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Nuestra América

Visiones sobre el socialismo que guían los cambios actuales en Cuba. Camila Piñeiro Harnecker

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Centro de Estudios de la Economía Cubana
La forma que tome el nuevo modelo cubano dependerá de la influencia relativa de maneras diferentes de entender el socialismo y visualizar el futuro de Cuba. Aunque estas posiciones o corrientes de pensamiento, por lo general, coinciden en que el principal objetivo a largo plazo debe ser una sociedad más justa y liberada de las dificultades económicas que hoy enfrentamos, difieren notablemente en su manera de entender la justicia y la libertad, y, por lo tanto, el socialismo. Comparten en gran medida el diagnóstico sintomático de la situación actual, pero identifican distintas causas de fondo y soluciones para esos problemas. Asimismo, tienden a establecer disímiles metas a corto y mediano plazo, y, más importante aún, a proponer diversos medios para alcanzar esos objetivos, por lo que —aunque no siempre se reconoce— nos conducen hacia diferentes estadios.
Este trabajo identifica las tres principales posiciones o visiones del socialismo en Cuba que están influyendo en los cambios actuales: la estatista, la economicista y la autogestionaria. Estas no son más que herramientas de análisis para caracterizar a grandes rasgos los enfoques existentes en la Isla sobre lo que es necesario para salvar el proyecto socialista cubano.1 El único propósito de su uso es señalar las ideas que más los identifican, pues en realidad aun las personas que pueden caracterizarse más claramente por una de las posiciones, comparten algunos puntos con las otras. Los contrastes de las tres corrientes de pensamiento pueden observarse cuando se analizan los objetivos que persiguen sus visiones de socialismo. Ello se refleja en los problemas fundamentales que identifican en la sociedad cubana de hoy y en las soluciones que proponen, al evidenciar sus disímiles estrategias para la construcción socialista.2

Las observaciones expuestas aquí se basan en el análisis desprejuiciado del discurso público —declaraciones oficiales, debates formales e informales, afirmaciones en medios de comunicación— y publicaciones —académicas, periodísticas— de cubanos en los últimos años. El objetivo de este trabajo es contribuir al debate esclareciendo las posiciones más importantes, para así facilitar consensos sobre cuestiones tan centrales como cuáles son los objetivos de los cambios que se están experimentando y qué medios son más efectivos para lograrlos.

Visiones que emergen de varias corrientes de pensamiento
Estatistas: Perfeccionemos el socialismo de Estado

El principal objetivo del socialismo para los estatistas es un Estado representativo bien administrado, que controle la sociedad. Su énfasis está en lograr un Estado fuerte; no uno más grande, sino uno que funcione correctamente y asegure que los subordinados cumplan con las tareas asignadas. Los representantes de esta corriente hacen hincapié en que el cubano es un Estado distinto del de los países capitalistas: que es «socialista» porque responde a los intereses de los trabajadores y no a los de los capitalistas.
Según los estatistas, la forma más adecuada para proporcionar los bienes y servicios que todos los ciudadanos necesitan para satisfacer sus necesidades básicas es un Estado centralizado a través de una estructura vertical. Para ellos, la coordinación horizontal de actores autónomos, individuales o colectivos, no es posible y genera caos. Aunque, ante las deficiencias de la planificación autoritaria, algunos han aceptado cierta presencia de las relaciones de mercado como algo inevitable. Las organizaciones autónomas —sobre todo las gestionadas democráticamente— generan conflictos y promueven la desintegración social. Según esta vertiente del socialismo, los ciudadanos no están preparados para administrar sus propios asuntos, y si se les da la oportunidad de participar en la toma de decisiones únicamente tendrán en cuenta sus intereses individuales estrechos y cortoplacistas, lo que resultaría en ineficiencia económica y desintegración social.
Al centro de los cambios propuestos por los estatistas está llevar el control y la disciplina a la sociedad cubana y en particular a la economía. La reducción del déficit fiscal y comercial parece ser la prioridad número uno. Esto se ha traducido en la tendencia a imponer impuestos demasiado altos, tanto para las empresas estatales como no estatales, y a reducir gastos mediante el recorte de servicios sociales o el cierre de empresas sin considerar si las comunidades afectadas y los colectivos de trabajadores pueden asumir su gestión y, por lo tanto, disminuir su necesidad de subvenciones.3
Esta corriente de pensamiento no considera necesario hacer cambios profundos: con mayor control y exigencia por los directivos y el Partido,4 junto con cierta descentralización y consulta con las masas, las instituciones actuales pueden funcionar adecuadamente; sobre todo si el Estado se descarga de la gestión de pequeñas y medianas empresas y los gobiernos locales tienen sus propios recursos para resolver problemas en sus territorios. En su opinión, si los salarios estatales pudieran satisfacer las necesidades básicas, la mayoría de los problemas estarían resueltos.5 Repiten el llamado del presidente Raúl Castro de «cambiar los métodos de trabajo», pero no incluyen en ello permitir a las instituciones ser más autónomas y democráticas, y ni siquiera establecer niveles mínimos de transparencia que posibiliten hacer público el presupuesto de los gobiernos locales y las empresas estatales.6
Según los estatistas, los principales problemas de la sociedad cubana son la indisciplina y la falta de exigencia por los administradores, funcionarios de ministerios y miembros del Partido. Ello ha resultado en bajos niveles de productividad y calidad, descontrol y desorganización, lo que ha permitido que el desvío de recursos del Estado se haya hecho natural y que se haya expandido la corrupción. Ciertamente, el control, la disciplina y, más aún, la sistematicidad son realmente necesarios para que cualquier proyecto tenga éxito, y estas prácticas no han sido comunes en los trabajadores y administradores cubanos durante décadas.
Sin embargo, aunque las tres posiciones coinciden en lo dañino que es el descontrol en las instituciones estatales, difieren en cuáles son sus causas de fondo, así como en el tipo de métodos de control que consideran eficaz y justo y, por lo tanto, que debería ser implementado. Los estatistas insisten en el carácter cultural del problema, que podría ser resuelto con educación por medios tradicionales directos o indirectos. Un «cambio de mentalidad» es presentado como la solución de fondo sin precisar cómo se va a llevar a cabo. Mientras que los economicistas señalan como causa del problema los bajos salarios y proponen instaurar incentivos materiales adecuados; para los autogestionarios se trata de la forma en que las instituciones cubanas están organizadas, y proponen establecer modelos de gestión con relaciones sociales menos alienantes que permitan el sentido de petenencia y liberen las capacidades creativas de las personas.7
Es decir, la solución para los estatistas es un mayor control y supervisión en la estructura vertical, y algo —tan poco como sea posible— de autonomía para los administradores.8 Se piensa solo en órganos de control externo al grupo que debe ser supervisado, como los directivos sobre los trabajadores, o la recién creada Contraloría General de la República sobre los directivos. Parece no reconocerse los límites de la supervisión externa y vertical, ni las ventajas del control interno o autosupervisión por parte de los colectivos —de trabajadores o comunidades— que realmente se ven como dueños, y del control social de las personas sobre sus superiores mediante una real rendición de cuentas —transparente, directa y permanente— en las instituciones públicas.
Sería un error suponer que la mayoría de los funcionarios del aparato estatal se identifica con la posición estatista. En todos los niveles del Estado cubano hay quienes están realmente interesados en reducir la intervención de este en la vida de las personas;9 se acercan más a las tendencias economicista o autogestionaria, en dependencia de su experiencia de vida y su exposición a ideas alternativas. Sin embargo, el estatismo tiene una buena representación en los administradores y funcionarios estatales de nivel medio que temen perder sus puestos de trabajo y por tanto su vida profesional (estatus, reconocimiento social) y/o su capacidad de beneficiarse del Estado a través de la corrupción.
Esta posición es además respaldada por muchos cubanos que, cansados de burócratas incompetentes, quieren que regrese el orden. También por aquellos preocupados por el descontrol social de las últimas décadas que se manifiesta en comportamientos antisociales dañinos económica y culturalmente. Algunos cubanos rechazan cambios más sustanciales por temor a perder los logros sociales de la Revolución. Además, hay unos cuantos intelectuales educados en el marxismo de tipo soviético que se oponen a cualquier tipo de descentralización y a la apertura a organizaciones que no estén directa y estrechamente controladas por el Estado, tanto privadas como colectivas. Aunque se podría pensar que los oficiales de las Fuerzas Armadas están más cerca del estatismo, algunos —en especial, gerentes de empresas militares— consideran la posición economicista como más pragmática, mientras que otros entienden las ventajas de la participación y los riesgos de promover lo privado y el mercado para la cohesión social.

