Cuando en junio de 2005 el Ministro de Economía y Finanzas Cr. Danilo Astori firmó el acuerdo con el FMI, se fijó como meta la reducción de la inflación, que en ese momento era del 6% anual, al 3.5% en 2008. El comunicado de prensa del Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó que “La política monetaria continuará centrada en `base money targeting¨ en el contexto de un régimen de tipo de cambio flexible hasta que las condiciones permitan cambiar a un `inflation targeting framework´¨. Para preparar este cambio, el programa prevé un fortalecimiento de la autonomía y la posición financiera del Banco Central”(IMF Press Release No. 05/136 June 8, 2005).

El programa para el período 2005 – 2008 proyectaba también un crecimiento del PBI al 4%

anual, un aumento de las exportaciones al 9% anual y de las reservas en U$S 1.500 millones al fin del período. La meta de superávit fiscal era del 4% del PBI para reducir la relación

deuda pública – producto del 60% en 2008 al 50% en 2012.

El correr del tiempo demostró que reducir la inflación no era tan fácil ni tan importante. Los probables errores de diagnóstico que generaron una política de estabilización de precios ineficaz se señalaron hace un año y medio y parecen confirmados (Brecha, 08/04/11, p.6).

Transcurrido algo más de siete años del acuerdo la inflación es más del doble de la meta y al mismo tiempo aumentaron por encima de lo proyectado el producto, las exportaciones, las reservas y el empleo. La Argentina es otro ejemplo de la irrelevancia de la estabilización de precios, ya que las cifras oficiales no son creíbles, los ajustes de salarios durante el año en curso se ubicaron entre 20 y 25% lo que indica que la inflación debe ser muy similar, y a pesar de esta incertidumbre sobre la evolución de los precios, crecieron el producto, el empleo y las exportaciones; en particular, en la industria manufacturera destruida por las políticas de Cavallo.

El Banco Central del Uruguay (BCU) fija una banda preanunciando entre que mínimo y que máximo se ubicaría el valor el Índice de Precios al Consumo (IPC) un  año después, pero los resultados durante casi todo el período estuvieron por encima del máximo, lo que tuvo  impactos opuestos sobre el capital y sobre el trabajo. Para el capital, el permanente aumento de la tasa de interés de referencia que también fija el BCU combinado con la colocación de valores públicos en unidades indexadas al IPC, permitió lograr una rentabilidad muy alta, en torno al 10% en dólares. Para el trabajo, obligado a negociar aumentos de salarios en función de una inflación futura que debía ser el centro de la banda el resultado fue un aumento del salario real menor al pactado. Al cabo de un año los salarios se ajustan por la diferencia entre la inflación estimada y la observada, pero sin efecto retroactivo de modo que lo que se perdió durante el año, aumentó la rentabilidad del capital.

Puede ser obvio decir que la economía es una ciencia social, su objeto de estudio está en permanente cambio, obliga a una cuidadosa observación, a la evaluación periódica de las políticas y a su ajuste. Para decirlo de una forma más agradable a los economistas neoclásicos, hay que leer con atención las señales de los mercados. Es imprescindible para no aplicar recetas viejas a problemas nuevos y tratar de entender los cambios que trae el XXI. Puede ser obvio también decir que ya no vivimos en un mundo de precios de commodities estables y escasez de capital, sino que por el contrario se espera una tendencia al alza de los precios y la oferta de capital es abundante y sin oportunidades de colocación.

Los precios de los alimentos que el Uruguay produce, exporta y también consume fueron relativamente estables hasta el 2006 y desde ese momento iniciaron una tendencia ascendente que sólo se interrumpió durante algunos meses del año 2009. Tomando como base el valor promedio de 2006, hasta octubre de 2012 el IPC aumentó un 54.4% y de las doce divisiones que comprende,  los Alimentos y Bebidas No alcohólicas aumentaron 79.7%, sólo fueron superados por los de Educación con 83.3% y le sigue Vivienda con 68.3%. La Educación tiene una baja importancia relativa en la canasta familiar y por lo tanto sus aumentos tienen bajo impacto y en Vivienda hay dos componentes importantes, los alquileres indexados a la URA que aumenta por el menor de los índices de salarios y del IPC, y la electricidad; este último  podría contribuir a la reducción del IPC si se vuelve al plan “dos por uno”,  a un “tres por uno” o se reduce el IVA que pagan los hogares.

