FUERZA
POLÍTICA, GOBIERNO, TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES
APROBADO
POR EL PLENARIO NACIONAL DEL
FRENTE AMPLIO
Introducción
El Frente
Amplio tiene más de 32 años de vida política, pero la lucha de los
trabajadores y del pueblo uruguayo que condujo a su fundación es todavía más
larga.
La unidad
política de la izquierda no fue un proceso fácil. Su construcción demandó
grandes sacrificios y costó sangre, cárcel, exilio y esfuerzos de decenas de
miles de orientales, hombres, mujeres y jóvenes, que dieron lo mejor de sus
vidas para construir un país solidario, en el que se pudieran realizar los
mejores valores de justicia social que alentaba su lucha.
La
acumulación política realizada durante tantos años está a punto de dar sus
frutos y el Frente Amplio, junto a sus aliados, tiene grandes posibilidades de
alcanzar el gobierno en las próximas elecciones.
Ello pone sobre la mesa,
con más fuerza que nunca, la necesidad de profundizar las definiciones
realizadas sobre la relación que tiene que existir entre el Frente Amplio, su
gobierno, los trabajadores y toda la sociedad civil.
La alternancia en el
gobierno entre blancos y colorados, al servicio de los mismos intereses, ha
consolidado un tipo de administración que permitía el cambio de personas en el
gobierno sin que se resintiera demasiado su funcionamiento y ayudaba a
consolidar el bloque de poder.
El gobierno progresista,
sin embargo, no se podrá sostener y consolidar, solamente cambiando a las
personas que integran el gabinete y aplicando otro programa.
Ello no alcanza. Un
gobierno al servicio de los intereses populares y las grandes mayorías
nacionales, además de instalar su equipo, integrado por cuadros de probada
idoneidad técnica, para llevar adelante su programa; tendrá que modificar una
burocracia instalada funcional al bloque de poder. Y eso no será tarea fácil.
Llevará tiempo y esfuerzo. Para hacerlo el FA y sus aliados también tendrán
que cumplir con su propósito de promover la participación, transferir
capacidad de decisión a la gente y transformar a los ciudadanos y al pueblo en
protagonistas activos, que gestionen sus propios intereses y participen en la
difícil tarea de gobernar el país.
El FA se ha construido a
sí mismo a partir de la aplicación de ese principio, sin olvidar que la
construcción de una fuerza política anticipa la de su gobierno. No se puede,
por lo tanto, aplicar determinados principios para la construcción de la
fuerza política y aplicar otros distintos para construir el gobierno.
La descentralización
política y la participación ciudadana tienen que formar parte de los
principios que guíen o pauten la forma de funcionamiento del nuevo gobierno
progresista.
Pautas
generales para una política de relacionamiento
Es innegable que para
delinear con nitidez cuál debe ser el relacionamiento entre el Gobierno
Progresista y la sociedad organizada, hay que tener definidas las reglas de
relacionamiento entre el gobierno y la fuerza política. Estas reglas deben
estar dirigidas a dotar de racionalidad y eficiencia a la relación entre ambos
ámbitos, que, obviamente, comparten los mismos objetivos estratégicos. Si no
está claro esto - y lo que es aún más importante - no se respetan las reglas
de juego acordadas oportunamente, se verá dificultada la posibilidad de
establecer un diálogo que permita cumplir los objetivos antedichos.
Lo primero que hay que
tener presente es que se trata de ámbitos distintos, tanto por su composición,
por sus reglas de toma de decisiones, por sus tiempos y por sus
responsabilidades ante la sociedad. A pesar de esto es posible y necesario
encontrar caminos de ida y vuelta que permitan los mejores resultados.
La relación entre la fuerza
política y su gobierno para cumplir con los objetivos planteados, debe
encararse estableciendo un adecuado equilibrio entre la función de orientación
global que ejerce la fuerza política, y la necesaria autonomía de gestión que
debe existir para gobernar eficientemente.
La relación fuerza
política-gobierno debe sostenerse sobre tres grandes pilares:
a. Autonomía
relativa, es
decir, el mutuo reconocimiento de que hay ámbitos, reglas y tiempos que son
distintos y que cada actor tiene derecho a ser reconocido como tal. El término
“relativa” ayuda a entender que no estamos hablando de disociación o ajenidad.