Economicistas: el socialismo de mercado es el único camino factible

De acuerdo con los economicistas, el objetivo principal del socialismo debe ser el desarrollo de las fuerzas productivas, entendidas como la capacidad tecnológica para crear más riqueza material, es decir, crecimiento económico.10 El socialismo es entendido como redistribución de la riqueza; por lo tanto, los representantes de la corriente economicista sostienen que la construcción de este no es posible hasta que las fuerzas de producción se hayan desarrollado lo suficiente: si no hay riqueza no hay nada que distribuir.11 De ahí que los actuales cambios en Cuba deban buscar, sobre todo, un mejor desempeño de la economía cubana con el fin de poner al país en una senda de desarrollo capaz de satisfacer las necesidades materiales crecientes de la población. Además, argumentan que, con una redistribución efectiva de la riqueza, todas las instituciones y modelos de gestión eficientes y productivos son útiles para la construcción del socialismo: «no importa el color del gato mientras que cace ratones».12
Según los economistas, la privatización y mercantilización son esenciales e imprescindibles para el desarrollo económico de cualquier sociedad, socialista o no; mientras que para los estatistas las empresas privadas y las relaciones de mercado son males riesgosos pero necesarios, que pueden ser domesticados por el Estado, y para los autogestionarios estos pueden ser superados gradualmente con la expansión de organizaciones alternativas que fusionen objetivos económicos y sociales.
Los economicistas identifican las principales causas del bajo rendimiento de la economía cubana en la centralización, el monopolio estatal del comercio y la producción de bienes y servicios, las restricciones blandas de presupuesto y la ausencia de incentivos materiales resultantes de la iniciativa privada y las relaciones de mercado. Aunque no siempre es reconocido públicamente, consideran que el modelo de gestión privada capitalista (empresa autónoma, autoritaria, guiada por intereses privados) es la forma más efectiva de dirigir una empresa, y que los mercados son la más eficaz de coordinar las actividades económicas. Asimismo, subrayan la importancia de la eficiencia y argumentan, con razón, que la ineficiencia del sector empresarial estatal, al hacer insostenible las conquistas sociales alcanzadas por la Revolución, afecta a todos los cubanos.
Según esta postura, para que los agentes económicos se comporten de manera óptima —es decir, para que los gerentes tomen las decisiones correctas y los trabajadores aumenten la productividad— son ineludibles, y en gran medida suficientes, los incentivos materiales y la «disciplina del mercado».13 Los productores y los consumidores deben sufrir las consecuencias de sus acciones en la forma de mayores/menores ingresos, incluso si no tienen control sobre sus propias opciones. Los economicistas están en contra de las relaciones paternalistas entre los cubanos y las instituciones del Estado, que han provocado que muchos esperen que sus problemas se los resuelvan otros. Pero los representantes de esta tendencia parecen olvidar que el papel del Estado —aun en una sociedad capitalista— es proteger a sus ciudadanos; no satisfacer directamente sus necesidades, sino asegurar que cuenten con las condiciones y capacidades para hacerlo, si fuera posible, por sí mismos.
Esta posición resta importancia a las preocupaciones de que la privatización y mercantilización resultarán en aumentos en la desigualdad, la marginación de grupos sociales, la explotación de los trabajadores asalariados, y el deterioro del medio ambiente. Tales inquietudes sociales, se nos dice, deben dejarse para más adelante, y no interferir en el avance de los cambios. Las consecuencias colaterales de las reformas son naturales, y se pueden tomar algunas medidas para reducirlas, arguyen los economicistas. Además, hacen un llamado a aceptar el hecho de que habrá «ganadores» y «perdedores» en función de sus capacidades de lidiar con las nuevas reglas del mercado.14 La justicia social parece ser una expresión incómoda. Para los economicistas, los objetivos sociales son demasiado abstractos, y será suficiente con un sistema de impuestos que controle la brecha de ingresos junto con legislaciones que proteja a los clientes, los trabajadores asalariados y el medio ambiente.
Buscando la manera de lograr un crecimiento económico acelerado, defienden la necesidad de insertar a Cuba en el mercado internacional y atraer la inversión extranjera. Insisten en el hecho innegable de que Cuba no puede prescindir de financiación externa, y apuntan hacia el éxito de China y Viet Nam en promover el crecimiento mediante la atracción de inversión extranjera directa. Pero no mencionan los efectos negativos de las reformas en esos países: la creciente desigualdad, el abuso de empresarios y gobiernos locales, el descontento social, la degradación ambiental y el vacío espiritual.
Influenciados por el pensamiento económico hegemónico neoclásico, los economicistas han aceptado muchos de sus reduccionismos y supuestos, así como su inclinación a ignorar las condiciones y demandas sociales, y a pasar por alto las ventajas de la asociación y la cooperación sobre la privatización y la competencia de mercado. Al rechazar el argumento marxista central de que el trabajo asalariado es una relación donde hay explotación, evitan llamar como lo que son a los cuentapropistas que contratan mano de obra: empresas privadas, porque ello les permite ignorar también los efectos sociales de este tipo de empresas.15 No teniendo en cuenta que las fallas de mercado no se deben a la falta de competencia, sino que son inherentes incluso a los mercados competitivos, esperan que una mayor competencia y una menor regulación solucionen el comportamiento cortoplacista, cuasi-cartel y antisocial que muchos cuentapropistas ya manifiestan.16
Esta tendencia tiende a desestimar los argumentos que apuntan a la complejidad del comportamiento humano y los componentes sociales de la individualidad que explican la eficacia y la viabilidad de las empresas gestionadas democráticamente. La democracia es buena, pero es un extra; no es realmente esencial para una sociedad mejor: los expertos deben ser los que tomen las decisiones. Las llamadas a utilizar otros instrumentos de realización humana además de los bienes materiales, como las relaciones armónicas con los demás, el desarrollo profesional o el reconocimiento social, y las advertencias sobre los peligros del consumo irresponsable y compulsivo, les parecen retrógradas, opresivas a la libertad individual y, por tanto, limitadoras del avance de la economía cubana.
Al igual que con los estatistas, sería un error identificar como suscriptores de esta posición a todos los académicos o profesionales graduados de Economía o que ejercen ocupaciones afines. Hay economistas que no subvaloran las metas sociales porque reconocen la necesidad de mirar integralmente todo el sistema social y ver las actividades económicas como interdependientes y, por tanto, responsables de sus efectos sobre él.17 Por otra parte, el economicismo tiene un terreno fértil en los tecnócratas estatales y burócratas a cargo de diseñar nuevas políticas, pues es más fácil para ellos asumir que los agentes privados se van a auto-regular a través del funcionamiento de las leyes del mercado, y, por lo tanto, pueden pasar por alto las preocupaciones sociales. Los economicistas más fervientes seguramente son aquellos administradores de las empresas estatales que esperan que se les transfiera su gestión —saben que la propiedad legal, al menos inicialmente, seguirá en manos del Estado—18 para finalmente poder administrarlas según sus intereses, así como evitar todos los obstáculos y el sin sentido que el sistema de «planificación» actual significa para ellos. Más autonomía y menos control, menos seguridad laboral y solo participación formal de los trabajadores, les parece una situación casi perfecta.
Sin embargo, el economicismo no solo está presente entre los economistas, tecnócratas y directivos estatales. Muchos cubanos, expuestos a la idea de que los objetivos sociales son irreconciliables con la eficiencia y la sostenibilidad económica, así como a que el crecimiento económico de China y Viet Nam se basa en su amplia privatización y mercantilización, ven las propuestas economicistas como las únicas soluciones posibles a las deficiencias actuales de la economía cubana.

