación si la Licenciatura de Ciencias de la Educación y la formación de los docentes de Educación Física están dentro de la UDELAR? ¿Por qué no crear una nueva área de conocimiento en la UDELAR, con autonomía propia como todas las áreas, donde se unifiquen todas estas disciplinas ligadas a la enseñanza y se generen las condiciones para unificar investigación y docencia? ¿Por qué seguir fragmentando? Por intencionalidad política en unos casos y por el más estrecho corporativismo, en este caso sí que es válida la utilización del concepto, y la consolidación de espacios propios de poder. ¿Cuántas estructuras, institutos, cátedras, etc., se superpondrán irracionalmente? ¿Cuántas dificultades accesorias se crearán para el tránsito libre de los estudiantes en la estructura del sistema superior de enseñanza? ¿Cómo se financiarán? ¿Cuánto dinero, aquí sí, se puede malgastar? Pero además, ¿de quién fue el interés de separar la educación media de la UDELAR? ¿Y cuál fue la posición histórica del movimiento popular? ¿Por qué los delegados del gremio de estudiantes de magisterio, del CEIPA y de Formación de Educación Física integraban el Consejo Federal de la FEUU con voz y voto, como miembros plenos?, etc., etc.

6) Hablando de estos temas. ¿Qué ha ocurrido con la Ley de Ordenamiento y Regulación de la Enseñanza Terciaria, promulgada en 1995 por el segundo gobierno de Sanguinetti? Recordemos que la FEUU, la Intergremial Universitaria, la UDELAR y también el FA la rechazaron. Los objetivos del gobierno de Sanguinetti eran aislar a la UDELAR y recortar su autonomía, en tanto promovía la privatización y mercantilización de la educación superior. Hoy, a ocho años de gobierno frenteamplista la norma sigue intacta y vigente. Mientras la ANEP mantiene, como debe ser, en tanto ente autónomo la exclusiva potestad de acreditar los institutos de enseñanza primaria y media privados; la UDELAR, la institución que produce casi todo el conocimiento que se crea en el país, en la tan mentada “sociedad del conocimiento” ha visto recortada su autonomía y perdió la potestad de definir qué es educación universitaria. Casualmente, la derecha no tiene entre sus prioridades para salvar a la educación pública de su crisis este asunto; por el contrario, siempre que puedan impulsarán un mayor despojo a la UDELAR y la privatización de la educación superior. ¿Y cuál es la política de nuestro gobierno?

7) En otra instancia de discusión sobre la Ley de Educación en el plenario de la Coordinadora B, anterior a la referida precedentemente, preguntamos con otros compañeros al compañero Mahía En cuanto a su opinión acerca de un artículo del proyecto de ley que decía más o menos así: El estado debe garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes. Mahía sostuvo, al igual que nosotros, que poner en una ley que el estado debe garantizar el egreso era un disparate que había que excluir del proyecto. Sin embargo, unas semanas después el compañero Mahía votaba el proyecto en el Parlamento sin ningún cambio de dicho artículo. Unas semanas más tarde, ya próxima la aprobación parlamentaria del proyecto, una vez más en el plenario de la Coordinadora B solicitamos la opinión sobre el artículo referido al compañero Roque Arregui. El compañero nos respondió que en el proyecto no había un tal artículo. Con otros compañeros le indicamos en qué lugar del proyecto se encontraba, el número del artículo y lo leímos en voz alta. El compañero no emitió opinión. Insistimos en el artículo porque creíamos y creemos que no es cuestión baladí. Expresa toda una concepción de la educación. No era nueva en la educación pública uruguaya. Desde hacía años, bastante antes del primer gobierno frenteamplista, se presionaba (presiona) a los docentes con los puntajes que se les adjudican, etc., según la cantidad de estudiantes que tienen promedio insuficiente, según los que salvan o pierden los cursos, etc. Por supuesto, acá no es de recibo el superficial y estúpido argumento de que alcanza con la resistencia del docente, que no se deje presionar; es un problema de concepción, de política educativa.