Por el contrario, se trata de expresar un mismo proyecto en ámbitos y en
tiempos de acción distintos. Hay plena autonomía para desarrollar los roles
correspondientes, pero dentro de un marco de relaciones acordado y nítidamente
definido.
b. Coordinación:
Las acciones de uno y otro actor apuntan a los mismos objetivos estratégicos,
por lo que debe buscarse que se potencien mutuamente, que sean armónicas y
entendibles como parte de una misma línea de acción estratégica. Una
coordinación fluida, que ajuste correctamente tiempos y necesidades de cada
parte, aumenta la efectividad y la eficacia de cada uno para cumplir con sus
compromisos y objetivos de corto, mediano y largo plazo.
c. Responsabilidad:
La toma de decisiones y la definición de cursos de acción deben implicar que
quien las asume esté dispuesto a hacerse cargo de las consecuencias y como
estas afectan a otros actores políticos y sociales. Aún más, quienes actúan en
lugares de dirección, deben tener siempre presente que sus decisiones y
acciones presentes pueden afectar su misma capacidad de maniobra futura. Esta
influencia es, sin duda, muy fuerte en la relación fuerza política gobierno,
lo que ambos actores deben tener siempre presente.
Queremos subrayar que
estas tres grandes orientaciones deben funcionar juntas y articuladas a la
hora de diseñar e implementar políticas de relacionamiento. La falta o la
hipertrofia de alguna de ellas pone en riesgo el equilibrio y la racionalidad
de estas políticas y, en definitiva, atenta contra la concepción que tenemos
sobre esta fundamental área.
Entre las múltiples
responsabilidades que están a cargo de una fuerza política, una central, en
relación con el gobierno, es la definición del Programa Nacional y el Plan de
Gobierno. Esto implica que la orientación programática, el contenido de la
propuesta de gobierno a realizar son fundamentales para entender las políticas
de relacionamiento, más aún, en el caso de las fuerzas progresistas. Se trata
de definiciones que tienen que ver con la profundización de la democracia.
Compete a la fuerza política, además, la fijación de criterios éticos y de
comportamiento para quienes desempeñen funciones de responsabilidad de
gobierno, la instrumentación de mecanismos orgánicos de contralor de la
aplicación del programa, seguimiento permanente y respaldo al gobierno.
La
autonomía de gestión se ejerce y relaciona con la implementación de los
lineamientos programáticos en los planes que se estime conveniente; lo
referente al funcionamiento, mejora e innovación de la administración; en todo
lo concerniente al relacionamiento institucional (con organismos o actores
públicos, privados y sociales en general); el manejo de los tiempos de
gobierno (que no siempre son los de la fuerza política)
Las políticas de
relacionamiento reconocen distintos ámbitos de aplicación. Obviamente el
primer principio debe ser que, a partir del reconocimiento de las
particularidades de cada área, el conjunto de las políticas en cada plano debe
tener elementos comunes y coherencia tales que permita una acción que se
alimente de la reflexión y la práctica. Particularmente, el accionar del
gobierno con los funcionarios públicos debe desarrollarse de tal manera que
sirva de referencia para la implementación de las políticas de relaciones
laborales en el ámbito privado. Estas deben ser refundadas desde las bases de
la ampliación de la ciudadanía y del impulso del desarrollo justo y
sustentable, en un marco de profundos cambios que se han producido en el mundo
del trabajo.
Los distintos aspectos de
relacionamiento que podemos destacar son:
- Gobierno Fuerza-Política
- Gobierno
Empleador-Sindicatos
- Gobierno-diversas organizaciones sociales
- Gobierno orientador
y controlador de las Relaciones Laborales
- Participación y consulta ciudadana
La participación y el
diálogo son elementos de sustentación centrales de la acción de gobierno. Es
más, es de aquí que debe surgir la legitimidad de los cambios estructurales
que impulsará el FA y sus aliados desde el gobierno nacional, que tendrán como
fundamental meta la superación de la exclusión social. Como decíamos
anteriormente se trata de ampliar la democracia y la ciudadanía, con el
objetivo de superar la incomunicación social y la falta de transparencia,
utilizando todos los mecanismos posibles de descentralización y estímulo
efectivo de participación popular.