Autogestionarios: solo un socialismo democrático es verdadero y sustentable

Al igual que los estatistas —y a diferencia de los economicistas más puros— los autogestionarios defienden la necesidad de un orden social más justo y sustentable19 que el capitalismo. Sin embargo, prevén un camino diferente del «socialismo estatista» que ha marcado fuertemente la versión cubana y que los estatistas intentan renovar, y del «socialismo de mercado» que los economicistas presentan como el único factible. Los autogestionarios argumentan que no puede haber socialismo verdadero, sin solidaridad, sin igualdad —no igualitarismo—, sin participación sustantiva de las personas en la toma de decisiones en todos los ámbitos de organización social —política, económica, cultural, etc. Para ellos, la esencia del socialismo es la autogestión o autogobierno por las personas en sus lugares de trabajo y sus comunidades y hasta el nivel nacional; y eventualmente hasta abarcar toda la familia humana. Es decir, socialismo es control social, de la sociedad, sobre el Estado, la economía, el sistema político y todas las instituciones sociales.20
Inspirados en las conceptualizaciones del socialismo del siglo XXI, y reafirmando los ideales humanistas, emancipadores e igualitarios que han marcado la revolución cubana desde sus inicios,21 los autogestionarios sostienen que el objetivo del socialismo debe ser el desarrollo humano integral de todas las personas.22 Esta suprema felicidad, autorrealización, libertad plena puede lograrse, básicamente, permitiéndole a cada persona desarrollar todas sus capacidades mediante la participación activa en las actividades sociales cotidianas, sobre todo en la toma de decisiones que les afectan.23 Construir el socialismo es, por tanto, democratizar o socializar los poderes; es liberar a los individuos de toda forma de opresión, subordinación, discriminación y exclusión que interfiera en la satisfacción de sus necesidades materiales y espirituales. Los autogestionarios buscan la emancipación tanto de un Estado opresivo, como de instituciones económicas no democráticas que no satisfacen las necesidades de las mayorías; como las empresas privadas y estatales convencionales, y los mercados o mecanismos de distribución verticales.24
Para ellos, el objetivo del socialismo cubano no debe ser cubrir las necesidades materiales crecientes de sus ciudadanos, sino también establecer las condiciones que les permitan desarrollar plenamente sus capacidades como seres humanos y así satisfacer sus necesidades materiales y espirituales; y asumen que las primeras van a cambiar cuando la vida cotidiana sea más liberadora. Aunque las relaciones de trabajo asalariado y de mercado son también formas de opresión, la mayoría de los autogestionarios concuerda en que no deben ser prohibidas, y que la sociedad puede avanzar hacia su gradual superación o eliminación —no absoluta— haciendo que las empresas gestionadas democráticamente y las relaciones horizontales socializadas (o «mercados socializados»25) sean más efectivas y atractivas.26
El principal problema del socialismo cubano no es que la política haya superado a la economía, como plantean los economicistas, sino cómo esa «política» ha sido definida. Los autogestionarios argumentan que las decisiones, a nivel central del Estado e incluso en los gobiernos locales y las empresas, han sido tomadas muy a menudo sin una verdadera participación del pueblo, y que por ello los beneficios de la participación han sido perdidos.27 Las condiciones para el éxito de la actividad económica —o las «leyes económicas» que siempre nos recuerdan los economicistas— habrían sido tenidas en cuenta si la toma de decisiones hubiera permitido la participación de todos los grupos sociales afectados por estas y los criterios de los expertos hubieran sido escuchados. Es la escasa o nula participación democrática en las instituciones políticas y económicas, el insuficiente control democrático de los órganos ejecutivos y de dirección, lo que —además de los bajos ingresos— resulta en la poca motivación hacia el trabajo, las decisiones gerenciales equivocadas y la corrupción en todos los niveles del Estado.28
Aunque los autogestionarios concuerdan con los estatistas en la necesidad de ejercer un mayor control y con los economicistas en la de establecer un sistema coherente de incentivos en las instituciones cubanas, identifican diferentes causas de fondo de los problemas y proponen soluciones diferentes. El magro desempeño de las instituciones del Estado es principalmente consecuencia del poco sentido de pertenencia de los trabajadores e incluso de los directivos. A diferencia de las otras dos tendencias, esta considera que los problemas en la realización del sentido de propiedad de las instituciones estatales se derivan, en esencia, de la naturaleza del proceso de toma de decisiones y de las relaciones sociales que se establecen dentro de ellos; y no fundamentalmente por la falta de educación29 o la necesidad de incentivos privados estrechos.30 Sin una verdadera propiedad —que no se equipara a la propiedad legal— de los trabajadores, no habrá motivación para asegurar que los recursos se utilicen correctamente.31