Y, desgraciadamente, los acontecimientos posteriores parecen confirmar nuestros temores. El 27 de octubre de 2011 la agencia de noticias UyPress transcribe afirmaciones del Director del Ministerio de Educación compañero Luis Garibaldi. Allí puede leerse: Garibaldi propone cambiar el sistema de repetición para que sólo se aplique a “casos excepcionales”. “Creo que hay que tender a reducirla mucho (la repetición), por lo menos. Estudiar caso a caso y que se aplique en situaciones excepcionales”. ¿Qué significa esto?. ¿Esta posición expresa la concepción educativa del Frente Amplio? Por supuesto que no se trata de hacer repetir estudiantes. Por el contrario, hay que esforzarse para que eso ocurra lo menos posible, pero esto no es tarea exclusiva del docente, Al estudiante hay que educarlo en la responsabilidad y el esfuerzo. Y este no es un problema educativo, es un problema político; se trata de la concepción de sociedad y de hombre que estamos impulsando. Ahora, la cuestión puede que sea más seria y grave, ¿el objetivo es alcanzar de cualquier manera los índices de promoción que nos exigen ciertos organismos internacionales?. Si fuera así, ¿qué aportaría esto al nivel y calidad educativa y cultural real de nuestra sociedad? ¿Y a los individuos supuestamente beneficiados?

8) Se ha hecho parte del sentido común afirmar que vivimos en la “sociedad del conocimiento”, que es necesario educar a los jóvenes para esta sociedad. Más aún, se sostiene que el factor que va a determinar el desarrollo de un país es su capacidad de creación de conocimiento, su potencial científico-tecnológico. Ahora bien, en la misma nota de UyPress puede leerse la siguiente afirmación del compañero Garibaldi: “Hoy no estamos formando para la universidad, estamos formando para la vida”. (No puedo detenerme en el sintomático hecho de que el compañero en menos de una carilla y media califica cuatro veces de conservadores y autoritarios suponemos que a todos los que tenemos alguna discrepancia con él, en principio no hay discriminación, estamos todos en la misma bolsa). Pero volvamos. ¿Por qué afirma esto el compañero? Si vamos (o estamos), como tanto se insiste a la “sociedad del conocimiento”, ¿qué sentido tiene plantearse que no formamos para un conocimiento universitario? ¿no es en este nivel donde, fundamentalmente, se crea conocimiento nuevo?. Y en el Uruguay, ¿qué otra institución crea el volumen de conocimiento que produce la UDELAR?. En esta época, ¿es suficiente una cantidad probablemente menor a los cien mil estudiantes universitarios en un país de más de tres millones de habitantes? Naturalmente, no estoy diciendo que el cien por ciento de los jóvenes realice estudios universitarios ni negando la existencia de otras opciones; me refiero a una definición de política educativa. Y, desde este punto de vista, ¿qué sentido tiene poner el acento en esta distinción precisamente en este momento histórico en que la tendencia parece indicar una cada vez mayor masificación de la educación universitaria? ¿No deberíamos promover que, en lo posible, un número cada vez mayor de estudiantes accedan a los conocimientos universitarios?. Pero, ¿qué significa “formar para la vida” en oposición a “formar para la universidad”?.

Hasta aquí algunos ejemplos referidos a grandes temas sobre la cuestión educativa que expresan las contradicciones políticas, ¿la incoherencia?, ¿la improvisación?, ¿o a esta altura la total orfandad del FA en este terreno?. Esta situación parece el resultado de la ausencia de un tratamiento profundo o, mejor dicho, de una concepción alternativa sobre la que se hayan construido reales y sólidos consensos.

El problema es serio. Porque una transformación social, una revolución, no es producto de un conjunto de medidas económicas aisladas. Es un gran problema cultural, en el sentido más amplio y profundo de la palabra. Toda transformación social se define por el establecimiento de una hegemonía alternativa sobre la que ha surgido un nuevo consenso social; no entre fuerzas antagónicas, adversarias o enemigas, sino entre fuerzas con intereses que tienden a coincidir, más aún, fuerzas que necesariamente deben unirse para adquirir existencia histórica independiente. Es, por lo tanto, una unidad real, no artificial, autoritaria. Sólo sobre este consenso social producto de una nueva dirección (y no en perjuicio del mismo), puede el nuevo bloque social y político influir, presionar o coaccionar a las fuerzas adversas o contradictorias para aislarlas o neutralizarlas. Pero,… ¿cuánto hemos avanzado en esta tarea?. O, peor aún, ¿cuánto hemos retrocedido?

ALDO SCARPA -Comité “28 de noviembre de 2012” – Coordinadora “B”
Enero de 2012

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