El
gobierno progresista
1- Nuestro gobierno
resultará de la decisión soberana de la ciudadanía, expresada en el respaldo
de nuestra propuesta electoral, lo que supone una legitimidad democrática que
siempre hemos reivindicado y que valoramos profundamente. Dicha legitimidad
democrática implica que el gobierno tiene un fuerte respaldo y un mandato
expreso de la ciudadanía de gobernar –esto es, decidir y arbitrar intereses
diversos- y de hacerlo de acuerdo a un programa explicitado clara y
oportunamente ante los electores. Dicho mandato supone la intención de hacer
prevalecer el interés general por sobre los intereses particulares, de grupos
o personas. Nuestro compromiso con la ciudadanía toda es el de gobernar para
todos los uruguayos, en base a las definiciones y prioridades de nuestro
programa, para todos aquellos que acompañaron nuestra propuesta electoral y
los que adhirieron a otras propuestas, los ciudadanos sin partido y la
población en general.
El principal compromiso contraído por un gobierno del
Frente Amplio es de hacer un buen gobierno y, de acuerdo a su programa,
hacerlo en beneficio de los más postergados y las grandes mayorías.
2- El gobierno tendrá que
ser, sin lugar a dudas, el gobierno del FA y sus aliados, en tanto la fuerza
política es la responsable de su propuesta, su programa, sus candidatos, su
equipo y su gestión. Ella es la que, a través de sus organismos, establece y fija las líneas
generales de su Programa Nacional y Plan de Gobierno y dentro de ellas el
gobierno de la fuerza política se tiene que manejar. Obviamente, al ser
sometidas a la voluntad ciudadana en el proceso electoral, estas líneas
también adquieren la calidad de compromiso ante la sociedad. La fuerza
política deberá evaluar, permanentemente, lo que realiza el gobierno en
función de lo definido en las instancias orgánicas, y su compromiso con la
ciudadanía, teniendo presente que en el Programa hay cosas centrales, otras no
tanto y otras menores, secundarias y que su enfoque debe apuntar a lo medular,
no a lo secundario.
3- La
organización política no puede ni debe agotarse a sí misma en su relación con
el gobierno. Ello significaría una gran limitante para la misma. Esta debe
trascender el gobierno y elaborar políticas para el futuro.
El gobierno es el hoy, la
fuerza política el mañana. Ella debe proyectar la acción de hoy hacia el
futuro, darle perspectivas al gobierno. Este, sin la construcción de esas
perspectivas, se agotaría en sí mismo.
Se puede reivindicar el
control que la fuerza política debe ejercer sobre el gobierno. Pero no se
puede olvidar ni dejar de lado la proyección de futuro: se estaría renunciando
a una de las principales funciones de la organización política.
4-
En ese sentido, tal como decíamos más arriba, no hay ni puede haber
autonomía o independencia total. El gobierno progresista será producto de la
responsabilidad del Frente Amplio y sus aliados y de los que lo construyeron y
lo construyen día a día.
5- Se ha
interpretado mal la frase sobre la necesidad de cortar el cordón umbilical
entre la fuerza política y el gobierno: ello refiere al gobierno cotidiano,
pues no se puede gobernar al ritmo del funcionamiento de la Fuerza Política.
Este es mucho más lento que el ritmo del gobierno, y por lo tanto, una vez
instalado el gobierno, tendrá su propio ritmo y, en los aspectos cotidianos,
no puede esperar a las definiciones de la fuerza política. Esta delega en el
gobierno, su gobierno, la capacidad de decidir y llevar adelante sus tareas. La fuerza política ayudará al gobierno a aplicar el Programa acordado en
común y a difundir en el seno del pueblo sus realizaciones y proyecto.