La posición autogestionaria subraya la necesidad no solo de redistribuir la riqueza, sino sobre todo de cambiar cómo ella se produce, de que las instituciones estén organizadas de modo que permitan el ejercicio de verdaderas relaciones socialistas. Esto desarrollaría la productividad y creatividad de las personas, y la riqueza se generaría desde el comienzo de manera más equitativa y justa.32 Para los autogestionarios, «democratizar» o «socializar» es establecer las relaciones sociales de trabajo [libre] asociado y asociación en general, es decir, la propiedad social que Marx identificó como la base sobre la que descansa una sociedad que se propone trascender el orden capitalista.33 Además, señalan que dichas relaciones, y no solo salarios más altos o mayor autonomía para los gerentes, son una fuente importante de incentivos para la productividad y la eficiencia, y que al mismo tiempo promueven el desarrollo de los hombres y mujeres «nuevos» sin los que la construcción socialista es impensable. Los autogestionarios enfatizan la necesidad de promover una conciencia socialista, solidaria y el compromiso revolucionario con los históricamente marginalizados, y agregan que ello solo se puede lograr como resultado de la práctica cotidiana bajo relaciones de asociación y cooperación.34
Según los estatistas y economicistas la democracia en el lugar de trabajo es en esencia una utopía incómoda que desafía la superioridad de sus cuadros, expertos o empresarios y resultaría en un caos que conduciría a la ineficiencia. Sin embargo, para los autogestionarios los niveles deseables de eficiencia y productividad (aunque no aquellos logrados mediante la sobrexplotación de los hombres y la naturaleza) se alcanzan precisamente democratizando la gestión de las empresas. Están convencidos de que la participación —aunque no es fácil de lograr— constituye un medio indispensable para alcanzar mayores niveles de desarrollo de las capacidades tanto de los trabajadores (manuales, intelectuales, espirituales) como de las fuerzas productivas en general, ya que el control social asegura el uso efectivo de los recursos y ofrece incentivos positivos para la productividad no disponibles de otro modo. Rechazan la falsa dicotomía propuesta por economicistas: hay que elegir entre la eficiencia con inevitable desigualdad y la justicia social con carencias materiales.35
Los que se identifican con esta posición advierten sobre los riesgos de la descentralización de los gobiernos locales y las empresas estatales sin democratización, es decir, que les permita a las nuevas autoridades utilizar recursos según sus criterios y sin el control de los supuestos beneficiarios.36 Del mismo modo, llaman la atención sobre la liberalización de las muy necesarias relaciones horizontales entre agentes económicos, y sobre la necesidad de no reducir la coordinación a un conjunto de normas.37 Algunos defienden la necesidad de establecer, además de un marco regulatorio bien diseñado, espacios de coordinación democrática entre productores, consumidores y otros grupos sociales (ecologistas, feministas, minorías, etc.) para que la economía local pueda ser orientada hacia intereses sociales en lugar de hacia la maximización de ganancias.38 Mientras que otros reducen la coordinación macroeconómica a un mercado regulado y no explican cómo evitar el surgimiento de intereses grupales ajenos a los sociales.
Pero los autogestionarios son percibidos como voluntaristas cuando no tienen en cuenta que no todos los cubanos están interesados en asumir la responsabilidad de participar en la gestión de sus empresas y gobiernos locales. No han argumentado claramente por qué la democratización es factible y cómo puede resultar en mayor eficiencia y productividad. No obstante, ello no niega la posibilidad de establecer políticas públicas que permitan un incremento gradual de la participación sustantiva en la toma de decisiones en esas organizaciones, y de educación sobre las ventajas de participar en la toma de esas decisiones que nos afectan.
Es difícil definir qué sectores de la sociedad cubana se identifican con esta tendencia. De hecho, ante los constantes mensajes en defensa de la privatización y la mercantilización a través de diversos medios nacionales y extranjeros, no es sorprendente que muchos cubanos vean la propuesta autogestionaria como utópica. En Cuba ha habido pocas experiencias de empresas y gobiernos locales gestionados democráticamente, antes y después de 1959. Además, la idea de la participación democrática puede haber perdido su significado entre los cubanos porque las autoridades han repetido que el sistema político cubano y las empresas estatales son lo más participativos posible, y también porque la autonomía de gestión e incluso de operación de las «cooperativas» agropecuarias han estado seriamente limitadas. De ahí que es comprensible que los defensores más convencidos de esta postura sean intelectuales y profesionales que han leído acerca de la forma «alternativa» de pensar y construir el socialismo, o que han estado expuestos a los discursos sobre el socialismo del siglo XXI.
Sin embargo, la preferencia por la gestión democrática de organizaciones sociales es intuitiva (resulta de la intuición o instinto humano) para todos los cubanos que perciben que la mejor manera de resolver algunos de sus problemas más apremiantes es mediante el trabajo colectivo, o cooperando con aquellos que sufren las consecuencias del autoritarismo en sus empleos y sus comunidades, o los que comienzan a sufrir las consecuencias negativas de la privatización y mercantilización —incremento de precios, evasión de impuestos, relación de subordinación de los trabajadores contratados, etc.39 Además, los trabajadores estatales, ante la vinculación de los salarios al desempeño de sus empresas, están cada vez más interesados en tener control sobre ellas, e incluso han planteado poder elegir a sus directivos.40 Algunos incluso están llamando a crear cooperativas en las empresas estatales no estratégicas.41 En determinadas localidades (Cárdenas, en Matanzas, y Santos Suárez, en La Habana), los ciudadanos han intentado resolver de forma autónoma ciertos problemas de la comunidad.

