Guatemala  Llamándonos a respetar ¿cuál “orden constitucional”?

Es justamente por las inconstitucionalidades del gobierno que se vive tanta miseria.

Por Marcela Gereda

En respuesta a quienes pedimos la renuncia de Pérez Molina, este responde: “Yo tengo un mandato constitucional y estoy dispuesto a cumplirlo y finaliza el 14 de enero de 2016”.

Como loro abandonado vuelve a gritar a los cuatro vientos que tiene un mandato constitucional y que, a pesar de la insistencia de distintos grupos de la sociedad civil para que entregue el cargo, lo hará cuando concluya el periodo de cuatro años para el cual fue elegido, porque el “respeta” y “no puede violar” la Constitución.

Uno puede esperar ese cinismo de nuestro mandatario, títere del CACIF y de EE. UU. Pero sorprende que desde hace varios días determinados medios de comunicación de la derecha que se autodenominan “independientes”, nos llaman a la población a diezmar las manifestaciones y a dejar de pedir la renuncia de Pérez Molina para no romper el “orden constitucional” y a “hipotetizar” escenarios diciendo que si renuncia Pérez Molina ello causaría un “grave” vacío constitucional”.

Ante este absurdo llamado uno se pregunta ¿a cuál orden constitucional se refieren?, ¿en dónde ven ese “orden constitucional”?, ¿qué entienden “ellos” por “orden constitucional”?

Cierto es que en este gobierno no ha habido ni un mínimo respeto al orden constitucional, se han pasado la Constitución por donde han querido, es justamente por las inconstitucionalidades en las que han incurrido nuestros gobernantes que estamos hundidos en la miseria, en el absurdo de los privilegios, en la corrupción, en los saqueos y en ese larguísimo etcétera por el que estamos en las calles manifestándonos y exigiendo cambios de estructura en nuestro régimen político.

Por orden constitucional, entendemos aquel que reconoce y garantiza la efectividad de los derechos humanos individuales y sociales por la mediación de los órganos del poder público instituidos y controlados soberanamente. Pero como aquí no hay instituciones gobernadas soberanamente, ni nada que nos garantice nuestros derechos individuales y sociales, no podemos hablar de un “orden constitucional”.

Por ello en la protesta del sábado pasado exigimos refundar el Estado. Esto no nos hace “ni aprovechados ni revoltosos” como maliciosamente han expresado varios periodistas neoliberales. El sistema está podrido y querer construir desde esa putrefacción resulta ilegítimo.

En el Manifiesto del Centro de Defensa de la Constitución (Cedecon) se reconoce que “nos encontramos en una situación límite cuando se vulnera impunemente el modelo político establecido en la Constitución, debido a una interminable saga de manipulaciones, contubernios y corruptelas, encaminadas a doblegarlo y desnaturalizarlo”.

En la Constitución Política de la República de Guatemala, se encuentran todas las razones que justifican la salida del gobernante –que ya no gobierna– sobre el ejercicio del poder público, hay que leer los Artículos que van del 152 al 155 para entenderlo. El Artículo 189 se refiere a la falta temporal o absoluta del Presidente, y el 192, a la falta absoluta del Vicepresidente; en ambos se legisla cómo subsanar esas ausencias, dentro del orden constitucional.

Las inconstitucionalidades de este gobierno han sido hondas e imperdonables. Hagamos memoria: Octubre 2012. Elementos del Ejército guatemalteco dispararon en la Cumbre de Alaska contra civiles indígenas.

Noviembre 2013. Diversas organizaciones campesinas presentaron una Acción de Inconstitucionalidad contra el Acuerdo Gubernativo 154-2013. “En conformidad con la Constitución (Pérez Molina) no tiene facultades para decretar la utilidad o necesidad o la urgencia de un proyecto, debería de haber sido decretado por el Congreso de la República. Prácticamente el Presidente está usurpando funciones con el gabinete”.

Vemos también inconstitucionalidades en el cierre de los Archivos de la Paz, el Estado de Sitio en Barillas, la injusta criminalización de la protesta campesina, la captura y la represión orquestadas contra dirigentes comunitarios que se oponen a megaproyectos que únicamente sirven para expoliar nuestros recursos naturales y seguirnos condenando al subdesarrollo, los innumerables desfalcos y contratos millonarios que han dejado las arcas nacionales en números rojos y con deudas gigantescas.

El Estado ha colapsado, por ello pateamos el tablero. Por ello llamamos a refundar el Estado a través de un proceso constituyente interétnico e interclasista. Necesitamos una reforma radical y estructural enmarcada en la Constitución, una que genere un andamiaje político plural e incluyente, un sistema electoral y un Congreso que nos represente a todos y no solo a unos pocos. No solo invitamos a la recuperación de aquello que da sentido a la vida en comunidad, sino a una revolución política –pacífica– enmarcada en la Constitución.

Arreciar la exigencia

Diario La Hora - jun 1, 2015

En la lucha para romper el modelo de corrupción que caracteriza al Estado no cabe sino incrementar al máximo la exigencia para que se investiguen todos aquellos casos en los que hay sospechas de malos manejos. Hay que decir que los avances obtenidos hasta hoy, en el campo del Ministerio Público, corresponden a la Fiscalía contra la Impunidad que trabaja junto a la CICIG; pero hay una fiscalía específica, la Fiscalía contra la Corrupción, que literalmente ni huele ni hiede porque desde su creación fue como la Contraloría de Cuentas, es decir, un instrumento para taparle el ojo al macho.

La lista es inmensa porque se puede afirmar que en cada negocio del Estado hay algo de corrupción y extraña, por ejemplo, que no se haga nada para esclarecer la compra de medicamentos que es, junto a los contratos de obras públicas, de las más viejas formas de robarle al pueblo de Guatemala. Es tal la ineptitud que el que fuera ministro de Comunicaciones al final del gobierno de Colom no sólo es ahora financista, sino hasta candidato luego de haber sido el culpable de generar la inmoral e ilegal deuda flotante de ese período que alcanzó sumas multimillonarias.

Los negocios turbios en la compra de medicamentos son de antología y nadie dice nada, como no se investiga ni se hace nada con relación a los negocios realizados a lo largo de muchos gobiernos en la cartera de Energía y Minas, que sin mucha bulla es una fábrica de millonarios porque allí se cocinan negocios muy jugosos.

Los guatemaltecos tenemos que ser extremadamente exigentes ahora para forzar a que se hagan las investigaciones y para que se puedan iniciar procesos que culminen no sólo en la cárcel sino en la extinción de dominio para que los pícaros devuelvan lo que se han robado. Y es cierto que en algunos casos ya prescribió la acción penal, pero al menos tiene que surgir la vindicta pública con un rechazo abierto y rotundo a todos los ladrones.

Y tenemos que estar además muy atentos y dispuestos porque los pícaros están apostando a que seremos nada más llamarada de tusa y que en poco tiempo se va a ir diluyendo el interés de la gente por impulsar los cambios que se necesitan. Pero luego de tomar conciencia de lo mal que estamos, de lo bajo que como país hemos caído por la corrupción, sería un crimen de lesa patria dejar tirado el entusiasmo por luchar para cambiar las cosas y para forzar a que se acabe, de una vez por todas, esa sucia impunidad.