6- Es
innecesario e imposible gobernar en asamblea permanente. Innecesario por
cuanto los compañeros llamados a tomar las decisiones lo hacen en base a un
programa y luego de haber sido elegidos, entre otras cosas, por su capacidad
de llevarlo adelante. Imposible por la propia dinámica de la acción de
gobierno que implica la múltiple toma de decisiones en varios ámbitos. El
compañero elegido por el FA para desempeñar la más alta tarea de gobierno, lo
ha sido, entre otras cosas, por su capacidad para desenvolverse en un ámbito
muy complejo. Esa capacidad se manifiesta también cuando hay que decidir
cuestiones controversiales, por no haber estado previstas con anterioridad o
aun cuando fueron previstas hay que ajustarlas a la realidad del momento. En
los casos de situaciones controversiales importantes, no analizadas
previamente, es más necesario que nunca la consulta previa a la fuerza
política para que ésta ayude en la búsqueda de soluciones y se
corresponsabilice. La fuerza política no puede limitarse a ser informada a
posteriori del hecho consumado, ya que inhibe la crítica por su esterilidad o
por la supuesta desautorización de quién tomó la resolución en cuestión.
7- Asegurar el
gobierno de la fuerza política, con un programa apoyado y compartido por los
sectores sociales que componen el pueblo y los que necesitan del desarrollo
del país soberano para encontrar un principio de satisfacción a sus
necesidades y sus problemas, es el principal desafío a resolver. Ello implica
que se gobierne para todos los uruguayos, pero desde el programa que
necesariamente refleje los intereses del pueblo y sus aliados, de las grandes
mayorías nacionales.
Agrupación
Nacional de Gobierno
8- Siempre se
asocia el gobierno al Poder Ejecutivo; sin embargo, este necesita de mayorías
parlamentarias que respalden su gestión. Y cómo se logran estas forman parte
de la acción de la fuerza política.
9- Se
considera que la fuerza política debe orientar las políticas de gobierno,
tanto en lo que tiene que ver con el Ejecutivo como con la práctica
Legislativa. A su vez, la Agrupación Parlamentaria Nacional, que actualmente
funciona, deberá mantenerse con toda su especificidad.
10- Para
contribuir a trazar los grandes lineamientos de la política de gobierno, se constituirá la Agrupación Nacional de Gobierno, que se reunirá en forma
periódica para tratar temas de importancia considerable.-
Ella deberá
estar integrada por el Vicepresidente de la República, el Secretario de la
Presidencia, los ministros integrantes de la Fuerza Política, los intendentes
electos, el Presidente y el Vicepresidente de la misma, los legisladores
electos, así como la Dirección Política, con los sectores y la representación
de base manteniendo la proporcionalidad.
Esta
Agrupación se reunirá periódicamente y toda vez que se necesite consultar a la
Fuerza Política y sus decisiones abarcarán a todos los ámbitos del gobierno
(ejecutivos y legislativos)
11-
La Agrupación Nacional de gobierno designará una Mesa como ámbito de
funcionamiento regular, estableciendo su integración y régimen de
trabajo.
La
Mesa convocará a los legisladores cabeza de listas cuando funcione como
elemento de consulta urgente o toda vez que se necesite tomar decisiones
rápidas y que puedan significar un cambio en relación a lo que estaba decidido
con anterioridad o que haya que tomar decisiones no previstas, pero de gran
significación política. En estos casos integrará también a los cabezas de
listas.
Gobierno
y fuerzas sociales
12- El acceso de
la Fuerza Política al gobierno, aun en lo exitoso del proceso iniciado, no
elimina la contradicción de intereses entre el trabajo y el capital y entre el
Estado y sus funcionarios asalariados y la diversidad de intereses y demandas
en la sociedad. La propia idea de Acuerdo Social lo avala. La enorme
modificación ocurrida en la economía y en la sociedad contemporáneas a
consecuencia del neoliberalismo determinan que los sectores populares y
nacionales se compongan hoy de un gran número de desempleados, subempleados,
indigentes, excluidos, trabajadores, pasivos, clases medias, sectores
productivos golpeados por la crisis y sectores afectados por diversas formas
de discriminación. Contemplar y articular los distintos sectores de la
sociedad, castigados por las políticas tradicionales en torno a un proyecto
alternativo es un desafío central de nuestro tiempo
El gobierno
progresista debe reconocer desde un primer momento tales hechos y las luchas
económicas y los conflictos que sin duda se han de generar.
13- Gobernar no
es sólo un acto de elaboración de programas y lineamientos a llevar adelante.
