Entrevista al economista y docente de la Universidad de la República, Rodrigo Alonso
Chasque: A pesar del crecimiento del PBI que ha tenido Uruguay, la desigualdad y concentración de la riqueza se ha profundizado provocando un incremento en los niveles de la pobreza. Bajo los 15 años de gobierno frenteamplista que se caracterizó por mejorar los ingresos, sobre todo de los sectores más sumergidos, si bien no se logró una redistribución de la riqueza, si se pudo reducir los niveles de pobreza. ¿Qué queremos hacer y para qué el gobierno? ¿Repetir viejas fórmulas o tomar decisiones que resuelvan radicalmente la pobreza de cientos de miles de uruguayos?
Rodrigo Alonso:
En los gobiernos del FA hubo una mejora en la distribución del ingreso hasta aproximadamente 2011, si la medimos por el índice de Gini. Ello como resultado de la reforma tributaria, que mejoró la distribución del ingreso fundamentalmente a la interna de los sectores asalariados vía el IRPF. Esto es importante, porque muchas veces nos enfocamos en la desigual distribución entre el capital y el trabajo, que es un problema por demás relevante, pero nos olvidamos de la distribución a la interna de la clase trabajadora, donde también hay diferencias relevantes y es importante cerrar brechas. La política del PIT-CNT hacia los consejos de salarios que promovió ajustes diferenciales para los salarios sumergidos ayuda en este sentido. Eso ha perdido aplicación en este período.
La pregunta por el “qué hacer” es clave. En Uruguay, al igual que en la región, vivimos una fase de expansión y agregación económica en las primeras décadas del Siglo XXI, que dio espacio para la reproducción de los llamados “progresismos”. En el caso uruguayo, esa fase de expansión es muy nítida entre 2005 y 2014, donde la economía crecía a tasas cercanas al 5%; ya el quinquenio posterior (2015-2019) es de un relativo estancamiento, se crece más cerca del 1% al año en promedio y a nivel per cápita prácticamente permanecemos estancados. Esa fase de agregación de demandas también le sumó contradicciones a la economía uruguaya. Porque nuestra economía no crece fundamentalmente transformando su estructura productiva y aumentando su productividad media, sino impulsada por la mejora en los precios internacionales de los bienes que exporta que se traduce en la llegada de flujos de riqueza extraordinaria (la renta del suelo) que a su vez favorece la llegada de la inversión extranjera directa. Entonces, si te expandís y agregás demandas sobre la base de un flujo de riqueza que es temporal, cuándo este se reduce lo que sobreviene es la disputa por los términos en los que se va a dar el ajuste. Este gobierno ya avanzó en parte sobre eso, combinando crecimiento del PBI con caída salarial y caída del gasto público social, es decir, transfiriendo ingresos de abajo hacia arriba lo que recompuso la rentabilidad del capital. No obstante se mantiene cierto empate. Ante ese escenario parece que estamos con ciertas debilidades para colocar un programa claro y los sectores de la derecha política e intelectual tienen una agenda de reformas más clara. No es un problema únicamente de la izquierda uruguaya, sectores progresistas o de izquierda de la región están en la misma situación.
Chasque: ¿Se puede reducir estructuralmente la pobreza sin la creación de trabajo genuino y sustentable en el tiempo?
Rodrigo Alonso: En primer lugar diría que para pensar el problema de la pobreza en Uruguay hay que relacionarlo con el problema de los contingentes de trabajadores que no pueden siquiera vender su fuerza de trabajo y arrastran varias generaciones sin relaciones de asalariamiento. La cruda realidad es que a la estructura económica, tal cual está organizada hoy, le sobran personas.
No obstante lo anterior, en un país como el nuestro, con el PBI per cápita que tiene, no es descabellado proponerse avanzar fuertemente en la reducción de la pobreza por la vía distributiva y fundamentalmente por la acción del Estado. Quienes trabajan este asunto seguramente tengan más claridad al respecto. Pero ya circulan propuestas de erradicación de la pobreza infantil que pueden impactar en una drástica reducción de la pobreza en general, a las que me parece importante prestarles atención.
Lo que si no se puede mejorar sustancial y sostenidamente sin la creación de trabajo genuino como ustedes plantean, o sin, por ponerlo en otros términos, el aumento sostenido de la productividad media, son los niveles salariales. Actualmente, un tercio de la fuerza de trabajo percibe ingresos mensuales menores a los $25.000 líquidos por 40hs de trabajo semanal según informa el Instituto Cuesta Duarte. Una política distributiva puede mejorar marginalmente esta situación, su mejora sostenible pasa por el aumento de la productividad media del trabajo y esto requiere un plan estratégico de desarrollo y la capacidad de contar con recursos para invertir en formación y en capital.