Consideraciones finales

En Cuba se define actualmente un nuevo camino para la nación. Se tratará de un socialismo estatista mejor organizado, uno de mercado, uno realmente democrático, o —más probablemente— una combinación de los tres. Predecir qué visión va a prevalecer en los cambios actuales es un mero ejercicio de especulación. Sin embargo, algunas evidencias permiten evaluar el peso que hoy tiene cada postura, y las posibilidades de la fluctuación de su influencia.
Sin dudas, el economicismo es lo que predomina tanto en el Estado como entre la mayoría de los cubanos. Al presentar la empresa privada y el mercado como los más eficientes, ante el fracaso de las empresas estatales convencionales y la planificación autoritaria, y ante el desconocimiento de la factibilidad de otras formas de socialización de la economía, muchos no creen que existan mejores alternativas. Sin embargo, muchos cubanos no ven el funcionamiento de la empresa privada y los mercados como algo natural, y desean poder evitarse sus irracionalidades —precios diferenciados y variables, más beneficios para el comercio que la producción, explotación, etc.— y efectos negativos —desigualdades, contaminación, discriminación, etc.
El estatismo es abiertamente reconocido como la corriente de pensamiento que nos ha conducido a la situación actual, y por tanto de la que tenemos que alejarnos. No obstante, sobre todo debido a un instinto de conservación, esta todavía goza de importante apoyo dentro del Estado y entre aquellos que temen perder los logros sociales de la Revolución. De hecho, la versión final de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución es menos economicista y más estatista que la inicial.42 Otra evidencia de la pérdida de influencia de la tendencia economicista es la moratoria en el plan que pretendía reubicar o despedir 10% de la fuerza laboral cubana.43
De la visión autogestionaria hay muy poco en los Lineamientos... y los cambios actuales. Estos no reflejan ni los objetivos —satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de las personas, es decir, las relativas al desarrollo humano—, ni los medios —democracia participativa, control democrático de la sociedad, en particular, de la política y la economía— propuestos por los autogestionarios.44 Aunque el presidente Raúl Castro y otros altos funcionarios del Estado han mencionado varias veces la importancia de la «participación», el documento partidista solo lo hace tres veces, y realmente en el sentido de consulta o implementación de decisiones tomadas por otros.45 El único acercamiento a la posición autogestionaria está en el reconocimiento de las cooperativas como una forma socialista de empresa, aunque no se declara una intención de darles prioridad sobre las empresas privadas. La decisión de otorgar una mayor autonomía a las empresas estatales y gobiernos municipales es un paso positivo, pero aún no se reconoce el imperativo de democratizarlos. Tal ausencia refleja el hecho de que los autogestionarios están en minoría —al menos en los actuales espacios de poder—, lo cual en gran medida es resultado de la cultura verticalista, autoritaria y patriarcal que ha caracterizado la sociedad cubana antes y después del triunfo revolucionario.
Sin embargo, el imaginario de justicia social y emancipación sigue presente en la identidad de muchos cubanos. Aunque los nietos de la «generación histórica» están menos familiarizados con los ideales socialistas y revolucionarios, un gran número también valora la dignidad y la justicia, e incluso rechaza posiciones de subordinación. La cultura de la solidaridad cultivada por la Revolución aún perdura, por lo que las diferencias sociales resultan incómodas e injustas para muchos. Algunas personas han advertido que sin participación y control social de empresas y sin gobiernos locales autónomos, Cuba está allanando el camino hacia el capitalismo.46 Recientemente han surgido ciertas señales sobre la creciente presencia de la posición autogestionaria, en artículos que defienden la necesidad de los trabajadores de participar realmente en las decisiones de gestión para poder asumir el papel de verdaderos dueños.47
Las tres posiciones analizadas no pueden reducirse a opciones «buenas» o «malas». Todas plantean preocupaciones legítimas que deben ser consideradas en cualquier decisión estratégica. No obstante, la conveniencia de la democracia —no la representativa liberal, sino una «real» o «participativa»— es ampliamente aceptada en el mundo de hoy. De ahí que, desde una perspectiva normativa, la visión que busca mayores niveles de democracia debe ser más deseable. Parece más justo que la sociedad decida democráticamente su destino, en lugar de colocar este poder en funcionarios estatales que se comprometan a representar los intereses de la sociedad, o —peor aún— en actores económicos bien dotados para dirigir desde las sombras «una mano invisible» que nos afecte a todos.
En el actual proceso de definición del tipo de socialismo que los cubanos estaremos construyendo por las próximas décadas, debemos saber que hay opciones entre el socialismo de Estado y el de mercado. Si nuestro objetivo continúa siendo alcanzar una sociedad lo más justa posible, debería abrirse más espacio a las ideas autogestionarias en los medios de comunicación; y los líderes deberían retomar el énfasis en el valor de la igualdad, la justicia y la solidaridad. También habría que tener en cuenta la importancia que otros procesos revolucionarios actuales en América Latina le han otorgado a la democracia participativa en todas las esferas de la sociedad. Así como las empresas privadas han sido autorizadas, debería suceder con las cooperativas, de manera que más cubanos puedan experimentar con la autogestión. Ahora que los gobiernos locales y empresas estatales tendrán más autonomía, al menos se deben experimentar métodos más democráticos, como el presupuesto y la planificación participativos. Es necesario ser pragmáticos, pero desde una noción menos simplista de nuestra sociedad y una visión menos condescendiente de nosotros mismos. Los cubanos dispuestos a experimentar con la autogestión deberían poder hacerlo, para así decidir, a partir de su experiencia, si es un camino preferible o no.
Una estrategia centrada solo en sostener un crecimiento económico y en mejorar el desempeño del Estado cubano puede mejorar las condiciones de vida de una parte de la población y podría ayudar a mantener el apoyo al proyecto socialista cubano. Sin embargo, en la medida en que el crecimiento económico venga fundamentalmente de la privatización y la mercantilización —en lugar de la democratización o socialización de la economía—, los intereses de los nuevos empresarios inevitablemente se van a alejar de los sociales, y van a encontrar el modo de contribuir con menos impuestos, cobrar precios más altos, externalizar los costos a la sociedad tanto como sea posible. No demasiado tarde, como ocurre en los países capitalistas y con economías de mercado, ellos buscarán que el Estado responda a sus intereses privados. Del mismo modo, en la medida en que los administradores de los gobiernos locales y empresas estatales tengan más autonomía sin democratización, se harán comunes los abusos de poder y los trabajadores más capaces y revolucionarios se van a mover desilusionados hacia el sector privado u otros países. Por lo tanto, si los cambios se concentran solo en «perfeccionar la economía», no solo no se logrará el objetivo de mejorar las condiciones materiales de la población cubana, sino que la cohesión social que ha sostenido a la Revolución se verá afectada. Sus principales defensores estarán menos inclinados a apoyar un proyecto que no tiene en cuenta sus necesidades y expectativas de justicia y dignidad.