Por ello no alcanza con cambiar los encargados de resolver e instrumentar los
lineamientos de gobierno en distintos ámbitos, sino que implica poder
llevarlos adelante desde una estructura adecuada que contemple la elaboración,
la puesta en práctica, el control y la corrección de los problemas o errores
que se puedan cometer. Esa estructura debe contemplar la participación y
transferencia de la capacidad de decisión y gestión a la comunidad y a los
trabajadores. Esto no se puede realizar hacia un sujeto fragmentado, sino que
hay que promover permanentemente el desarrollo del sujeto social colectivo
14- El problema
sigue siendo importante cuando se trata de transferir esa capacidad de
decisión hacia la comunidad, hacia los usuarios, hacia sectores económicos. No
hay demasiada experiencia al respecto, y se trata de elaborar con suficiente
anterioridad a los hechos. Sin embargo la experiencia acumulada, por ejemplo,
en los Concejos, sus Comisiones abiertas a los vecinos, los Concejos abiertos
y las redes locales, deben ser tenidas en cuenta como punto de partida de
análisis.
15- Una actitud,
para nosotros equivocada, es la de no transferir capacidad de decisión. Ello
le quitaría respaldo a una gestión que, obviamente, lo va a necesitar y lo va
a tener que organizar. Por lo tanto, la gran tarea de la fuerza política, con
miras al gobierno popular, es promover el desarrollo de un sujeto social
colectivo, con ámbitos de participación, hacia el que hay que transferir
capacidad de decisión.
16- Uruguay
cuenta con una gran ventaja al respecto, y es que, en principio, tiene una
amplia y extendida red social a la que hay que estimular y apoyar, así como un
movimiento sindical unitario y combativo. No se parte de cero y no hay que
empezar a trabajar desde una red social inexistente.
17- Los elementos
enunciados se expresan en el Acuerdo Social, que pasará a ser, sin duda, un
eje estratégico de la acción del Gobierno Progresista. Tal como dicen los
documentos aprobados por el Congreso Tota Quinteros de setiembre de 2001.
“Este Acuerdo Social sólo será posible si persistimos en el camino ya
emprendido de consolidar un amplio bloque social y político que exprese a
todos aquellos que son víctimas del actual modelo neoliberal y que estén
dispuestos a coincidir en la oposición y la propuesta. La lucha y la movilización popular serán determinantes en cada coyuntura para
la búsqueda y concreción de acuerdos sociales.
El gobierno
progresista apoyado en el acuerdo entre todas las fuerzas que conforman la
base social del Frente Amplio y en la necesidad de profundizar la
democratización y el involucramiento de todos los sectores que apuestan al
progreso y al crecimiento con justicia, ampliará la convocatoria al rico
tejido social de organizaciones, asociaciones, gremios, sindicatos y cámaras
comprometidas con el desarrollo soberano del país.
Se trata de
una convocatoria amplia en la que cada sector deberá contribuir a los
objetivos planteados.
El
proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos no se puede agotar en los temas
económicos sino que tiene que incluir a aquellos derechos sociales, políticos
y culturales que construyen ciudadanía, los que pueden dotar de sentido de
desarrollo integral al crecimiento productivo.”
18- El acuerdo
social es entonces el marco estratégico en el que se deben inscribir las
políticas de relacionamiento. Para decirlo con claridad: los múltiples canales
de diálogo que debe establecer el gobierno progresista con la sociedad
organizada no son un elemento separado del programa, por el contrario, deben
expresar plenamente la participación, el compromiso ciudadano y la
transparencia que están en la base misma de nuestra propuesta.
19- El acuerdo
social debe plantearse desde una visión compartida sobre ciertos aspectos de
la realidad y sobre propuestas de acción acordadas y respaldadas por todas las
partes involucradas, si no quedará en una aspiración ideológica o política ni
será el instrumento útil de gobernabilidad progresista. Se trata de tejer las
coincidencias en torno al proyecto común del bloque social alternativo.
Tal como se viene diciendo,
el Acuerdo Social implica la voluntad de propiciar la más amplia
participación, el reconocimiento de los actores sociales relevantes y de las
organizaciones que se han dado. En este sentido cobra especial significación
el área de la Economía Social, en sus diferentes expresiones asociativas y, en
especial, el Movimiento Cooperativo, que debe ser reconocido como un actor
social fundamental, especialmente en lo que tiene que ver con la estrategia
del país productivo, de la construcción de un Proyecto de desarrollo integral
y la democratización de la vida económica.-
20- En este
marco, y a la luz de algunas dificultades de la hora, ha quedado de manifiesto
que tenemos carencias en lo que se refiere a la relación entre fuerza
política, gobierno de la fuerza política, actores sociales – muchas veces con
demandas de claro corte corporativo – y sociedad en su conjunto. El no
esclarecer los términos de ese relacionamiento -cada vez más conflictivo –
puede convertirse en un verdadero obstáculo de cara a las transformaciones que
propugnamos.