Si los precios internacionales de la carne vacuna, los lácteos y el trigo aumentan, la política macroeconómica permite que se transmitan a los precios al consumo. Este impacto se amplifica si aumenta el tipo de cambio, de modo que cuando la cotización del dólar pasó de 20 a 22 pesos se trasladó a los bienes de consumo nacional como importado. Pero cuando la cotización del dólar bajó a 20 pesos, los precios no bajaron dando una señal clara de que los mercados no son de competencia y que ningún vendedor, ya sea el industrial al mayorista, este al minorista o el minorista al consumidor, precisan bajar sus precios cuando bajan sus costos y pueden aumentar sus ganancias sin perder compradores.

El Ministro de Economía y Finanzas Fernando Lorenzo (PhD) reconoció en forma implícita este funcionamiento cuando estableció que para que los consumidores recibieran la reducción del 2% de la tasa máxima del IVA debían utilizar tarjeta de crédito o débito, tener una caja de ahorro y el sueldo en un banco, que es lo mismo que decir que no se transmitiría a los consumidores. Sería más sencillo emitir una “Tarjeta DGI” con el número de cédula de identidad,  en cada compra acreditar la devolución del impuesto y al fin de un año si la persona tiene saldo a favor, se le devuelve. Al mismo tiempo se estimula el ahorro, se contrae el circulante y se reduce la demanda futura de crédito.

Aumentar el tipo de cambio es muy sencillo, sólo depende de una decisión del Presidente del BCU Cr. Mario Bergara (PhD) y ya que si el BCU compra dólares a 23 pesos, esa va a ser la cotización. Como se sabe, un tipo de cambio más alto estimula las exportaciones, la producción y el empleo industrial, desestimula las importaciones, favorece el ingreso de turistas, mejora el saldo en cuenta corriente y ayuda a reducir la deuda externa. Pero se requiere cambiar la política macroeconómica de modo que los aumentos no se trasladen a los precios al consumo. El Cr. Juan Eduardo Azzini en Uruguay y Roberto Lavagna en Argentina lo hicieron con impuestos a las exportaciones y subsidios a bienes de consumo popular.

Un paso más con un enfoque de tránsito hacia el socialismo sería la creación de empresas que operen en el centro de las cadenas con un esquema similar al que se proyecta para PLUNA, propiedad estatal de los medios de producción y gestión participativa. Se lograría con un frigorífico, un molino de trigo y una planta para envasar frutas y vegetales; la gestión estaría a cargo de un directorio integrado por representantes de los proveedores de la materia prima, los trabajadores, el comercio minorista y el Estado. Regularían los precios articulando intereses contradictorios y deberían tener prioridad en las compras públicas, desde los hospitales de ASSE hasta las cárceles.

El Ministro Lorenzo tuvo que recurrir a un procedimiento considerado heterodoxo como negociar la reducción de los precios de algunos bienes y la congelación de otros. El procedimiento es muy parecido al que utiliza el Sr. Guillermo Moreno en la Argentina.

Es imposible saber el tono de la exposición del Ministro ¿rogó, pidió, sugirió, recomendó, exigió, amenazó? Es más fácil hipotetizar sobre su argumentación tan convincente como exitosa, los precios aumentaron con la cotización del dólar lo que no fue sucedido por el descenso de los primeros cuando lo hizo la segunda. Tuvo más éxito que el instrumental monetario como el aumento de la tasa de interés o el control de la oferta monetaria. Persevere.