No obstante lo anterior, me parece relevante evaluar políticas para la activación de la fuerza de trabajo ociosa que tiene el país, por la vía del empleo estatal o por la articulación con el sector privado. Esto en clave de garantizar el derecho al trabajo, tal como está establecido en la Constitución, la cuál evidentemente no se cumple en su espíritu. Otro debate pertinente vinculado a esto es el de la reducción de la jornada laboral, es una buena señal que comience a darse.
Chasque: ¿Será posible promover y apoyar la propiedad y la gestión social, debilitando a su vez, la acumulación de Capital privado?
Rodrigo Alonso: No creo que haya que debilitar la acumulación de capital privado, sino más bien darle una orientación, disciplinarlo en función de objetivos nacionales, para lo cual es clave tener claro esos objetivos. Algo que hoy está un tanto difuso.
Respecto a lo que se denomina “propiedad y gestión social”, que entiendo que hace referencia a lo que se conoce como economía social y solidaria, me parece clave analizar de qué estamos hablando allí. En nuestra región, la denominada economía popular muchas veces tiene por contenido ser la forma de empleabilidad de población trabajadora que el capital ha dejado ociosa y que no le interesa emplear. Por tanto, no es posible separar la expansión de estas formas de economía “alternativa” de la producción de población obrera excedente para el metabolismo del capital. Siendo así, este tipo de emprendimientos se enfrenta con un punto de partida muy complicado. Los casos más claros son los de las empresas recuperadas. Literalmente se trataba de sectores que el capital ya no tenía más interés en seguir explotando y los trabajadores que se ven enfrentados al desempleo deciden sostener con apoyo estatal en muchos casos. Pero la condición de base es que estábamos ante formas de capital que ya habían quedado sobrantes, ya sea porque habían perdido la carrera de la productividad o por otras razones. Siendo así, no es raro que ante el intento de reactivarlas, vuelvan a fracasar o requieran un flujo sistemático de subsidios para sostenerse.
Me parece importante mantener una línea política abierta hacia este tipo de experiencias, cuidando de no exigirles más de lo que pueden dar y complementando esto con una acción política orientada a sectores estratégicos de la economía, con altos niveles de proactividad y capaces de insertarse en el mercado mundial y por ello adquirir valor internacional (divisas). A su vez creo clave fortalecer la línea política hacia el capital público, el cuál es de hecho el capital nacional más relevante que viene resistiendo la estocada de la penetración del capital extrnajero en la cúpula empresarial uruguaya. Sobre ello precisamente estamos compilando un libro junto a Gabriel Oyhantçabal y Juan Geymonat que saldrá en unos meses y que lleva por título “Uruguay For Export. Declive del empresariado nacional y capital extranjero”, editado por El Berretín.
Chasque: ¿Estamos hablando de un Estado que participe activamente en la actividad económica y que a la vez deje actuar al Mercado?
Rodrigo Alonso: En parte sí, pero sobre todo me interesa marcar el hecho de que esto debe estar enmarcado en una orientación general de por donde debería pasar un plan de desarrollo para el Uruguay de hoy. Y para esto es clave que los sectores populares vayamos más allá de un encare meramente distribucionista de los problemas nacionales.
Resumidamente, diría que un eventual nuevo gobierno de izquierda en Uruguay deberá trabajar en tres niveles, el de la emergencia social, el de la cuestión distributiva, y, el más importante y a su vez más complejo de abordar, el de la formulación de un plan estratégico de desarrollo. Para este último requerimos superar una conciencia política de fuerte impronta distributiva para ir conformando una conciencia productiva nacional. Porque una agenda únicamente distributiva no puede resolver el nudo que tenemos por delante.
En marzo de 2020, por si no fuera suficiente castigo divino tener que soportar la asunción de un gobierno conservador liderado por el herrerismo también aterrizó en Uruguay el Covid-19. Un gobierno cuyo signo ideológico no es muy amigo del desarrollo de los servicios públicos con una crisis sanitaria, económica y social que requería del desarrollo de servicios públicos para superarla no parece ser una combinación virtuosa. Es por esto que este breve aporte, pretende sumarse a una serie de futuras reflexiones sobre el valor de lo público y sus negadores.
Los “malla oro” y la negación del valor de lo público
A poco menos de un mes de declarada la pandemia en Uruguay, el actual presidente del Uruguay acuñó una defensa de los “malla oro” como aquellos que cinchan del pelotón, quienes nos iban a sacar hacia adelante de la crisis que la pandemia nos estaba imponiendo. En ese marco, afirmaba que no era deseable grabar el capital y para eso propusieron el Impuesto COVID-19 que grababa a los empleados públicos que ganaban más de 80 mil pesos líquidos en ese entonces.