Notas

1. Estos nombres no han sido utilizados por personas o grupos para identificarse como tales. Por ejemplo, Oscar Fernández («El modelo de funcionamiento económico en Cuba y sus transformaciones. Seis ejes articuladores», Observatorio de la Economía y la Sociedad Latinoamericana, n. 154, Málaga, agosto de 2011, disponible en www.ecumed.net) identifica dos formas «alternativas» de lidiar con el proceso de cambio actual en Cuba: el dogmatismo y el pragmatismo, que coinciden en gran medida con lo que llamo estatismo y economicismo. Fernández también sugiere la existencia de una tercera posición cuyos objetivos y propuestas parecen estar en consonancia con la tendencia autogestionaria.
2. El término «construcción del socialismo» se entiende de manera diferente por las posiciones existentes debido a que sus conceptualizaciones de «socialismo» o «sociedad socialista» son distintas. Se destaca que el avance hacia ese orden social es un proceso inevitablemente gradual y no lineal. Algunos consideran el «comunismo» (el concepto propuesto por Carlos Marx, no el asociado a países gobernados por partidos comunistas) como la etapa más avanzada del socialismo; mientras que otros lo ven como un horizonte al que nunca se puede llegar, pero sirve para indicar la dirección del proceso de transformación poscapitalista.
3. Véanse Gabino Margulla, «Peligra el verano en el CSO “Marcelo Salado”», Trabajadores, La Habana, 6 de junio de 2011, disponible en www.trabajadores.cu; y D. Matías Luna, «Yaguajay: aprovechar lo que tenemos con disciplina, organización y control» (carta a la dirección), Granma, La Habana, 30 de septiembre de 2011, disponible en www.granma.cubaweb.cu/secciones/cartas-direccion. En lo adelante, todas las cartas a la dirección de Granma serán citadas de esta página web y se indicará solo la fecha.
4. Véase la carta de J. P. García Brigos, «Propiedad y socialismo: un binomio inseparable» (8 de noviembre de 2011), donde sostiene que lo que hizo una panadería mejor que otras en su municipio fue que los delegados del gobierno local y otros funcionarios «controlaron y exigieron» fuertemente a los trabajadores un buen producto. Similarmente, E. Broche Vidal («Falta de sistematicidad y control: el factor común», 16 de septiembre de 2011) dice que «si los directores son mejores, entonces sus subordinados serán mejores». Véase también la carta de Borges Mujica (8 de enero de 2010).
5. Véanse las cartas de López Pagola y Berger Díaz (4 y 12 de febrero de 2010).
6. Véanse Anneris Ivette Leyva, «El Derecho al estilo de información», Granma, La Habana, La Habana, 7 de agosto de 2011; y la carta de E. González (15 de julio de 2011).
7. Pedro Campos, «Cooperativa, cooperativismo y autogestión socialista», Kaos en la red, disponible en www.kaosenlared.net/noticia/cooperativa-cooperativismo-autogestion-socialista, 21 de julio de 2008; y la carta de Rodríguez de Pérez (7 de mayo de 2010).
8. La carta de Fleites Rivero (5 de septiembre de 2011) culpa a los administradores de no controlar y plantea que tienen que estar motivados por sus ingresos. Véase también la de Osorio Fernández (30 de abril de 2010). Por su parte, Joaquín Ortega (Tribuna de La Habana, La Habana, 24 de julio de 2011, disponible en www.tribuna.co.cu) afirma que es posible «resolver esta situación desde la raíz, con control, exigencia, rectitud y combatividad».
9. Raúl Castro, en el discurso de clausura del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el 18 de diciembre de 2010, expresó que «el Estado no se tiene que meter en nada que sea pretender regular las relaciones entre dos individuos». Disponible en www.cubadebate.cu/raul-castro-ruz/2010/12/18/raul-castro-discurso-en-la-asamblea-nacional.
10. Véase Omar Everleny Pérez Villanueva, «Notas recientes sobre la economía cubana», Espacio Laical, n. 3, La Habana, 2010, p. 81.
11 . Julio A. Díaz Vázquez («Un balance crítico sobre la economía cubana. Notas sobre dirección y gestión», Temas, n. 66, La Habana, abril-junio de 2011, pp. 124) afirma que fue utópico intentar construir el «comunismo», entendiendo este último como la redistribución de acuerdo con las necesidades. Él sostiene que China y Viet Nam, con su «puesta en práctica orgánica del mercado parecen confirmar que» no es posible construir el socialismo sin pasar por un «período mercantil». Véase también la carta de Labrada Fernández (23 de julio de 2010); y Orlando Márquez, «Sin miedo a la riqueza», Palabra Nueva, La Habana, n. 203, a. XIX, La Habana, enero de 2011, pp. 6-7.
12. Véase la carta de Cruz Vento (19 de febrero de 2010).
13. Pavel Vidal Alejandro sugiere emular a Viet Nam, donde la expansión del sector privado y las relaciones de mercado han sido las dos medidas más importantes («Desarticular el monopolio de la centralización estatal», Espacio Laical, n. 2, La Habana, 2011, pp. 48 y 52).
14. Félix López, periodista de Granma, sugiere que la justicia social puede ser «enemigo de la libertad y la eficacia» («Burócratas vs. cambios», Granma, La Habana, 30 de septiembre de 2011) y desestima la advertencia de que, aunque la apertura a la pequeña empresa privada ha sido una decisión correcta, sin medidas para socializarlas ello implica riesgos importantes sobre los cuales no se está actuando aún («Paisaje urbano y desafíos futuros», Granma, La Habana, 23 de septiembre de 2011). Omar Everleny Pérez Villanueva afirma que no debe haber «miedo a las distorsiones que necesariamente van a aparecer en la primera etapa de los cambios» (ob. cit., p. 81). Véase también Orlando Márquez, ob. cit., p. 6.