La
fuerza política y su gobierno, así como el amplio, multifacético y combativo
movimiento de masas, integramos el bloque político y social alternativo (o las
grandes mayorías nacionales), opuesto al bloque de poder. Como tales
integrantes, tenemos todos un mismo proyecto que, en sus grandes líneas, puede ser caracterizado de popular, nacional y
democrático, antiimperialista y antioligárquico. Proyecto que hemos ido
elaborando en medio de duras luchas y que, por eso mismo, aplicaremos,
controlaremos y defenderemos, todo a la vez. Integramos un gran bloque
histórico y tenemos un proyecto esencialmente similar.
Sin embargo,
desde el punto de vista de su composición social, el bloque alternativo no es
algo homogéneo, sino que esta conformado por distintas clases, fracciones de
clases, capas y estratos. Desde el punto de vista de la forma, su expresión
tampoco es uniforme, sino multiforme: se expresa y organiza en el plano
político, social, cultural, etc. Tampoco, en consecuencia, son similares los
comportamientos, usos y costumbres de sus integrantes.
Las clases,
fracciones de clase, capas y estratos, así como las organizaciones mediante
las cuales se expresan las grandes mayorías en los diferentes planos,
conformamos objetivamente un bloque social y político con intereses comunes,
pero también con matices, diferencias y proyectos finales no necesariamente
similares. De aquí, por ejemplo, la posibilidad real de existencia de
contradicciones y visiones diferentes a la interna del bloque alternativo.
Por lo
anterior, partiendo de que la realidad analizada es compleja, se vuelve
necesario establecer mecanismos formales (aprobados y respetados por todos),
y/o reforzar los ya existentes, a través de los cuales se establezca el
relacionamiento entre los distintos componentes del bloque de los cambios.
Urge, entonces, fortalecer y/o crear los ámbitos de debate, los caminos para
reglamentar y solucionar las contradicciones o conflictos (hasta cierto punto
inevitables) y los dispositivos de apoyo, asesoría o estudios que posibiliten
la participación efectiva de los actores político-sociales que hacen al bloque
histórico. Y ello, al mismo tiempo que reconocemos que la gestión
administrativa de gobierno y el partido político deben tener ámbitos de acción
separados, así como reconocemos la autonomía del movimiento de masas respecto
de los partidos políticos.
21- La autonomía
es necesaria y fundamental para la preservación de las características,
objetivos y roles diversos de la fuerza política, el gobierno y las fuerzas
sociales.
22- Históricamente, el movimiento sindical en su conjunto, ha sido capaz de
trascender la perspectiva meramente corporativa en aras de un proyecto de
país, planteándose la alianza con otras capas y sectores sociales.
Esa experiencia avala
nuestras expectativas sobre la concreción de amplios acuerdos sociales en
torno a una estrategia de desarrollo nacional asumida por un gobierno de
nuestra fuerza política, la cual asume el legado histórico de las luchas de
los trabajadores y de todos los sectores postergados en pos de la emancipación
social y la independencia nacional.
Al mismo tiempo, más allá
de los acuerdos estratégicos, en la coyuntura inmediata, muchas veces
legítimamente, las organizaciones sociales defienden los intereses específicos
de los sectores a los que representan.
A partir de esta situación
pueden presentarse conflictos con otros sectores sociales o con el gobierno
que encarne un proyecto para el conjunto del país.
Esto de por sí no es
dramático, ya que la vida es conflicto y el avance se procesa encarando
conflictos. El tema es como se resuelven.
Una fuerza progresista en
el gobierno deberá defender el cumplimiento integral de su programa, asumiendo
el ejercicio pleno de la autoridad del Estado, en los márgenes estrictos del
orden jurídico y a través de la metodología del respeto y del diálogo.