Esto desató un conjunto de críticas. En primer lugar, no faltaron las críticas aludiendo a que el presidente no sabía nada de ciclismo (y seguramente tampoco de Economía). En segundo lugar, se criticó la no consideración de la capacidad tributaria del capital. En tercer lugar, se criticó el diseño del impuesto. Más allá de un conjunto de problemas técnicos para nada menores que tenía el impuesto propuesto había uno ideológico muy claro: los empleados públicos solo representan el 20% del total de personas que ganaban más de 80 mil pesos en 2020.
Es que la figura de los malla oro eclipsó otra declaración que justificó el nuevo impuesto y es que el presidente osó decir que el sector público “no genera valor”. No es nada novedoso vendiendo de un herrerista, cuya tradición ha criticado desde la expansión de la educación (y que los hijos de zapateros se conviertan en bachilleres) hasta el desarrollo de empresas públicas (denunciando “pactos de chinchulín”, queriendo vender las empresas públicas en la década de los noventa o mercantilizándolas con distintos mecanismos como la actual Ley de Urgente Consideración).
Ese sustrato ideológico fue el que los impulsó a que el impuesto COVID fuera solo a personas que trabajan en el sector público. A juicio personal, desde la izquierda no hubo un respuesta lo suficientemente contundente a este juicio, quedando librada en muchos casos a los sindicatos del sector público a los que fácilmente -e injustamente- se les podía acusar de corporativistas.
Sin embargo, incluso en la perspectiva más economicista posible, negar el valor de lo público es caer en el ridículo. En primer lugar, para generar valor se precisa trabajo. Y para reproducir fuerza de trabajo es necesario del desarrollo de un conjunto amplio de servicios públicos, comunitarios y también familiares. La salud y la educación pública se han desarrollado en el capitalismo en parte gracias a que cumplen un rol estratégico en la reproducción de la fuerza de trabajo.
En segundo lugar, tanto para producir (trabajar) como para realizar la producción (por ejemplo, poder comercializarla) se requiere de un conjunto de servicios públicos, como el transporte y las comunicaciones. A veces, estos servicios públicos pueden estar prestados por empresas privadas o por empresas públicas, pero el punto acá es que negarle el valor a estos servicios constituye un problema mayúsculo.
La lista es bastante más extensa y puede pecar de aburrimiento volverse exhaustivo en su desarrollo. En todo caso, lo argumentado en párrafos anteriores es trivial pero excluye un debate más sútil. Es claro que el Presidente de la República es consciente de que los servicios públicos generan valor o que, al menos, contribuyen y posibilitan la generación y realización del valor. Lo que no parece ser evidente es si el Presidente (y veremos que no está solo en esto) piensa que los servicios públicos sólo generan valor cuando los presta un privado pero no generan valor cuando los presta el Estado. Eso ayudaría a entender el sesgo del impuesto COVID y sobre esto hablaremos a continuación.
El peso de lo público en la economía
En el año 2017, la economista italiana Mariana Mazzucatto publicó un libro cuyo título en español fue “El Valor de las Cosas”. Se trata de un monumental trabajo de revisión del pensamiento económico desde Adam Smith hasta nuestros días en el que analiza qué tanto ha valorado la disciplina económica al Estado en cuanto generador de valor.
No vamos a reproducir aquí toda su argumentación que está desarrollada en más de cuatrocientas carillas pero sí resaltar lo más importante. La Economía, como disciplina, ha olvidado la discusión sobre el valor. Por tanto, muchas veces cuando al día de hoy se utilizan expresiones como “agregar valor” o “valor de los activos” o como cuando Lacalle Pou afirma que “los públicos no generan valor”, se está hablando sin un sustrato teórico claro detrás.
Esto, que puede parecer un problema teórico abstracto que solo debiera preocupar a intelectuales preocupados por asuntos económicos, en realidad se traduce en problemas concretos con implicancias de política muy claras. Uno de sus argumentos más desarrollados tiene que ver con la importancia estratégica de la inversión pública para el desarrollo científico tecnológico con ejemplos que van desde la industria farmacéutica al desarrollo de la electrónica, la informática y las energías renovables. De alguna forma, la interpretación de Mazzucatto nos muestra que la innovación no es producto de mentes brillantes que, a juzgar por las películas de Hollywood, las desarrollaron en el garaje de su casa cuando adolescentes, sino de un Estado que invierte y es capaz de correr riesgos. A modo de ejemplo, muestra que más del 80% de los componentes del Iphone fueron desarrollados por invención estatal y no por la genialidad de Steve Jobs. No comprender esto nos puede llevar a subestimar la importancia de que el Estado invierta en innovación y desarrollo y sobreestimar la importancia de que algún “emprendedor” venga a salvarnos.