15. Incluso algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no han reconocido que los trabajadores contratados se encuentran en una posición de subordinación ante los que les contratan, aunque ellos también trabajen, situación que va a agudizarse según disminuya la oferta de empleo estatal. (J. A. Rodríguez, «Casi se duplican los trabajadores por cuenta propia», Juventud Rebelde, La Habana, 4 de abril de 2011) Negar la relación desigual y en gran medida antagónica entre los propietarios de negocios y los trabajadores contratados, permite a los tecnócratas ignorar la necesidad de proteger a los últimos con un código del trabajo o algunas normas que garanticen sus derechos mínimos.
16. Iliana Hautrive y Francisco Rodríguez Cruz parecen confiar en que la competencia, más que las regulaciones, le enseñará a las empresas privadas a ser «más responsables». Véase «Seriedad define éxito en empleo no estatal», Trabajadores, La Habana, 12 de junio de 2011.
17. Véase Oscar Fernández, ob. cit.
18. Algunos gerentes de pequeñas unidades empresariales estatales están limitando su desempeño a propósito con la esperanza de que las unidades les serán arrendadas a ellos en condiciones análogas a lo que ha sucedido con las unidades de peluquería y barbería.
19. Mientras que «sostenible» implica que puede sostenerse a lo largo de cierto tiempo, el concepto de «sustentable» se refiere a la capacidad de tener en cuenta los intereses de las generaciones presentes y futuras.
20. Ricardo Ronquillo afirma que el socialismo «solo es posible donde prevalezca un transparente, democrático y real control obrero» («Decido, luego existo», Juventud Rebelde, La Habana, 24 de septiembre de 2011). Fernando Martínez Heredia hace hincapié en que el socialismo es el proyecto de liberación humana que requiere la acción consciente del pueblo («Socialismo», en Julio César Guanche, coord., Autocríticas. Un diálogo al interior de la tradición socialista, Ruth Casa Editorial, La Habana, 2009, p. 37). Alina Perera y Marianela Martín coinciden con Martínez Heredia en que el socialismo no resulta automáticamente del desarrollo de las fuerzas productivas, y que la participación real es una de las «condiciones» para la aparición de la esperada «conciencia social» («La fuerza invisible que modela el mundo», Juventud Rebelde, La Habana, 25 de septiembre de 2011). Véase también Julio César Guanche, «Todo lo que existe merece perecer (o una pregunta distinta sobre la democracia)», en Autocríticas…, ob. cit., pp. 227-236, y Pedro Campos, «Democracia para controlar la burocracia», Kaos en la Red, 6 de julio de 2011, disponible en www.kaosenlared.net.
21. Baste considerar el pensamiento humanista de José Martí, así como las obras de Raúl Roa y Fernando Martínez Heredia que subrayan la esencia emancipadora de socialismo.
22. Véase Julio Antonio Fernández y Julio César Guanche, «Un socialismo de ley. En busca de un diálogo sobre el constitucionalismo socialista cubano en el 2010», Caminos, n. 57, La Habana, 2010, pp. 4, 10-11.
23. La idea de Marx sobre el desarrollo humano a través de la práctica revolucionaria ha sido destacada por Michael A. Lebowitz (El socialismo no cae del cielo. Un nuevo comienzo, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009) y se evidencia en el análisis de cubanos como Pedro Campos («¿Qué es el socialismo?», 29 de septiembre de 2006, disponible en www.oocities.org/es/amigos_pedroc/Socialismo-1.htm).
24. La carta de Álvarez López (4 de agosto de 2011) advierte que «la ley de la oferta y la demanda ha sido cuestionada en los debates que ha participado» y se pregunta «¿qué es la demanda?, ¿lo que se necesita o lo que se puede adquirir en realidad?», y señala que los ricos siempre van a ser capaces de comprar, mientras que los que tienen mucho menos, no. Chávez Domínguez y Lugo Domínguez se quejan en sus cartas (20 de mayo y 11 de septiembre de 2011) de que los cuentapropistas compran en las tiendas estatales y acaparan para luego vender a precios más altos.
25. Los «mercados socializados» son aquellos espacios de intercambio horizontal controlados por representantes de intereses sociales; promueven que los participantes autónomos (vendedores y compradores) internalicen esos intereses. Existen varios modelos de planificación democrática o participativa que permiten institucionalizarlos.
26. Véase Camila Piñeiro Harnecker, «Empresas no estatales en la economía cubana: ¿construyendo el socialismo?», Temas, n. 67, La Habana, julio-septiembre de 2011, pp. 70-6.
27. Véase Mayra Espina, «Mirar a Cuba hoy: cuatro supuestos para la observación y seis problemas-nudos», Temas, n. 56, La Habana, octubre-diciembre de 2008, p. 137; y Carlos Alzugaray, en dossier «Cuba: ¿hacia un nuevo pacto social?», Espacio Laical, n. 2, La Habana, 2011, pp. 20-1.
28. Pedro Campos, ob. cit.
29. Para Fidel Vascós González, la conciencia socialista es resultado no de las relaciones sociales en que viven, sino sobre todo de la educación (Socialismo y mercado, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009, p. 104).