Resolver conflictos puede
implicar optar por unos u otros intereses en función de una orientación
ideológica acerca de lo que se considere más beneficioso para la sociedad en
su conjunto.
23- La Fuerza política en
el ejercicio del gobierno asume la concreción de un proyecto de cambio para el
país.
Este proyecto no es el
resultado de la suma de los intereses sectoriales que existen en la sociedad,
sino en su articulación y/u opción por unos sobre otros, en beneficio de la
comunidad, para el presente y/o su futuro.
Vale decir, que sobre la
base de la realidad material de la sociedad y de la situación concreta de las
diferentes clases y sectores sociales, se trata de una construcción que se
juega fundamentalmente en el terreno de la política, del discurso y de la
acción política y que a su vez, para ser viable, debe generar un consenso
activo en toda la sociedad en torno a esta propuesta.
24- A su vez, para una
fuerza política progresista y de izquierda, resulta fundamental articular una
propuesta de conjunto viable, que permita un avance progresista con soluciones
para los problemas de hoy y el desarrollo futuro. Y se hace necesario
implementar una estrategia inteligente, participativa, que permita enfrentar
con éxito las políticas negativas a los intereses de las mayorías en el
presente, y posibilite no sólo ganar el gobierno sino gobernar para lograr el
cambio, un desafío que depende en buena medida de la capacidad de
relacionamiento con la sociedad organizada sobre la base de la comprensión de
su diversidad, el respeto de la autonomía de lo político y lo social, y la
necesidad de la concertación permanente entre ambos para viabilizar un
proyecto.
25- Para todo esto, se
requiere una manifiesta y consecuente voluntad de diálogo para hacer viable
las transformaciones. La profundidad y la permanencia de estas está en
relación directa con el grado de Involucramiento y compromiso que asume la
sociedad. Esto no se logra sino es a partir de privilegiar el diálogo y
acuerdo, en lugar de la imposición autoritaria e inconsulta.
26- Esta
voluntad de diálogo y apertura a la participación, que deberá ser la seña de
identidad de nuestro estilo de gobierno, debe realizarse en distintos planos.
-
La Reforma
Institucional que debe encarar el gobierno progresista deberá incluir,
en primer lugar, la institucionalización de formas de participación
ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil. La reglamentación y
conformación del Consejo Nacional de Economía o un ámbito similar de
participación de los diversos actores sociales. La participación de los
trabajadores en la dirección de las Empresas Públicas a través – por ejemplo
– de sindicaturas, la Descentralización Política, son algunos de los
aspectos que debe incluirse en dicha Reforma.
-
En el
primer año de gobierno, la discusión del Presupuesto Nacional 2005 –2009
debe ser la ocasión para propiciar una amplia participación e
involucramiento social en la primera ley fundamental que se deberá aprobar.
Deben construirse aquí las bases de la participación institucionalizada,
favoreciendo la organización y el fortalecimiento de la sociedad civil,
buscando achicar lo más posible la distancia entre ella y el gobierno.
En relación a los
trabajadores bajo nuestra administración debe establecerse un buen
relacionamiento sustentado en el respeto mutuo, el diálogo y la concertación,
sobre la base de algunos parámetros claramente definidos e impulsados:
- El compromiso del
gobierno de mejorar las condiciones laborales y salariales, de acuerdo a sus
posibilidades y definiciones estratégicas atendiendo la situación y el
proyecto global.
- El Impulso de la
negociación colectiva y la política de convenios.
- El otorgamiento de
mejoras significativas en materia salarial y de beneficios a los trabajadores
del Estado, debe acompañarse del establecimiento de una clara contrapartida en
términos de mejora de productividad y de la gestión, atención al público y
mejora del rendimiento en el Estado, así como el involucramiento de los
trabajadores en la gestión y el incentivo del compromiso por parte de los
mismos a la hora de reafirmar su actitud de servicio hacia la sociedad
27- La refundación de las
relaciones laborales debe partir de el ejemplo de un Estado que impulse
decididamente la negociación con los funcionarios, con el firme propósito de
llegar a Convenios Colectivos en el sector público, en los que se determinen
con claridad los compromisos de cada parte, hacia el objetivo de la
dignificación de la función pública y dotar de la máxima calidad a los
servicios y productos del sector público.