Lamentablemente, este no es el único ejemplo posible. La autora también nos muestra algunos problemas que trae la Contabilidad Nacional. En particular, en los cálculos sobre el PBI, los criterios de imputación de valor son distintos según el agente que los presta sea público o privado. Entonces, en la educación pública su aportación se corresponde con el gasto que educación (ya que no genera excedente y está bien que así sea).
Pero si privatizáramos la educación y generásemos, ya no bastaría considerar que su valor es equivalente a sus “costos de producción” (salarios + gastos de funcionamiento e inversión). Esta nueva educación llevada a cabo por empresarios va a implicar, necesariamente, considerar eventuales ganancias empresariales y su peso en el PBI sería mayor. Paradójicamente, esto podría llevarnos a la conclusión de que gracias a la privatización de la educación aumentó el PBI y estamos en una economía más próspera que antes (ya que el PBI es más alto). Todo esto, a pesar de que en realidad ahora la educación sería privada, un montón de estudiantes se verían afectados y afectadas en el ejercicio de su derecho a la educación y, seguramente, aumente la desigualdad por vía de las mayores desigualdades en el ámbito educativo.
Esta misma lógica aplica a problemas vinculados con la generación de energía eléctrica (y los criterios para computar la privada vs la generación de la UTE); los servicios públicos de potabilización del agua o el desarrollo científico tecnológico cuando es público vs el privado. De estos asuntos, estaremos conversando en próximos artículos, con el propósito de convencernos del valor de lo público y armarnos de herramientas conceptuales para su defensa.
* Economista, docente de la Facultad de Economía /UDELAR
El reciente spot que publicamos en Hemisferio Izquierdo sobre la distribución del ingreso en el agro ha despertado todo tipo de críticas, apoyos, insultos, elogios y otros mimos. Uno de los más bellos nos los dedicó Pablo Roselli, socio de Deloitte, una de las consultoras que se dedican a asesorar empresarios y hace años viene pregonando a favor de la desindexación salarial y la congelación del gasto, quién nos invitó a respetar la “legítima propiedad privada”.
Para tratar de comprender la crisis del agro es necesario el análisis en profundidad y desde el punto de vista de los distintos intereses en pugna, de la lucha de clases. Para ello comenzamos reproduciendo un artículo de hace poco más de un año publicado en Hemisferio Izquierdo. QueHacer.com.uy
¿Y dónde está la renta? Los terratenientes agrarios en el Uruguay contemporáneo(1) 7 Nov 2016 Por: Gabriel Oyhantçabal*
Durante los últimos 15 años Uruguay transitó un intenso proceso de crecimiento económico ligado a un contexto internacional de altos precios de los “commodities” y al flujo de capital extranjero que recibió el país. La acumulación de capital, que se expresó en altas tasas de inversión en comparación con la media histórica, se produjo en varios sectores de la economía, con especial protagonismo del sector agropecuario.
"En el corto y mediano plazo es inviable que Uruguay renuncie a los dólares que resultan de sus exportaciones primarias, por lo que lo que se llama “extractivismo” continuará siendo una realidad que se impone por la fuerza de la actual división internacional del trabajo. Oponer a ello una propuesta basada en la pequeña propiedad semi artesanal sería insostenible política y económicamente. El problema planteado es cómo le oponemos a la deriva del capital un proyecto de base productiva capaz de sostener un país con su gente adentro. Esto no se resuelve en el campo de la política económica. En última instancia la llave maestra de la cuestión económica está en la agenda dura de la política: el problema del poder, la propiedad y la matriz productiva. No es un asunto de tecnócratas o gestores. La forma de reproducción de la economía uruguaya contiene en si misma su propio límite. Al dinamizar la acumulación cambiando renta del suelo por bienes importados abaratados a través de un dólar bajo se inhiben las posibilidades del desarrollo de sectores productivos capaces de competir internacionalmente. Lo que dinamiza al capitalismo uruguayo al mismo tiempo lo confina a reproducir su matriz productiva. Es un problema congénito del cual solo puede salirse con una redefinición del poder político de clase que sea capaz de apropiarse de la renta del suelo y ponerla al servicio de sectores con capacidad de una inserción sostenible a escala mundial, algo que es solo posible en el marco de la agregación de una escala continental, por lo que la integración regional es fundamental.