30. Según José R. Fabelo (citado en «Trabajo. Llave maestra», Bohemia, La Habana, 13 de octubre de 2010): «Si no tengo posibilidad de decidir sobre lo que produzco, ni sobre su destino, ni intervengo en la gestión, en la planificación y muchas veces tampoco gano en dependencia de lo que hago, ¿qué sentimiento de propietario voy a tener...?». Fabelo propone armonizar incentivos morales y materiales y señala que los mecanismos económicos por sí solos no son adecuados.
31. Véase Rafael Hernández, Espacio Laical, n. 1, La Habana, 2011, p. 19; José Antonio Fraga Castro, director de la empresa estatal Labiofam, «llamó a establecer mecanismos y métodos que motiven a los trabajadores a que sientan que sus empresas son realmente suyas y participen de manera sustantiva en el proceso de gestión» como la mejor manera de resolver los problemas actuales («Orden, disciplina y exigencia», Tribuna de La Habana, La Habana, 12 de julio de 2011). La carta de Manso de Borges (23 de julio de 2010) advierte que la privatización no es la solución, y defiende socializar la propiedad con 1) la verdadera participación en la gestión de los trabajadores, 2) la educación económica y política, y 3) el desarrollo de sus capacidades guiados por los intereses colectivos y los individuales.
32. Véase Alina Perera y Marianela Martín, ob. cit.; Fernando Martínez Heredia, ob. cit., p. 33-4; Rafael Hernández, ob. cit., p. 4; Mayra Espina, ob. cit., pp. 134-5.
33. Véase Pedro Campos, «¿Qué es el socialismo?», ob. cit.
34. Véase Carlos Tablada, «El socialismo del Che», en Autocríticas..., ob. cit., pp. 141-5, 148-9; Mayra Espina, ob. cit., pp. 135-7. La carta de Aledo Roller (4 de septiembre de 2011) plantea que «es la forma en que organizamos nuestra vida económica y material lo que, en última instancia, determina la conciencia social», propone a las cooperativas, y explica que en el socialismo no debe haber trabajo asalariado y que la competencia de mercado y la anarquía no deben «gobernar nuestras vidas».
35. Julio César Guanche, «Es rentable ser libres», Espacio Laical, n. 2, La Habana, 2011, pp. 50-5; Armando Chaguaceda y Ramón Centeno, «Cuba: Una mirada socialista de las reformas», Espacio Laical, n. 1, La Habana, 2011, pp. 50-3.
36. Véase Ovidio D’Angelo, «¿Qué conferencia y lineamientos necesitamos? Conferencia del pueblo para la nueva sociedad», Compendio de la Red Protagónica Observatorio Crítico, 12 de julio de 2011, disponible en http://observatoriocriticodesdecuba.wordpress.com; y la carta de Martín (22 de octubre de 2010) que alerta que la incapacidad de los trabajadores de participar realmente en el proceso de disponibilidad podría dar lugar a que los jefes abusen de su poder.
37. Arturo López-Levy alerta sobre las limitaciones objetivas inherentes a los mercados reales (no los descritos en los libros de texto). Se pronuncia en contra de «las concepciones economicistas» y que el objetivo no debe ser el crecimiento económico, sino un desarrollo sostenible con objetivos sociales y ambientales (en dossier «Cuba: ¿hacia un nuevo pacto social?», ob. cit., p. 30).
38. La carta de Sandoval López (30 de septiembre de 2011) se queja de que los nuevos taxis privados no se preocupan por la gente, y sugirió que «incentivar la solidaridad» disminuyendo los impuestos para aquellos que cobren precios más asequibles y permitan la supervisión social de las personas. Véase también Camila Piñeiro Harnecker, ob. cit.
39. Véanse Fariñas Carmona, Granma, La Habana, 23 de septiembre de 2011; Pastor Batista Valdés, «Prestos para el disfrute, escurridizos en el aporte», Granma, La Habana, 4 de octubre de 2011; Lenier González, en dossier «Cuba: ¿hacia un nuevo pacto social?», ob. cit., pp. 22-3.
40. Véanse las cartas a Granma de González Cruz (7 de enero de 2011) y de Marichal Castillo (14 de mayo de 2011).
41. Véanse las cartas a Granma de Rodríguez Vega (23 de septiembre de 2011), Paéz del Amo (9 de septiembre de 2011) y Arteaga Pérez (20 de mayo de 2011).
42. De combinar la planificación y el mercado, se pasó a mantener la planificación como herramienta central y «teniendo en cuenta el mercado» (Lineamiento n. 1). De que las empresas del Estado pudieran fijar los precios libremente, se cambió a «revisar integralmente el Sistema de Precios» (Lineamiento n. 67), aunque sin decir cómo se va a hacer. Véase Partido Comunista de Cuba, Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución (Resolución aprobada en el VI Congreso del PCC, junio de 2011, disponible en www.congresopcc.cip.cu).
43. De los quinientos mil trabajadores estatales que iban a ser declarados «disponibles» solo lo han sido menos de ciento cincuenta mil (Reuters, 10 de mayo de 2011).
44. Rafael Hernández, ob. cit., p. 29.
45. Lineamientos…, pp. 21-2 y 38.
46. La carta de Regalado García (12 de marzo de 2010) alerta sobre el riesgo de «volver al pasado».
47. Muchas de las cartas a la dirección de Granma ya citadas que proponen la creación de cooperativas defienden que es la mejor manera de lograr el sentido de pertenencia. Isabel Castañeda y Gonzalo Rubio («Una opinión: mirar adelante con sentido crítico y con ciencia», Granma, La Habana, 2 de septiembre de 2011) proponen la «co-propiedad» o cogestión en las empresas estatales.

 

 

 

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