28 - Un modelo de
relaciones laborales institucionalizado debe asentarse sobre:
· legitimidad
de las organizaciones (sindicatos-empresarios): refiere a que realmente
representen a los actores del mundo del trabajo, sea por afiliación, por
convocatoria, adhesión, etcétera.
· reconocimiento de todas las partes: gobierno-sindicatos-cámaras empresariales
· confianza,
respeto y disposición permanente al diálogo
· legalidad por
convenios laborales, en particular el cumplimiento de la Ley de Consejos de
salarios.
· Ratificación
de los Convenios Internacionales con la OIT
29 - Debe tenerse presente
que hay un componente esencial de nuestras políticas de reactivación y Empleo:
la defensa por parte del Estado de los derechos laborales y de las garantías
para el pleno ejercicio del derecho de sindicalización. En este sentido se
promoverá por la vía administrativa y se legislará sobre la obligatoriedad de
la Negociación Colectiva, cuyo desarrollo será preocupación central del
Gobierno Nacional. Estas políticas buscarán dotar de racionalidad democrática
a las relaciones laborales, ampliando al máximo las vías institucionales para
la resolución de los conflictos.
30- Posiblemente sea en
esta área en la que se ponga a prueba con la máxima exigencia la apuesta
estratégica del Acuerdo Social. El Gobierno pondrá de su parte su compromiso
de abrir puertas, de garantizar ámbitos y acuerdos alcanzados; las
organizaciones populares tendrán canales de expresión de sus necesidades y los
sectores empresariales tendrán la posibilidad de expresar sus preocupaciones e
intereses, sabiendo que la suerte de los emprendimientos productivos estará
ligada a la creatividad, la capacidad de asumir riesgos, en un marco de
respeto a las reglas del diálogo y a los objetivos gubernamentales de largo
plazo.
31- En relación
a los trabajadores particularmente se promoverá la participación de los
mismos, la coparticipación en mecanismos de calificación, controles,
productividad (preferentemente colectiva), capacitación, ascensos, premios,
sanciones, etcétera. También mecanismos de prevención de conflictos,
preavisos, diálogo, etcétera
32- Propuestas
para acuerdo, que deben por lo menos ser discutidas, son:
· la reducción
de la jornada laboral.
· eliminación
de las horas extras (utilización solamente en situaciones extraordinarias).
· legislación
sobre la negociación colectiva por rama de actividad
· fuero
sindical
· integración
de trabajadores a la dirección en organismos públicos
· comités de
empresas y comisiones paritarias
· equidad en
cuestiones de género referidas al trabajo
33- En el marco de la
discusión se deberá profundizar en el análisis de los cambios en el mundo del
trabajo, sus impactos y sus efectos. Las instancias de acuerdo deben ser foros
en los que se comiencen a considerar públicamente y con transparencia algunos
temas que han permanecido en segundo plano, pero que son centrales para la
vida de cientos de miles de uruguayos y uruguayas. Entre ellos: la
informalidad, la flexibilización, la tecnología, el nuevo desempleo, la
precarización de los puestos de trabajo. Sin una visión compartida sobre lo
que ha pasado en el mundo del trabajo en los últimos 30 años, no es posible
llegar a acuerdos sólidamente cimentados.
34- A nivel
estatal en particular, se debe asegurar la participación de los trabajadores
con capacidad de cogestionar las empresas del Estado.
35- El
gobierno popular es tal, por su relación con los trabajadores a cargo, por la
forma en que resuelve los problemas o las necesidades del conjunto del pueblo.
Eso lo tiene que hacer a partir de los trabajadores que tiene a su cargo: son
el instrumento necesario para la gestión popular, pero el carácter popular
surge por cómo resuelve las necesidades de la gente, los problemas de la
gestión y su relación con los trabajadores.
36- Asumimos,
como cuestión de principios, la relación con los trabajadores. La fuerza
política, necesariamente, tiene que establecer cómo se plantea llevar adelante
el relacionamiento y, a partir de lo discutido por los propios trabajadores,
posteriormente elaborar una política de intercambio y relacionamiento acordada
entre ambas partes. Ello no hará más que confirmar, desarrollar y profundizar
algo que existe desde el nacimiento del Frente Amplio.
Montevideo, 19 de abril de 2004
